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En el primer cuatrimestre de 2024 se han cerrado más emisoras de radio en Venezuela que en todo 2023

Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de Espacio Público

Desde hace una década, una joven socióloga y filósofa de la Universidad Central de Venezuela aporta su visión y su enfoque investigativo y analítico a Espacio Público, ONG de la que hoy es su coordinadora del programa de Observatorio Social. Desde sus días de universitaria, en Marysabel Rodríguez se despertó la sensibilidad y el interés en el mundo de las organizaciones de derechos humanos. Al terminar sus estudios ingresó como asistente de investigación en Espacio Público desde allí ha trabajado en temas de libertad de expresión e información y en otras libertades vinculadas al derecho a la asociación y a la manifestación pacífica. Desde 2019 también forma parte del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, donde enfoca su labor en el derecho a la participación

¿Cuáles fueron los principales hallazgos del Informe Anual 2023 de Espacio Público en comparación con el anterior?

En este periodo registramos un total de 204 casos que se traducen en 384 denuncias de violaciones. Para entender esta diferencia numérica, por ejemplo, un caso puede ser la detención de un grupo de periodistas, allí puede haber distintos tipos de violaciones a un derecho. Por ejemplo, la detención en sí misma implica la privación de la libertad; si se les borra material a los periodistas estaríamos hablando de censura. Si hubo algún tipo de violencia física estamos ante agresiones. Entonces, en un mismo caso podríamos estar ante varios tipos de violaciones, eso es lo que principalmente hace la diferencia entre número de casos y de violaciones, Entonces a partir de allí, ¿qué pasó en 2023? En el total de casos hubo una disminución de aproximadamente 10% en relación con el número de situaciones de 2022. Mientras que cuando vemos las denuncias, que fueron 384 en total, hubo una disminución aproximadamente de 18%. ¿Qué significa esto? Que si bien hay una disminución no muy grande esto no quiere decir que efectivamente estemos ante una reducción sustancial de violaciones del ejercicio de la libertad de expresión, pues debemos tener en cuenta que venimos de periodos extraordinarios de alta violencia asociada a distintos escenarios de conflicto desde 2017, 2019, luego en la pandemia hubo un repunte importante en el tipo de restricciones que se dieron al ejercicio del derecho. Y también en 2022 hubo picos elevados, sobre todo con el cierre de emisoras radiales. Entonces, venimos de periodos en los que hubo alta incidencia de casos y, claro, se aprecia una ligera disminución de entre 10%, 18%, lo que no significaría a nivel estructural que hay una mejora de la situación en términos institucionales, pues el patrón de casos y los tipos frecuentes de situaciones se siguen manteniendo, como es la intimidación, la censura, las amenazas, que son las denuncias de violaciones más comunes.

Incluso en el caso de las detenciones, por ejemplo, en el año 2023 tuvimos un total de 28, mientras que en 2022 habíamos registrado 17; es decir, hubo un incremento de 65% de detenciones, y cuando vamos al detalle hay un aumento de violencia física en estos casos de privación de la libertad. Muchas de estas detenciones, al menos una decena de esas 28, estuvieron vinculadas a supuestos delitos de odio, y, además, gran parte de las personas que son víctimas de estas detenciones no son profesionales de la comunicación, si bien hay periodistas o comunicadores que regularmente son amenazados en el ejercicio del derecho estamos viendo desde hace unos años cómo la mayoría de las personas que están siendo víctimas de estas restricciones son, por ejemplo, personas del liderazgo social o que tienen experticias en determinados temas y dan una opinión profesional a través de sus redes sociales, y son amenazadas o incluso perseguidas por emitir opiniones, pero también por difundir información de interés público incluso a través de aplicaciones de mensajería instantánea, específicamente por WhatsApp. Estamos ante una mutación de unos espacios digitales a otros, con una violencia importante, entendiendo que la detención arbitraria no es cualquier tipo de represión, sino que tiene implicaciones sociales, individuales, personales, etcétera.

También se mantienen los bloqueos como un mecanismo recurrente de censura. Y en el caso de los cierres de emisoras, en 2022 fue cuando registramos el pico más alto en estos más de 20 años, pues al menos 80 emisoras fueron cerradas; luego en 2023 la medida fue contra 12, hay una diferencia sustancial, pero teniendo en cuenta que venimos del año con más registros en dos décadas. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de este año 2024 identificamos 13 emisoras cerradas, una más que el total de 2023; es decir, que ya se superó lo que registramos todo el año pasado

Un elemento adicional que vale la pena destacar es el hecho de que en la mayoría de las situaciones de restricciones al ecosistema informativo en Venezuela entra el tema de las fallas de infraestructura en términos de energía eléctrica que afectan no solo el derecho de expresión e información, sino el derecho de comunicación.

