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Mario D’Andrea: “El gobierno quiere quitarse el Acuerdo de Barbados del camino porque es una camisa de fuerza desde la perspectiva de derechos humanos”

En solo dos meses transcurridos del año 2024 han sido detenidos defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, gremialistas y ciudadanos comunes críticos a la gestión gubernamental; se han emitido órdenes de detención incluso contra personas que residen fuera del país y se mantiene latente la amenaza de la aprobación de la denominada ley antisociedad en medio de una escalada represiva enmarcada en un año electoral. Desde Civilis Derechos Humanos, ONG con 14 años de fundada, su codirector, el abogado Mario D’Andrea, analiza el contexto actual para la sociedad civil organizada y para la población venezolana en general

El año 2024 inició en Venezuela con una nueva ola de persecución y represión contra gremialistas, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, un amplio abanico de actores de la sociedad civil. ¿Qué lectura tiene ante estos hechos?

Creo que no es posible separar la ola de represión de dos eventos importantísimos, el primero de ellos, las elecciones primarias y el segundo, la consulta del Esequibo. Las primarias demostraron que hay una expectativa de cambio en la población y que aun con las maneras más rudimentarias y con los fallos que pudo haber la gente tiene intención de salir a la calle y expresarse. Y aunque sabemos que la gente ya no protesta como antes por el miedo a la represión, la gente utilizó las primarias para expresarse en todo el país en diversos sectores, desde las clases media y alta que quedan en el país hasta la clase más baja. Pero, al contrario, la gente no salió a expresarse en la consulta por el Esequibo a pesar de que se gastaron miles de dólares en campañas, uso de medios e imprentas, en un país donde no les suben el salario a los funcionarios públicos desde hace mucho tiempo, es una contradicción. Y bueno, ante esos dos hechos el poder entiende que no hay manera, ni con sus mecanismos de control social, de que pueda ganar una elección. ¿Y qué hace en consecuencia? Pues estira el Acuerdo de Barbados hasta el máximo con la intención de que sea la oposición quien lo rompa. Y eso implica generar miedo a través de persecución a actores políticos, actores sociales y defensores de derechos humanos porque espera que eventualmente digan: ok, ya no te voy a seguir poniendo la otra mejilla, sino que me paro de la mesa y me voy. Entonces, creo que está asociado a eso. Y naturalmente está enmarcado en el proyecto de Ley de Fiscalización, de Regularización y Actuación de Organizaciones no Gubernamentales, que implica el cierre del espacio cívico porque no puedes tener unas elecciones que sabes que vas a perder con un espacio cívico activo, tienes que cerrarlo lo máximo para tener algún tipo de posibilidad de enfrentarte a esa elección. Y eso también se ve con el llamado de la Asamblea Nacional a supuestamente consultar a diversos actores, con la oposición a su medida, esencialmente partidos judicializados. Todo esto gira en torno a que 2024 y 2025 son años de elecciones que ponen en riesgo la permanencia en el poder y no se puede ver esa ola represiva sin entender este contexto.

Entonces, ¿cree que el gobierno dirige su persecución a diferentes sectores para mantener el control e inhibir?

Absolutamente, no es casualidad que Tarek William Saab, el fiscal, diga que hay 15 órdenes de arresto por ejecutar, pero no dice contra quiénes, precisamente porque en esa lista puede entrar cualquiera y, claro, eso aumenta el temor y la censura. Y tampoco es casualidad que actores políticos que eran progobierno, como pasó hace poco con Maripili Hernández, digan que ahora tienen miedo, porque actualmente cualquier persona puede encajar en esas 15 órdenes de aprehensión porque están buscando generar ese efecto generalizado de miedo, de censura. Ahorita está en riesgo el poder y (el gobierno) sabe que electoralmente no puede ganar ni dividiendo el voto, entonces, tiene que generar más miedo para que la gente no hable, no salga, no se organice.

¿Cómo pueden los diferentes actores hacerle frente a esto para evitar una sociedad totalmente paralizada y aterrorizada?

Lo primero, entender el contexto es vital y lo segundo es no seguir poniendo la otra mejilla, porque el gobierno está dándonos golpes a través de esta ola represiva y del discurso estigmatizante, esperando que la gente se quede en su casa y que los actores políticos que hacen vida partidista se paren de la mesa, y una prueba de eso es que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo “en 72 horas vamos a tener el calendario electoral” y ya pasó un mes de eso. Es una guerra de micrófonos, una guerra de tratar de seguirle dando cachetadas a los actores políticos para que ellos sean los que se paren de la mesa. Más bien hay que defender es el Acuerdo de Barbados. Creo que la sociedad civil debe empezar a defender ese acuerdo político como un mecanismo válido firmado por las partes que genera obligaciones como un contrato que debe cumplirse a cabalidad. El gobierno quiere quitarse Barbados del camino porque es una camisa de fuerza que tiene desde la perspectiva de los derechos humanos.

