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Oscar Murillo, coordinador general de Provea “En Venezuela estamos ante uno de los rostros más feroces del autoritarismo”

Periodista de profesión, nacido en Upata, estado Bolívar, Oscar Murillo se formó por años en temas de derechos humanos con varias organizaciones a partir de una escalada de muertes por terrorismo sindical en su estado cuando se desempeñaba como coordinador en el diario Correo del Caroní, del cual un tiempo después sería su director, así como lo fue también de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB-Guayana. Sus vínculos con Provea se remontan a ese capítulo violento que dejó varias víctimas en los sindicatos de las empresas básicas, pues a partir de allí se dio el acercamiento que lo llevaría ser investigador del área laboral en sus informes y poco a poco fue ocupando otros espacios.

Desde enero de 2024 asumió la coordinación general de la organización en medio de un repunte del asedio al espacio cívico con detenciones de activistas, dirigentes políticos y luchadores sociales y con el riesgo latente de la ley antisociedad que se debate en la Asamblea Nacional. Desde su nuevo cargo busca retomar la reflexión y la discusión en torno a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que han quedado al margen debido a que los esfuerzos se han destinado a trabajar en los desafíos que imponen las amenazas a la labor de las organizaciones dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos

¿Cuáles fueron los aspectos que más llamaron su atención de los informes que recientemente presentaron la Misión de Determinación de Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos?

Cuando uno analiza ambas sesiones, la del diálogo interactivo a propósito de la presentación oral del Alto Comisionado en el cual por cierto participé a nombre de Provea y la Federación Internacional de Derechos Humanos, y al día siguiente la lectura del informe de la Misión, observamos que definitivamente estamos ante la ratificación de que Venezuela atraviesa un déficit importante en materia de derechos humanos con algunos patrones como la persecución política y la represión para callar las voces de la disidencia con elementos de elevado riesgo para los que defienden derechos humanos, no solamente las organizaciones sino que se está castigando la posibilidad de hacer un reclamo por una mejor calidad de vida. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con dirigentes laborales y sindicales detenidos por reclamar salarios, por ende, una situación en la que se incrementan las restricciones severas para el desarrollo y el desempeño de las organizaciones que forman parte del espacio cívico. Y al mismo tiempo esto se agrava en un contexto preelectoral, como hemos dicho en Provea, estamos perdiendo una oportunidad valiosísima para discutir sobre aquellas políticas públicas para revertir la pobreza, la desigualdad y la precariedad de servicios básicos como salud y educación. Entonces, es un cuadro de cuidado. Creo que la respuesta de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos, más allá de aquellos condicionamientos ideológicos que sabemos que existen en estas instancias, es una profunda preocupación por retrocesos importantes en materia de derechos humanos en Venezuela y el cierre progresivo y sistemático del espacio cívico que al final termina obstaculizando y minando la construcción de un tejido social sin el cual no se puede hablar de democracia y de libertades fundamentales.

Seguramente en las organizaciones no se está dando ese debate sobre políticas públicas y planes para superar las dificultades de la población porque desde hace tiempo han estado enfocados a atender contingencias que los afectan directamente

Sí, totalmente. Por ejemplo, es probable que a Provea se le conozca en los últimos años más como una organización que defiende y promueve derechos civiles y políticos en cuanto a participación ciudadana, participación electoral y detenciones arbitrarias, y no necesariamente ese es el mandato de la organización. Provea tiene un mandato de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en los que tenemos muchísimos problemas que no se están discutiendo y, peor aún, están siendo invisibilizados. Entonces, hacemos esfuerzo en estas prioridades situación de persecución y represión, pero evidentemente también conectamos con nuestro mandato. ¿Por qué? Porque en la medida en que se profundiza un sistema que persigue la disidencia eso significa cerrar el espacio de la crítica sin la cual no es posible hablar de progreso, de desarrollo humano y tampoco de sostenibilidad. La realidad es la que no nos permite en Venezuela abordar estos temas que son inherentes al día a día y al mejoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos como, por ejemplo, el salario, las prestaciones y las pensiones.

