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Deborah Van Berkel: “La ley contra el fascismo es parte del proceso que avanza para tener un control total de la sociedad”

Tras décadas dedicada a la defensa de los derechos humanos desde diversos espacios, esta educadora especializada en participación ciudadana y fortalecimiento de organizaciones civiles reconoce los grandes desafíos que afronta la sociedad venezolana ante el contexto electoral actual que se extiende hasta 2025 cuando se renovará la representación del Poder Legislativo y de los mandatos regionales y municipales. De allí identifica la ola represiva que incluye proyectos legales como la ley contra el fascismo y la ley de financiamiento y fiscalización de las ONG que surgen como mecanismos de amedrentamiento a formas de expresión que promuevan cambios en el poder. Desde la iniciativa Ideas para la Democracia, Deborah Van Berkel contribuye en la reflexión, análisis y construcción de escenarios para fortalecer la democracia no sólo en Venezuela, sino en otros países de la región

En su primera lectura a lo que se conoce hasta ahora del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares, ¿cómo lo evalúa?

Esta ley, llamada ley antifascismo, es parte de una arquitectura que se viene construyendo desde el poder para afianzarse a partir de una estructura legal que le permita tomar decisiones con un viso formal y desde las instituciones que controla. Entonces, esta ley entra a formar parte de ese conjunto de instrumentos que sirven para el propósito de seguir ejerciendo posiciones desde la institucionalidad pública y controlar a la sociedad. Es decir, evitar que algún conjunto de organizaciones, ciudadanos o expresiones libres de la sociedad busquen un cambio, una democratización, una nueva forma de encarar la política en Venezuela. Entonces, esta ley es parte de esa arquitectura, de ese esfuerzo por darle una base legal a las acciones desde el poder. Lo vemos conjuntamente con la Ley contra el Odio, por ejemplo, o también los proyectos de ley de antisociedad, como la hemos llamado, que busca regular de una manera mucho más fuerte el derecho a la asociación y la labor de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Así que esto es parte de ese proceso que avanza para, justamente, de tener un control total de la sociedad.

¿Considera acertados los términos a los que se recurre para lo que se pretende legislar?

No, realmente hay una interpretación muy discrecional y ajustada a los intereses de lo que sería una lucha contra el fascismo. En Venezuela no tenemos expresiones que puedan ser identificadas como grupos fascistas o neofascistas. Utilizar ese término es un propósito directo para estigmatizar y discriminar cualquier organización o expresión libre de la sociedad que reclame derechos, exprese descontento, exija cualquier cambio en el país y hacerlo ver como acciones que están fuera de ley, como acciones que son expresiones de odio, que van contra el sistema. Es una manera, justamente, de evitar que haya cualquier posibilidad de estructurar un movimiento social para el cambio y una forma de asegurar que el grupo en el poder pueda seguir ejerciendo.

En caso de ser aprobada ¿quiénes pudieran ser los más afectados con la aplicación de esta ley?

Tal como está definido ese proyecto cualquier organización, cualquier persona, cualquier actor en la sociedad venezolana puede ser sujeto de esa ley. La visión que existe en el grupo en el poder es de relaciones entre amigo y enemigo. O sea, quien es definido como enemigo puede ser sujeto de esta ley. Por ejemplo, una organización que se identifica por sus acciones de protesta puede ser calificada como fascista y puede ser objeto de multas, pueden ser sujeto de una acción penal y sus miembros ser condenados a la cárcel; también pueden eliminar de manera express a cualquier organización, aun cuando tenga un registro formal en el país, y también limita la actuación de organizaciones internacionales que hacen vida en Venezuela. Es decir, esta ley no solo va contra las organizaciones o los ciudadanos venezolanos, sino sobre toda organización o cooperación internacional, por ejemplo, organizaciones de la sociedad que tienen cooperación para el ejercicio de la defensa de derechos o para el desarrollo de proyectos en el ámbito social pueden verse afectadas si se considera que esas acciones entran en la identificación de lo que esta ley define como fascismo, neofascismo o expresiones similares.