¿Cómo evalúa la expulsión de la oficina del Alto Comisionado?

Naturalmente estamos más vulnerables los defensores y las víctimas; sin embargo, recordemos que la Oficina llegó a finales de 2019, todo el trabajo que se ha hecho en 25 años se hizo sin presencia física de la Oficina, así como se ha hecho con la CPI, con los organismos de Naciones Unidas como la Misión de Determinación de Hechos, sin ellos en el terreno. ¿Por qué digo esto? Porque la sensación no puede ser que como se fue la Oficina nos paralizamos o no vamos a poder seguir trabajando. Obviamente queremos que la Oficina esté en el terreno y haga su trabajo; no es admisible que por hacer protección, que fue lo que hicieron en el caso de Rocío San Miguel, se les obligue a retractarse. Eso no tiene sentido. Entonces, de nuevo, hay que entender el contexto político, tener la certeza de seguir trabajando independientemente de la Oficina.

Sobre el caso de Rocío San Miguel el fiscal general dijo que les extraña que la Oficina del Alto Comisionado se interese en expedientes de personas vinculadas a conspiraciones, pues Nicolás Maduro afirmó que ese despacho se había convertido en un centro de espionaje y conspiración. ¿Qué opina al respecto?

En líneas generales, la Oficina tenía cuatro mandatos muy claros: uno, ayudar al Estado en la implementación de recomendaciones emitidas por los órganos de Naciones Unidas, lo que implicaba hacer reformas judiciales o legislativas, modificación de prácticas y capacitación de funcionarios. El segundo, apoyo a la sociedad civil, que es lo que ha venido haciendo con sus altos y sus bajos desde el 2019. Tercero, asesoría técnica y formación a las instituciones para la reforma del sistema judicial en normativas garantes y acorde a los estándares de derechos humanos. Y cuarto, la evaluación continua de manera creíble sobre la situación de derechos humanos en el país, por eso venían relatores e incluso el Alto Comisionado, quien además emite actualizaciones orales y presenta informes. Entonces, cómo puede darle asesoría a un Estado que no da los elementos, que en este caso son los expedientes, para ver si el procedimiento judicial se está llevando conforme no solo a los estándares internacionales, sino a nuestra Constitución que dice expresamente que nadie puede ser presentado en tribunales pasadas 48 horas de su detención y que expresamente habla de que la desaparición forzada está prohibida. La oficina hizo lo que tenía que hacer, eso está enmarcado dentro del memorándum de entendimiento. Lo que pasa es que lamentablemente no se hizo público, es parte de las deficiencias que ha tenido la Oficina durante su estancia en el país. La Oficina ha dado talleres en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Interior y Justicia, evidentemente la asesoría técnica implica también revisar lo que hacen los funcionarios, no basta con dar los talleres, sino que tienen que hacerle seguimiento a la implementación, eso es básico. Así que es completamente discursivo, una falta de respeto total esas aseveraciones.

También el fiscal, siguiendo con el caso de Rocío San Miguel, dice que ella no pertenece al mundo de los derechos humanos.

Eso es un absurdo cuando ella tiene más de diez años trabajando en ese mundo, además que es beneficiaria de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como San Miguel, Sosa y otros contra Venezuela, al ser una ex funcionaria pública que fue despedida arbitrariamente por participar en un referéndum contra el presidente Hugo Chávez y aparecer en la “Lista Tascón”, violando su derecho a la libertad de expresión y participación en asuntos públicos. Paralelamente, es beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH por su trabajo de defensora de derechos humanos en su organización Control Ciudadano y ha participado en el sistema internacional de derechos humanos. Entonces decir que ella no es defensora de derechos humanos es engañar a la gente y lo hacen porque pueden controlar la narrativa, porque nadie tiene la posibilidad de contrastar este tipo de información, no hay nadie que le diga: señor Fiscal, pero como dice que ella no es defensora de derechos humanos si ha hecho esto, esto y esto, ¿lo ves? Entonces lo hacen porque quieren y porque pueden.