El ciudadano común siente desesperanza ante estos informes, pues año tras año documentan la grave situación de los derechos humanos que afecta a gran parte de la población, pero no hacen que las cosas cambien ni tienen mayor impacto, más aún viendo la respuesta enfurecida del Estado a través del canciller

Bueno, es el dilema que nos ha acompañado desde el nacimiento de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, porque definitivamente no puedes ponerle una pistola en la cabeza a los gobiernos para que hagan las cosas. Pero pudiéramos verlo al contrario, ¿qué pasaría en el país si no tuviésemos este tipo de supervisión? Vimos la respuesta muy airada del Estado hacia la Misión, pero hacia la Oficina del Alto Comisionado y lo que expresó en el Consejo de Derechos Humanos genera una inquietud, una preocupación en las esferas del poder. Claro, la naturaleza autoritaria que define al gobierno de Nicolás Maduro hace que en algún momento la camiseta de democrático y de cooperación con el organismo de protección no le sirva, se la quite y la rompe, como pasó cuando expulsaron al equipo de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela, un grotesco acto que se pone de espalda a los sistemas de protección. Entonces, se le cae la narrativa de cooperación, de contribución con los sistemas de protección, y eso lo está viendo el mundo y lo están viendo también sus propios aliados y eso también tiene que ver con estos espacios de incidencia internacional. Estamos viendo que hay una preocupación, sí, de diferentes tonos, pero la hay, sobre el desempeño democrático o muy poco democrático del gobierno de Nicolás Maduro que afecta la calidad de vida de los venezolanos.

De manera que ese dilema nos va a acompañar siempre. Uno lo que aspiraría es la posibilidad de tener un gobierno democrático, no necesariamente perfecto, pero democrático que respete los sistemas de protección, que garantice y reconozca sus obligaciones de Estado. Fíjate, nosotros hoy día estamos ante el sistema universal, ¿pero por qué estamos haciendo incidencia en el sistema universal? Porque se cerró el sistema interamericano. Venezuela toda su vida caminó y desarrolló un amplio desempeño en materia de derechos humanos en el sistema interamericano, el cual incluso Venezuela ayudó a construir. Bueno, eso ahora está bloqueado y las organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil organizada, tuvo que aprender a hacer incidencia en el sistema universal. Eso es tan importante en el sentido de que hoy día cuando en el mundo hay conflictos como el de Ucrania, el de Israel y Hamas, Venezuela sigue teniendo un puesto en la agenda, no tan vistoso, tan notorio como años atrás, pero sigue teniendo un puesto importante en las preocupaciones de la comunidad internacional, porque el caso Venezuela genera unas repercusiones importantes, no solamente desde el punto de vista migratorio, sino que hay una situación de vulneración de los derechos humanos que debe ser atendida con prontitud.

Por eso creo que es muy importante que los mandatos de la Misión de Determinación de Hechos y el del Alto Comisionado, que no son excluyentes, son complementarios, sigan teniendo estas actualizaciones orales que son tan necesarias y que al gobierno sí le afectan, diga lo que diga por las redes sociales. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos para que ambos mandatos sean renovados cuando corresponda esa decisión.

El año electoral comenzó con detenciones y persecución que continúan pese a los exhortos y rechazo de organismos internacionales. Todo apunta a que va a ser un año bastante complicado con impacto en los derechos civiles y políticos de aspirantes y electores. ¿Cómo observa usted esto y el gran silencio de las autoridades electorales ante el bloqueo a la inscripción de la candidata con mayor favoritismo entre quienes aspiraban un cambio?

En Venezuela, esto es una opinión muy personal, estamos ante un modelo autoritario y eso hace involucionar la política y la institucionalidad a los peores años del caudillismo. Es decir, lo que hemos estado presenciando en las últimas horas –quizás como nunca en los últimos 25 años– es que estamos ante uno de los rostros más feroces del autoritarismo, este ha sido uno de los capítulos más oscuros del secuestro de la soberanía popular en la historia de Venezuela a manos de un gobierno abiertamente autoritario. Y esto es significativamente impopular. Es decir, ante la posibilidad de perder el poder va a cerrar y va a atropellar, como lo que hemos visto con la persecución, con la represión, con la intolerancia a la crítica, para truncar el sueño mayoritario de los venezolanos de alcanzar la democracia, la libertad y el rescate de la institucionalidad.

Entonces por eso no vemos pronunciamientos del CNE, porque no tenemos un CNE. En la profundización de un modelo autoritario lo que tenemos es una subordinación de todos los poderes al Ejecutivo Nacional. Entonces, no hay una decisión autónoma hoy día en Venezuela de un poder público que no pase por la aprobación, la venia, la aceptación, la autorización del Poder Ejecutivo en manos del presidente Maduro, que también sabemos que forma parte, digamos, de una especie de cúpula dirigente donde participan sectores de la Fuerza Armada, del partido de gobierno, etcétera. Por lo tanto, no vamos a tener estos pronunciamientos esperados. Estamos en una situación con un campo electoral minado en el que te ponen obstáculos cada día, pero eso no significa que la esperanza de cambio desaparezca,
la sociedad venezolana sí sigue siendo muy democrática, aunque la estructura institucional dejó de ser democrática porque fue secuestrada por un proyecto político hegemónico.