Uno de los problemas de la ley es su ambigüedad. O sea, puede estar sujeta a las interpretaciones de quién la aplica. Entonces, no hay una certeza para ciudadanos, organizaciones, actores, de qué es lo que va a ser penalizado porque la ley no es clara, o por lo menos lo que conocemos del proyecto, porque formalmente tenemos una dificultad con el acceso a la información pública y eso es una limitante para ejercer el derecho a la participación, porque justamente la información es la base para la participación y para hacer análisis, contrapropuestas o apoyar u oponerse a este tipo de instrumentos legales. Esta ley habla de convivencia pacífica, tolerancia, democracia, derechos, y usa ese lenguaje y esos términos, justamente para ir en contra de ellos. Entonces, es una ley que hay que ver con mucha preocupación porque quien no tenga una idea de estas nociones en una primera lectura puede creer que hay una intencionalidad realmente de ir contra expresiones de odio o de discriminación en la sociedad, y es lo contrario.

Llama la atención que se presentó este nuevo proyecto de ley mientras sigue en el Legislativo la denominada ley de antisociedad que cada cierto tiempo sale a relucir, aunque no se han tomado decisiones sobre ella

Bueno, tenemos la Ley del Odio que se ha aplicado y hay personas detenidas por esa ley. Con otras ha habido un trabajo articulado y de defensa de derechos importantes en Venezuela, una vocería muy fuerte contra esos proyectos que han limitado la posibilidad de una aprobación express y una comunidad internacional que también ha presionado y planteado lo antidemocrático y antiderechos de estos proyectos que ha retrasado su aprobación. Pero también, eso está en el marco del juego político; es decir, son herramientas que se tienen para amenazar, para amedrentar. Con el solo hecho de tener el proyecto se genera un proceso de inhibición en actores en la sociedad, causa una preocupación en las personas para actuar, porque ya de por sí muchas de esas acciones se han ejecutado sin tener la ley, de allí que hemos tenido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, criminalización de la actuación política, eliminación por la vía de la intervención judicial de los partidos políticos, inhabilitaciones políticas… Entonces, la ley sirve para el amedrentamiento y para la inhibición de actores en el contexto nacional e internacional, pero también como herramienta para la negociación, así que tiene ese doble propósito.

¿Está de acuerdo con quienes opinan que esta ley es más restrictiva y peligrosa que la ley antisociedad?

Absolutamente. Aquí vemos un escalamiento de las posiciones del poder porque está en un momento en que se siente amenazado con el escenario electoral. Estas leyes hay que leerlas en los momentos en que surgen, y las próximas elecciones ponen en riesgo al gobierno, por lo cual ha desarrollado un conjunto de iniciativas que buscan ir limitando las capacidades para que las elecciones tengan un resultado distinto al que ellos esperan. Entonces, digamos que esta ley, en específico, tiene un sentido inhibitorio para la sociedad, pero también es una amenaza directa para los actores que aún se esfuerzan por la defensa de derechos, por el ejercicio de los derechos civiles y políticos y por la posibilidad de una unidad nacional para el cambio. Entonces, basado en una visión de relaciones sociales y políticas desde la perspectiva del amigo o del enemigo el gobierno desarrolla una guerra contra los actores que considera que lo pueden sacar del poder. Y esa definición de actores se ha ampliado, ya no son solo los miembros de las organizaciones político-partidistas, sino todas aquellas expresiones organizadas o con capacidad de incidencia que estén en la sociedad venezolana o en el campo internacional. Hay una visión totalitaria de la vida; es decir, su visión del ejercicio del poder es el control absoluto y eso significa tener herramientas como esta ley.