A la Fiscalía le ha molestado que se diga que Rocío San Miguel fue víctima de desaparición forzada, algo que el movimiento de derechos humanos ha explicado de qué se trata este calificativo y por qué se ha usado en este caso. Sin embargo, más allá de las polémicas por el uso del término, sus abogados de confianza no han podido ver su expediente ni tener contacto con ella. Algo similar ocurre con los tres dirigentes de Vente Venezuela detenidos de manera arbitraria, así como con el ex ingeniero de Pdvsa detenido en Nueva Esparta, con el gremialista del sector educativo de Barinas, pero hay una amenaza latente para quien insista en que estamos en presencia de este delito contra los derechos humanos

Si te están diciendo que quedan 15 órdenes de arresto por ejecutar por presunta conspiración, pero no dicen contra quiénes obviamente va a haber autocensura. Se genera un contexto de miedo, de temor, y por eso la gente cuida sus palabras. Pero además, lo más grave es que eso afecta la defensa de estas y otras personas detenidas por motivos políticos.

Estamos ante situaciones muy graves, incluso con patrones que investiga la CPI que se siguen cometiendo, pero pareciera que al gobierno no le causa mucha preocupación

Bueno, el tuit que publicó la oficina diciendo que había argumentos razonables para creer que estaba ocurriendo una desaparición forzada, que es uno de los crímenes que se están investigando en la CPI, prendió las alarmas desde la perspectiva del Estado, porque básicamente Naciones Unidas dijo: “te creo responsable de esto” y naturalmente eso es gravísimo para el Estado, que sus funcionarios estén cometiendo estos delitos. Entonces, fue un detonante, además de lo que dijo el relator de Alimentación tras su visita a Venezuela. Ahora bien, no creo que la oficina de la CPI vaya a afectarse por lo que ocurra con la Oficina del Alto Comisionado, porque tienen razones de ser diferentes. Más bien el reto está en cómo tendrá la Fiscalía de la CPI gente en el terreno viendo lo que pasa, pero que no puede hablar, sino en tal caso comunicarse con La Haya, ahí es donde creo que está la complejidad del asunto con la CPI.

Adicionalmente, creo que podría haber otra ola represiva en marzo, pues naturalmente cuando el día 1° la CPI anuncie su decisión de continuar o no la investigación sobre la Situación Venezuela I tras la apelación del Estado venezolano eso va a generar mayor tensión en los actores involucrados desde el poder, y ellos van a insistir en que no hace falta esa investigación. Así que probablemente esos días haya otra ola represiva importante.

Más allá de marzo, ¿cómo ve el panorama para las organizaciones de la sociedad civil y en general para el ejercicio de los derechos humanos en Venezuela, y de allí hacia dónde cree que deben ir enfocado los esfuerzos?

Las organizaciones de la sociedad civil tenemos que seguir haciendo el trabajo, pero con miras a que posiblemente entremos en un cierre del espacio cívico por las necesidades de control para el proceso electoral y la necesidad del poder de tener una sociedad civil destruida. Recordemos que si aprueban el proyecto de ley antisociedad toda asociación civil, toda fundación muere, su personalidad jurídica deja de existir, y así todos entramos en un espacio de ilegalidad de facto o de hecho. Y entonces eso implica un escenario como el de Nicaragua, que primero fue contra las organizaciones de mayor relevancia o con las que más denunciaban y ahora se meten hasta con los scouts. Y eso puede pasar en Venezuela, pero hay que verlo desde una perspectiva de que el gobierno, a diferencia de Nicaragua, se adapta más a las circunstancias. Entonces puede que al principio sea más suave y luego sea más duro, hay que esperar… Estamos en un escenario de mucha incertidumbre donde podemos ir hacia lo peor o podemos sembrar las bases para que el año 2024 sea el inicio de una transición democrática frágil. Y, naturalmente, el efecto migratorio que implica todo esto porque si en 2024 y 2025 no hay cambios y además hay un cierre del espacio cívico va a haber otra ola migratoria, especialmente de actores de la sociedad civil.

¿En qué proyectos trabaja Civilis actualmente?

Nuestro trabajo sigue siendo apoyar y proteger a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, denunciar las violaciones al espacio cívico y cómo el proyecto de Ley de Fiscalización y el cerco normativo restringen la labor de la sociedad civil. Nos seguimos dedicando a eso, apoyando a personas y organizaciones en lo que podamos, porque naturalmente toda esta situación de la que hemos hablado también nos afecta a nosotros. //

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