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David Gómez-Gamboa, director de Aula Abierta “Para recuperar las universidades hay que partir del reconocimiento de los derechos humanos”

Abogado y profesor universitario de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la Universidad del Zulia, en 2002 cuando regresó de estudiar un posgrado en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid decidió iniciar sus pasos en el activismo. Inicialmente trabajó en la organización de eventos, cursos, congresos y otras actividades en las universidades. Es autor de libros y publicaciones en derechos humanos. “Es un trabajo muy bonito poder combinar la academia con el activismo”

¿Cuál es la situación actual de las universidades respecto a los derechos académicos y la autonomía?

Hay que decir que en Venezuela enfrentamos una política de Estado contra la universidad y contra las y los universitarios críticos. Es una política de que se evidencia cuando revisamos, por ejemplo, el Plan de la Patria, que de alguna manera condiciona la actividad universitaria a la conformación del socialismo del siglo XXI. De hecho, el Plan Socialista de la Nación, el Plan de la Patria, el anterior y el actual o, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación fundamentalmente tienen normas que de alguna manera propician la intervención de las universidades. O la ley contra el fascismo, que promete amenazar el pensamiento crítico y perseguirlo. Obviamente, los universitarios podrían ser blanco de represalias, justamente por esto.

Pero hay también prácticas que se pueden evidenciar en el marco de esa política de Estado, según las cuales a las universidades se les asfixia presupuestariamente. En los últimos 10 años, prácticamente ininterrumpidos, ha habido un déficit presupuestario de más de 80% e incluso casos gravísimos de déficit presupuestario de 99%, porque solo se les asigna 1% del presupuesto con el que deben operar. Es decir, no tienen presupuesto porque bien sea 1%, 2% o 5% obviamente no permite desarrollar actividades de investigación, docencia, extensión, no permite adecuar, mantener, acondicionar una infraestructura mínima. Nosotros en Aula Abierta hemos producido informes, sobre la situación de las bibliotecas y los laboratorios en las universidades, por ejemplo, que reflejan datos muy graves como que la mayoría de estos espacios lamentablemente están cerrados porque las universidades no tienen presupuesto dispuesto para mantenerlos abiertos.

Otra práctica es, por ejemplo, la intervención en actividades y competencias propias de las universidades, lo cual es una violación a la autonomía administrativa que se suma a la financiera. Desde aproximadamente 2010 hemos contabilizado más de 50 decisiones que intervienen en asuntos de la competencia de las universidades. Los casos más recientes de elecciones suspendidas por parte del Poder Judicial. La criminalización de la protesta ha sido otra práctica. Por ejemplo, la Misión de Determinación de Hechos, en sus informes de 2020 y 2021, documentaron casos de víctimas de distintas actuaciones por parte del Estado, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, desapariciones forzadas, violencia sexual, entre otras. Y resulta que de los casos documentados aproximadamente 50% correspondían fundamentalmente a estudiantes universitarios. La criminalización de la protesta ha sido, sin duda alguna, una práctica terrible y es parte de los casos que investiga, la Corte Penal Internacional en el marco de sus competencias.

¿Cuáles son los mayores desafíos que afrontan las organizaciones defensoras de los derechos académicos en Venezuela actualmente?

Hay muchos desafíos, pero, sin duda, vale la pena recordar que enfrentamos una política de Estado también de reducción del espacio cívico que fundamentalmente se evidencia en ver a quienes hacemos la labor de documentación, monitoreo en materia de derechos humanos como una especie de enemigos del gobierno, porque obviamente puede ser molesto monitorear y producir informes y además hacer acciones de incidencia internacional en relación a lo que hace un gobierno autoritario. En ese contexto, hay muchísimos desafíos, desde la persecución, represalias, desde el cierre, desde el estrangulamiento, desde el punto de vista administrativo, económico, etcétera.