Tras la reciente visita del fiscal Karim Khan para inaugurar oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas surgieron confusiones en los medios de comunicación y la opinión pública respecto a que la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela iba a quedar en suspensomientras el sistema de justicia nacional continúa sus investigaciones internas. ¿Podría aclarar este punto?

Sí. Eso fue un tema de mucha reflexión e intercambio entre las organizaciones defensoras y entre actores que hacen seguimiento a estos procesos, porque es importante aclarar que la investigación que se desarrolla en la Corte Penal Internacional continúa y esa decisión es firme. La presencia del fiscal obedece a una política de su oficina de establecer cooperación técnica con los países para mejorar la capacidad de cumplimiento, pero eso no significa que el proceso no continúe en la Corte. Y eso tiene que estar claro en el país y en las víctimas. Más bien es positivo que tengamos esa oficina porque va a hacer un seguimiento sobre la institucionalidad en Venezuela. Está muy claro el no cumplimiento del país en los procesos de investigación interna y por eso continúa el caso en la Corte, así que esta oficina en el país va a poder llevar una vigilancia directa de cómo se están dando los procesos y eso nos parece muy importante. En todo caso, es importante tener en cuenta que los procesos en la Corte Penal Internacional son lentos, no son de un día para otro.

¿Ante el recrudecimiento de la represión en medio del contexto electoral hacia dónde considera que se debe enfocar la mirada internacional?

Creo que es un momento clave para Venezuela y la comunidad internacional también lo entiende así. Digamos que una noticia positiva es que el gobierno aceptó el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos al país que fue expulsada hace dos meses. Eso permite tener una mayor capacidad en el terreno de esa oficina y muestra la importancia de las organizaciones internacionales en su seguimiento y vigilancia al caso Venezuela. De la comunidad internacional también es importante resaltar el impacto que tuvieron las declaraciones de los presidentes Lula y Petro; el primero especialmente reconociendo a la oposición venezolana y el proceso que ha estado dando de construcción de una alternativa de unidad para las elecciones. Eso es un mensaje importante porque evidencia que hay líneas rojas, que hay límites en la forma como se desarrolla el juego político, esas declaraciones son muy importantes porque crean contención y ayudan a que el marco para la lucha por la democracia se entienda como un derecho y tenga mejores condiciones dentro de las expectativas de cambio que tiene muchísima gente dentro y fuera de Venezuela. Un cambio que esperamos que sea en paz, democrático y por la vía electoral. Y eso es muy importante plantearlo. La ruta electoral permite la participación de una ciudadanía que manifiesta su convicción de participación y de tener parte en los procesos de cambio en Venezuela.

¿En qué se enfoca la labor de Ideas por la Democracia?

Ideas por la Democracia es una iniciativa que busca generar en la sociedad capacidad para el análisis, la construcción de ideas, propuestas y para llevar esas ideas a procesos de incidencia ante actores y espacios que puedan permitir un avance hacia la democracia. ¿Y cómo fortalecer la democracia? Desde una acción cívica. En ese sentido venimos trabajando en la construcción de escenarios, de análisis de esos escenarios y de estrategias concertadas de distintos actores de la sociedad para procesos de incidencia.

¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora?

Hemos trabajado fundamentalmente con organizaciones y colegas del mundo de sociedad civil y con actores institucionales y políticos en mecanismos de conversación, análisis y de presentación de ideas y propuestas desde la reflexión. La idea es cómo articular iniciativas cívicas para el fortalecimiento de la democracia, y quizás lo más novedoso es que este trabajo lo hemos planteado no solo para Venezuela, sino para toda la región. Es decir, en vista de que se ha venido desarrollando una tendencia autoritaria y de gobiernos de distintas tendencias ideológicas que van más allá de los marcos democráticos institucionales en la región latinoamericana. Esa preocupación nos lleva a pensar que no podemos ver el caso Venezuela aislado del contexto regional y mundial, y que esa lucha por la democracia nos une con actores no solo por el caso Venezuela, sino por enfrentar esas tendencias totalitarias en nuestra región y en el mundo. Venimos haciendo un trabajo de análisis de las situaciones. Por ejemplo, en Nicaragua y en El Salvador hemos hecho un análisis de los grupos no estatales, irregulares, de crimen organizado que también son desestabilizadores de la democracia.