Ante el cierre masivo de emisores de radio, que es el medio tradicional con mayor alcance en la población, la gente ha emigrado hacia las redes sociales o plataformas de mensajería para mantenerse informado porque no todos tienen acceso a los portales de noticias, sobre todo en algunas comunidades. ¿Cómo evalúan ustedes este fenómeno?

Sí, de hecho, en una encuesta que realizamos en septiembre de 2022, junto al Centro de Investigaciones de Comunicación de la UCAB le consultamos a la gente cómo accedía a la información y precisamente una de las herramientas más comunes es a través de WhatsApp y eso significa que efectivamente a pesar de las restricciones o, mejor dicho, como consecuencia de esas limitaciones impuestas al ecosistema de medios tradicionales, la población sigue informada. Pero como en todo hay ventajas y desventajas de la comunicación a través de WhatsApp, por un lado, se pueden eludir algunas de estas restricciones y limitaciones pasando información por estas vías, pero al mismo tiempo son canales por donde abunda la desinformación. Entonces, son como dos caras de una misma moneda, es el recurso que la gente ha encontrado para pasar información y es bastante funcional, pero a su vez tiene una serie de riesgos porque la desinformación está básicamente sin límites. De todas maneras, ese traslado a esos espacios es consecuencia de las restricciones en el ecosistema tradicional y también la facilidad en términos distribución de información que no responde a este control jerárquico donde Conatel tiene un peso relevante y eso es una ventaja en nuestro caso, justamente porque permite descentralizar el acceso, la distribución y la difusión de contenidos. Entonces, esa versatilidad, esa horizontalidad de la red, es lo que nos permite eludir buena parte del control estatal.

Ante un año electoral se abre la posibilidad de cambios en la conducción del país. En caso de ocurrir, ¿cómo sería el proceso para que los medios tradicionales e incluso los digitales bloqueados pudieran recuperar el espacio perdido?

Hay cosas que pueden variar estructuralmente en el corto plazo, y otras que son más a mediano plazo y a largo plazo. Por ejemplo, algo que podría ser de inmediato si hay voluntad política de hacerlo es el levantamiento de bloqueos a medios digitales porque sencillamente se trata de hacerlo desde la operadora pública principal, que es la que lidera los bloqueos. Entonces, eso es algo que se podría hacer en el cortísimo plazo. Hay otras cosas que son más estructurales y la lógica operativa es más demandante. Por ejemplo, en el caso de emisoras radiales hay que ver en detalle también lo que ha pasado con ellas porque hay un universo de situaciones. Por ejemplo, algunas emisoras cambiaron de propiedad, otras cerraron definitivamente y en muchas hubo confiscación de equipos, en esos casos habría un proceso de reconfiguración en términos de operatividad que probablemente demande tiempo. Y el gran problema con el tema radial y de las concesiones en Venezuela es que hay un vacío en términos administrativos porque la política de no actualizar o no mantener al día la documentación de las emisoras es parte de una política de Estado. Entonces, habría que actualizar de manera genuina y efectiva la situación jurídica y administrativa de las emisoras, de manera que efectivamente se reciba la documentación en los casos en los que se ha demandado durante años las actualizaciones y que se les ha negado. Eso ya sería una política más a mediano plazo, y luego en los casos en los que el Estado tenga que asistir directamente con restitución de equipos o recuperación de equipos es un proceso operativo que puede llevarse tiempo. Pero depende, por supuesto, de si hay voluntad política clara en revertir ese daño, por supuesto. Y en el caso de los medios impresos también hay toda una situación operativa que ha cambiado. Muchos cerraron definitivamente, otros los propietarios decidieron convertirlos en otro tipo de empresas. Entonces, esa restitución llevaría mucho más tiempo.

¿Cuál es la cifra que manejan de medios afectados en estos más de 20 años?

Al menos 430 medios desde 2003 afectados por estas políticas.

¿Y cómo avizoran el segundo semestre de 2024 en cuanto al ejercicio de los derechos a la información y expresión teniendo en cuenta el contexto electoral?

Entendiendo que buena parte de lo que hemos visto en el primer cuatrimestre es que se han intensificado algunas dinámicas de violencia institucional e incluso de detenciones, y teniendo en cuenta que históricamente en procesos electorales tienden a aumentar los niveles de violencia mientras más nos acercamos al evento electoral, lamentablemente no vemos variaciones estructurales o cambios drásticos en políticas y en prácticas estatales para que esa situación sea distinta a la de otros años.

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