El tejido de los miembros de la comunidad académica, de alguna manera, está muy debilitado. La deserción estudiantil ha sido muy alta en los últimos años. La deserción profesoral también es muy alta, porque lamentablemente a un profesor universitario que tiene un salario de extrema pobreza le toca sobrevivir no con el sueldo de la universidad, que probablemente oscila entre 15 y 18 dólares al mes, sino que tiene que apartarse de las labores académicas para trabajar en otras cosas. Entonces, hacer un trabajo en este contexto es difícil porque los universitarios son sujetos que cuando son críticos presentan una situación de riesgo y de especial vulnerabilidad en contextos autoritarios, así como los periodistas, por ejemplo. De allí que los universitarios requieren protección especial, sobre todo porque debemos entender que sin universidades no hay democracia. Cuando se viola la libertad académica y los derechos humanos de las y los universitarios que se relacionan con otros derechos, como la libertad de asociación, libertad de expresión, derecho a la educación, se viola la democracia porque las sociedades quedan oscuras al no tener la posibilidad de acceder al conocimiento científico y al pensamiento crítico.

¿Cómo ha afectado a las universidades el cierre del espacio cívico y la persecución?

Al tener como política de Estado la reducción del espacio cívico con normativas que impiden la libertad de asociación que pretenden impedir el financiamiento a las organizaciones o que incluso las puedan tildar de fascistas y, en consecuencia, perseguirlas, obviamente se restringe la posibilidad de actuación en relación al trabajo que hacen. Pero en particular las organizaciones que defendemos los derechos de las y los universitarios, el profesorado y el estudiantado afrontamos unas universidades debilitadas en una crisis muy profunda que responde a esa política de Estado de asfixiarlas.

 

¿Por qué la necesidad de elevar a instancias internacionales la situación de las universidades venezolanas?

Por lo que comentaba anteriormente, sin universidades no hay democracia. El mejor ejemplo que puedo dar es cuando vimos en 2020 cómo la Academia de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales luego de producir un informe científico en el que hacía proyecciones del posible aumento de casos de COVID en el país inmediatamente fue objeto de amenaza con aplicarle la Operación Tun-tún. ¿Qué significa eso? Que los académicos son víctimas de la violación a la libertad académica, tienen miedo a sufrir represalias por la producción de conocimiento científico y por la difusión de un informe. Pero es la sociedad misma que pierde y ahí vemos la vinculación de la libertad académica con, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a estar informado. La sociedad queda a oscuras cuando los científicos no pueden compartir públicamente con ella el producto de sus investigaciones. Entonces, es muy importante entender que sin universidades no hay democracia ni desarrollo posible. En consecuencia, las violaciones al derecho humano a la libertad académica es necesario denunciarlas no solo internamente, sino también en el plano internacional, porque además los órganos internacionales, poco a poco, han ido entendiendo el valor de ese derecho humano. Por ejemplo, esta semana la relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho de la Educación publicó un informe sobre libertad académica y derecho a la educación. Eso se hace gracias al trabajo de denuncia y monitoreo que se realiza desde la sociedad civil, las universidades, los centros de derechos humanos.

Aula Abierta, por ejemplo, ha participado en distintas audiencias frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera fue en 2017 y a partir de ahí hemos participado en varias. Y vale la pena destacar quizá como la más importante cuando la CIDH nos dio la oportunidad de hablar de la temática de la libertad académica a nivel continental en una audiencia regional que se celebró en febrero del año 2019; allí la Comisión Interamericana entendió la problemática de la libertad académica en el continente y se comprometió a crear estándares; de hecho, los principios interamericanos aprobados en diciembre de 2021 son la consecuencia de todo ese trabajo tan importante.

De haber una transición política en Venezuela ¿por dónde se debería abordar inicialmente la situación de las universidades para su recuperación?

