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Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, preso político excarcelado “La prisión de mi esposo es la prisión de la familia”

534 días preso sin entender los motivos. La única explicación que el activista gremial y docente Alcides Bracho y su familia tuvieron es que un patriota cooperante lo denunció porque supuestamente estaba orquestando actos de conspiración en contra del gobierno. Lo supieron durante el juicio, porque es lo que aparece en el expediente, ya que durante su detención el 4 de julio de 2022 no hubo orden de captura que justificara las razones de su privativa de libertad. Ese día estaba cuidando a sus dos hijos y a una sobrina cuando un contingente de policías portando armas largas irrumpió abruptamente en su casa y se lo llevó, dejando solos a los niños.

Como es costumbre en este tipo de procedimientos también cargaron con prendas y otros objetos de valor, así como el teléfono con lo cual fue muy difícil para los niños informar a su mamá o algún familiar lo que acababa de ocurrir. Para llegar a la casa donde vive esta familia en El Junquito es necesario recorrer un largo trecho de carretera sin asfaltar, luego acceder a una zona empinada de casas protegidas con portón eléctrico. Hasta ese lugar alejado y apacible, rodeado de frondosa vegetación con casi nula señal de internet y débil cobertura telefónica llegaron muy temprano los uniformados a llevarse a Bracho, quien además es artista plástico.

Ante lo inexplicable de la situación, pensaron que tal vez lo habían detenido, tardíamente, por su participación activa en las marchas antigubernamentales en las que vio oportunidad de reclamar mejoras salariales y contractuales para los docentes. Yorbelis Oropeza, esposa de Bracho, afirma que en los días previos a la detención él no había participado en movimientos de calle con la Federación Venezolana de Maestros (FVM) con la cual hace activismo por los derechos laborales, tampoco en acciones partidistas con Bandera Roja, organización política de la cual forma parte. Se sorprendieron cuando los anuncios oficiales lo vincularon con otros activistas sociales y gremiales que fueron detenidos días posteriores, pues aunque a algunos los conoce había pasado mucho tiempo sin verlos ni comunicarse con ellos.

Durante las primeras 48 horas de detención estuvo esposado en una celda de XXX (lugar), lo privaron de agua, alimentos y del sueño; luego fue trasladado a una celda denominada “el tigrito”, que es de “adaptación”, donde estaban hacinados aproximadamente 40 presos comunes en un espacio de 6 metros cuadrados en medio de un calor sofocante sin posibilidades de sentarse ni de dormir. Allí estuvo unos días, recibió golpizas porque alguien lo confundió con un policía. Finalmente, se logró que fuese transferido a otra celda de la Zona 7 de la PNB.

El juicio se desarrolló sin pruebas en su contra, los “vínculos” los establecieron a partir de los contactos telefónicos, explica Yorbelis Oropeza, también profesora, con un gran peso sobre sus hombros pues repentinamente se vio obligada a asumir las cargas económicas familiares tras el arresto de su esposo con su sueldo de docente, así como los gastos que implica en Venezuela mantener a una persona presa –entre $500 y $600 mensuales–; además de la fortaleza espiritual para impedir que el núcleo familiar se desplomara.

El patriota cooperante que delató el supuesto plan de conspiración –único testigo en el caso– nunca se presentó a las audiencias del juicio, aún así tanto Bracho como los otros sindicalistas: Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Emilio Negrín fueron declarados culpables de los delitos de conspiración y asociación para delinquir, y recibieron una condena de 16 años por parte de la jueza Grendy Duque Carvajal, titular del Tribunal 2° de Juicio con competencia en terrorismo.  

“Durante todo ese tiempo, desde el 4 de julio de 2022 hasta el 20 de diciembre de 2023, mi vida giró alrededor de la prisión de mi esposo; pese a lo difícil de la situación en la familia tomamos como lema de vida: ‘que la tristeza, aunque esté presente, no nos gane’, y pese a los esfuerzos que había que hacer tratábamos de buscar espacios y formas para mantenernos fuertes y estar en paz. Mi esposo en la prisión dio talleres como maestro a presos comunes, contamos con la bondad de mucha gente dentro y fuera de la prisión. Fue muy difícil, pero decidimos afrontarlo con entereza”, dice Yorbelis Oropeza, una mujer que destila optimismo y tiene una sonrisa estampada en su rostro pese a la prueba de fuego que afrontó y que a diario debe lidiar con grandes precariedades estructurales en la casa donde viven a la que no llega el gas doméstico ni una de las fases de luz eléctrica, lo cual hace cuesta arriba actividades tan básicas como cocinar o que sus hijos puedan ver TV; además, debe hacer magia para rendir sus escasos ingresos.

“Mis hijos todo el tiempo estuvieron claros en que su papá estaba secuestrado injustamente; la niña –que es la más grande– fue la más afectada y tuvo episodios de ansiedad. Pero ellos sabían que su papá no había hecho más nada que ser un hombre que protesta por los derechos laborales y por lo tanto estábamos orgullosos de él, de contar con un hombre que a pesar de todo seguía luchando y denunciando”.

Luego de 11 meses fue trasladado a la sede de la PNB en La Yaguara donde estuvo hasta el momento de su excarcelación. De su tiempo en prisión le quedaron hernias discales.

Alcides Bracho fue excarcelado el 20 de diciembre de 2023 junto con los demás sindicalistas presos como parte de las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para la liberación de Alex Saab. Aun así, no es un hombre completamente libre, pues tiene que cumplir las condiciones que le impuso el tribunal como parte de las medidas cautelares: presentación cada 15 días ante el juzgado en Caracas, prohibición de declarar sobre su caso, prohibición de salida del país. La condena sigue allí, como una amenaza latente.

“Aún estamos presos porque la prisión de mi esposo es la prisión de la familia, pero estamos fortalecidos y unidos. Esta situación deja secuelas, puede que no sean tan visibles, pero las deja, uno busca mecanismos para sanar; además que no es fácil vivir en incertidumbre por tener la libertad restringida”.

Aunque Yorbelis se define como una luchadora social, el tiempo de prisión de su esposo la acercó más al mundo de los derechos humanos y descubrió su interés por formar parte de esa forma de activismo. “Me cambió mi forma de ver lo que ocurre en el país, no solo la situación de quienes están en prisión por motivos políticos sino de tanta gente que sufre a diario. Soy una ciudadana que ahora tiene una conciencia distinta del país donde vive. Denunciar es la única forma que tienen las víctimas de defenderse, hay tanta impunidad que la única defensa para visibilizar lo que ocurre es denunciando. Somos activistas por naturaleza, y queremos dedicarnos al activismo en derechos humanos”.

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