¿Cómo podría impactar en la población lo que ha ocurrido tras el aniquilamiento de su expresión durante las primarias de la oposición?

Bueno, efectivamente, cuando se secuestra la soberanía popular, cuando se obstruye el derecho de la ciudadanía a elegir libremente el destino del país lo que están es, por un lado, ratificando que en Venezuela desde hace mucho tiempo estamos ante la extinción de su Estado de Derecho pero al mismo tiempo están erosionando la posibilidad de construir y consolidar un sistema democrático y de derechos basado en la justicia social y el respeto a los derechos humanos. ¿Y eso cómo se traduce? En mejores escuelas, mejores hospitales, una mejor educación, vialidad, saneamiento, agua, menos pasivos ambientales… Es decir, si no resolvemos la crisis institucional se profundiza la crisis socioeconómica. Entonces, nosotros como organización de derechos económicos, sociales y culturales no nos podemos quedar callados ante el abuso. Por eso calificamos de infame el abuso del CNE al impedir la inscripción de una candidata, porque si bien está subordinado al Poder Ejecutivo tiene responsabilidades directas y eso hay que señalarlo sin ningún miedo, sin ningún tabú. Esas personas que están allí, esos cinco rectores, tienen responsabilidad en esta crisis que estamos viendo, que es parte de una crisis general.

En medio de toda esta crisis institucional y de derechos humanos que extiende su impacto en múltiples ámbitos como lo ha explicado, ¿cuáles son las líneas de acción que ocuparán más el trabajo durante este año en Provea?

Entendiendo que estamos en un contexto electoral que va a ser altamente demandante creo que vale la mirada estratégica y mucha reflexión crítica. Nosotros hemos acordado en nuestra reciente planificación que queremos que Provea ilumine –junto con otras organizaciones de derechos humanos con las que tenemos un estrecho vínculo– la realidad venezolana a partir de los derechos humanos. Primero, hay que reconocer nuestro rol como organización de derechos humanos, iluminar la realidad desde esa perspectiva, y nuestro sueño es que las reflexiones en torno a las políticas públicas que no se están discutiendo hoy las proponga Provea a través de sus informes temáticos, su informe anual, las capacitaciones, la formación que hacemos en diversos estados del país, de manera que todas estas conexiones sean insumo para esa reflexión sobre las políticas públicas de mañana.

Eso es nuestro sueño. Ese es el norte este año, pero reconocemos que hay una demanda urgente por el periodo electoral que, como dije, está minado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese contexto? Acompañar la lucha de los venezolanos, así como acompañamos a los jubilados y pensionados en sus protestas, así también hacemos con la gente que reclama y está haciendo un litigio importante en comunidades. Desde esas incidencias locales trataremos, en lo que esté a nuestro alcance, de proponer esas medidas, esas políticas públicas, en materia de derechos económicos, sociales y culturales porque no es un tema que se nos puede quedar rezagado en el tiempo. Estamos ante una economía muy desigual que la hemos llamado nosotros la economía del ‘sálvese quien pueda’, hay mucha discriminación en la distribución de los ingresos, de la riqueza en Venezuela, hay mucha contaminación, hay daños al medio ambiente, hay un daño antropológico alrededor de la actividad extractivista sin ningún tipo de control ni estudio de impacto ambiental, de manera que Provea tiene que acompañar todas esas luchas, estar al lado de las personas que tienen incidencia como actores sociales importantes reclamando derechos, es lo que nos conduce en el camino de la búsqueda hacia la dignidad de las personas, de todas y todos los venezolanos.

Asume usted la coordinación general de Provea en tiempos apremiantes para las organizaciones de derechos humanos con diversas formas de asedio y persecución. ¿Cómo afronta ese desafío?

 Sí, me tocó estrenarme en esta circunstancia, apenas llegando ocurrió lo de Rocío San Miguel, atender ese caso ha sido no solo demandante, sino exigente y de mucha responsabilidad, porque es ella y todo el movimiento de defensores de derechos humanos, sumado la persecución, de represalias a dirigentes laborales en medio del contexto del proyecto de ley contra las ONG aprobado en primera discusión. Asumo eso con mucha convicción. Creo que más allá de lo que pueda desear y que para mí es una ratificación de mis convicciones y de mi proyecto personal de servicio al país, agradezco a mi familia y a los amigos que me acompañan y me apoyan. Provea tiene una historia, recursos humanos y la trayectoria que es la fuerza moral de esta organización para encarar no solo este desafío, sino los retos futuros para seguir siendo una referencia entre las organizaciones sociales en Venezuela y que ahora además apunte a ser una referencia de la reinstitucionalización en Venezuela. Hacia allá apuntamos todos nuestros esfuerzos.

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