Básicamente, por entender que las universidades y las y los universitarios deben ser reconocidos en el respeto a sus derechos humanos. La libertad académica como derecho humano vinculada a otros derechos como la libertad de expresión, derecho a la educación, libertad de asociación para que se hagan elecciones, etcétera, de manera que ver el tamiz de los derechos humanos permite cualquier cambio normativo universitario, cualquier cambio interno en los reglamentos, cualquier acción dentro de la universidad. Eso hay que entenderlo porque si no puede haber reformas puntuales desvinculadas, desengranadas de lo que debe ser la vida universitaria. Es muy importante que las universidades sean espacios libres de violencia, espacios para la formación, para la educación, para la docencia, la investigación, la extensión. Y, en consecuencia, es muy importante la aprobación de protocolos contra la violencia en las universidades. Las situaciones de violencia de género son muy graves, pero hay también otros tipos de violencia que no deben ocurrir en las universidades. El tema de la discriminación sobre todo en un contexto como el venezolano muy parecido al cubano o al nicaragüense, pero en las universidades controladas directamente por el gobierno nacional, las experimentales, la Bolivariana, por ejemplo, entre otras, es muy importante que se erradiquen prácticas de discriminación política porque las universidades no pueden propender hacia la configuración de un pensamiento único, de una ideologización o adoctrinamiento de los estudiantes o los miembros de la comunidad sino, por el contrario, deben formar para la libertad de las corrientes del pensamiento, tal como lo dice nuestra Constitución en los artículos 102 y 109, fundamentalmente.

¿En qué está enfocada la labor de Aula Abierta actualmente?

Aula Abierta desarrolla cuatro grandes ejes de acción: formación en materia de derechos humanos de los y las universitarias y derechos humanos en general bajo la premisa de que no se pueden defender los derechos que no se conocen. Nuestro público, fundamentalmente, son miembros de las comunidades universitarias, profesorados, estudiantados, personal, pero en general, sociedad civil. El segundo gran eje es la documentación y monitoreo de las violaciones, de las situaciones y de las buenas prácticas también. Documentación que se traduce en generación de alertas, pero también en la producción de informes o material comunicacional, notas de prensa, etcétera. Los informes tienen que ver con el tercer gran eje, que es la incidencia internacional frente a órganos de derechos humanos. Pero la incidencia, además, la concebimos como multinivel, según la cual hay mucho trabajo que hacer para concienciar y para eso las redes y las plataformas comunicacionales son muy útiles. Y el cuarto eje es la promoción de la articulación y construcción de tejido humano, tejido social de las y los universitarios, a través de distintas actividades, iniciativas, para propiciar en estudiantes, a profesores y miembros del personal determinados temas en relación al rescate de la universidad, la realización de lecciones, la conformación de grupos de trabajo, etcétera.

¿En qué año fue creada Aula Abierta y qué motivó su creación?

La historia de la creación de Aula Abierta es muy interesante porque se remonta al contexto de las protestas de 2014 cuando las principales víctimas eran los estudiantes universitarios. Empezamos a documentar esas violaciones, torturas, tratos crueles, violación de la integridad física y psíquica, privaciones ilegítimas de libertad, etcétera. Pero además nos llamaron también mucho la atención que las universidades como tal, los edificios, los campus, estaban siendo afectados por irrupciones, destrucción, irrupciones ilegítimas de las policías o militares, disparos, y con esa información produjimos en aquel entonces un primer informe sobre el estado Zulia. Así nació Aula Abierta. Todavía no estábamos constituidos, nos constituimos un año después; sin embargo, ampliamos ese trabajo de documentación de las situaciones a Mérida y luego a nivel nacional.

Más adelante, en 2018 cuando a los universitarios en Nicaragua los estaban aplastando de una forma casi copiada al carbón de como se había hecho en Venezuela en 2014 y 2017 documentamos esa situación y de allí pasamos a un espectro latinoamericano para la labor de defensa y promoción de los derechos de los y las universitarias. Empezamos con un observatorio en materia de libertad académica en la región, a fortalecer núcleos de trabajo con académicos y con víctimas. Hace unos años, Naciones Unidas nos otorgó el estatus de organización de la sociedad civil y eso nos ha abierto las puertas en esa instancia para participar en diálogos interactivos frente al Consejo de Derecho Humano como sociedad civil, de manera que ha sido un trabajo muy importante. //

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