En Venezuela vamos a tener mucha dificultad para enfrentar una dinámica de gobernabilidad democrática, no solo entendida con los actores formales ante el poder, sino otros actores que tienen control de territorio, que ejercen acciones que han estado amparadas de los actores del poder y que va a ser muy difícil desmontar y nos va a exigir un esfuerzo muy grande por fortalecer la democracia en un marco institucional de respeto y garantía de derechos humanos.

¿En los escenarios que ustedes se plantean, ante un posible cambio político que abra las puertas a una transición, ¿cómo podría la sociedad en general retomar el ejercicio de sus derechos y libertades tras 25 años de vulneraciones?

Ante un escenario hipotético de cambio político se abren otro conjunto de escenarios y todos son muy delicados. Va a ser un periodo muy difícil para todos los venezolanos, va a haber mucha contención porque muchas de esas necesidades acumuladas no van a poder ser atendidas al día siguiente. Y esa fragilidad en el poder va a ser muy grande. Es importante tener en cuenta que entre el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, y el 10 de enero del año próximo el ejercicio del poder seguirá en manos del Ejecutivo actual, o sea, tendremos un candidato electo que va a estar seis meses sin asumir el poder. Y desde la mirada institucional, la Asamblea Nacional va a seguir en manos del grupo dominante actual, así como el Poder Ciudadano y también, muy importante, el sector militar que va a tener que revisar cuál será su actuación, cómo se va a manejar con la institucionalidad en un eventual proceso de transición.

Va a ser una transición muy difícil, muy complicada y en la que la unidad de todo el ámbito democrático, no solo de los actores político-partidistas, sino de la sociedad en conjunto y los actores internacionales implicará gran articulación, organización, firmeza y defensa de esos derechos de manera muy contundente. En medio de ese escenario se abre una ventana de oportunidades importante para el cambio, y ese cambio tiene que dibujarse desde la visión de la institucionalidad democrática, la gobernabilidad democrática, la garantía de derechos y la justicia. Tenemos que hablar muchísimo entre los ciudadanos, entre las organizaciones, entre todas las fuerzas democráticas, sobre un proceso de transición que implica una responsabilidad y un manejo muy firme de los valores democráticos para que ese proceso no se trunque, para llevarlo a buen término. Entonces, hay que hacer mucho trabajo de articulación, de reflexión. Y por eso, Ideas por la Democracia está trabajando desde esos espacios de discusión, de reflexión con el propósito de tener campañas ciudadanas que permitan apoyar esa convicción democrática que ha expresado el pueblo venezolano con procesos institucionales de defensa de derechos y procesos de justicia y no venganza.

Pero no es solo en torno a las elecciones presidenciales, sino que en 2025 se renueva la representación política en un espacio tan importante como la Asamblea Nacional, y debe ser una acción que garantice derechos y que promueva valores democráticos. O sea, esto que estamos haciendo ahora tiene que fortalecerse y continuar para el próximo año, tener una Asamblea Nacional con un dibujo diferente y con una acción diferente. Y también los poderes regionales. Aquí hay que hacer un ejercicio de práctica del poder compartido. Tenemos muchos años con una perspectiva impuesta de que el poder se ejerce desde un solo centro y que ese centro define la vida de los demás. Entonces hay que hacer un proceso de pedagogía ciudadana, nuevamente entender que una democracia requiere de un ejercicio de poder compartido y un equilibrio en las instituciones para asegurar derechos. Eso tenemos que reaprenderlo los venezolanos y eso va a ser una de las tareas de la transición.

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