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Bárbara Bracho, madre del preso político Alberto José Bracho “Mi hijo pedía que lo mataran para que no lo siguieran torturando”

Alberto José Bracho extrañaba a su mamá y a su hija de 9 años, tenía un año sin verlas porque había emigrado abruptamente a Colombia en septiembre de 2017 para escapar del ojo represivo del gobierno, pues en esos días él era un manifestante activo, como la mayoría de los universitarios, y se vio obligado a huir para protegerse. Vivía en Bogotá, donde hace un clima muy distinto a su calurosa Maracaibo natal, así que fácilmente pescó una neumonía por el frío. Allá trabajaba como mecánico automotriz, aunque había estudiado Administración de Empresas en la Universidad Rafael Belloso Chacín, en Zulia. Así que una vez recuperado de salud tomó la decisión de regresar a Venezuela. Desafortunadamente, su retorno coincidió con el denominado “magnicidio con drones”. El 5 de agosto de 2018, ya en territorio venezolano, se desplazaba en un vehículo que fue abordado por funcionarios cuando iba por el estado Barinas, lo detuvieron y trasladaron a Caracas señalado de ser partícipe del atentado.

Tenía 27 años de edad, hoy tiene 32 y sigue preso condenado a 30 años de prisión tras un juicio irregular y viciado, como han señalado abogados y defensores de derechos humanos. Su madre, Bárbara Bracho, afirma que la prueba que mostraron en su contra es la grabación de una voz que no corresponde a él. “El veredicto lo dieron de madrugada; fue un shock porque no se esperaba algo tan rudo, pero él dijo allí cuando tuvo derecho de palabra que aun siendo inocente si tenía que ser condenado por la libertad de su país él aceptaba la condena con honor”.

Estuvo tres años preso en la DGCIM de Boleíta, donde sufrió torturas y tratos crueles y no vio la luz del sol; de ese tiempo un año y medio permaneció en “La casa de los sueños”, ese lugar tenebroso que ha sido documentado y denunciado por defensores de derechos humanos y por instancias internacionales como la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela como un centro de torturas.

A Alberto José lo sometieron a largas golpizas hasta que perdía la conciencia, al volver en sí retomaban las palizas; le rompieron varias costillas y el tabique nasal a punta de golpes con bates, tablas de madera y patadas con botas militares; le arrancaron las uñas de los pies; lo colgaron por horas días y noches seguidas; le lesionaron las rodillas de por vida también por los golpes. En una oportunidad fue tal el ensañamiento que perdió el conocimiento por varios días y despertó con lagunas mentales y sin poder decir siquiera su nombre tras recibir golpes en la cabeza. No era el único que estaba sufriendo torturas en esos días: “Uno de sus compañeros me contó que llegó un momento en que él pedía que lo mataran para que no lo siguieran torturando y para no escuchar más los lamentos y gritos desgarradores de otros presos; era algo que él ya no podía soportar”, relata la madre.

Bárbara pudo verlo por primera vez más de 50 días después cuando de la DGCIM la llamaron para decirle que allí tenían a su hijo. Ella ya lo había buscado personalmente en ese lugar y en otros centros donde regularmente llevan a los presos políticos, pero en todas partes se lo habían negado. En ese primer encuentro y en varias de las visitas siguientes Alberto José evitaba verla a los ojos, su mirada era lejana y apagada, tenía profundas ojeras, le pedía perdón por tener que verlo en esas condiciones, no permitía el contacto físico para que ella no se percatara de sus lesiones y sufriera aún más.  

Luego de tres años fue trasladado a Yare donde la zona de los presos políticos sufrió una especie de atentado, de allí que la familia presionó para lograr su traslado. Siete meses después de haber llegado a la cárcel mirandina fue enviado a La Planta, en El Paraíso, donde permanece actualmente con secuelas de las torturas, 20 kilos menos de peso y prácticamente sin esperanzas, según su mamá, al ver frustradas sus expectativas tras las negociaciones políticas de noviembre y diciembre pasado.

Bárbara Bracho es una mujer creyente que no pierde las esperanzas y así se lo trasmite a su hijo  cuando él duda, pero sí admite que hay días en que sus ánimos decaen y la tristeza la envuelve. “Son 5 años en que ni con la justicia nacional ni con los organismos internacionales se ha logrado mucho”. Recordar lo vivido por Alberto José, por su nieta a quien tuvo que sacar del país la misma noche en que se enteró de la detención de su hijo, por otros familiares que fueron allanados violentamente aun cuando se trataba de adultos mayores, y por ella misma que se vio obligada a esconderse por 20 días para no correr la misma suerte de otras madres de manifestantes perseguidos que por esos días fueron detenidas en Maracaibo, le quiebra la voz y el alma. Y es que la normalidad y la tranquilidad de su vida fue arrebatada de tajo, perdió su empresa de catering, propiedades y ahorros que a manos de las autoridades, perdió la libertad de su hijo, perdió la posibilidad de seguir viviendo con su única nieta que ahora está fuera del país, perdió amistades, ha perdido buena parte su salud física que cada día se ve más deteriorada con diversas patologías que surgieron a raíz de la detención arbitraria de su hijo; su paz mental y emocional también han mermado: “Me quedé sola, mi vida cambió 110%, es un cambio abrupto del día a la noche y a una noche bien oscura. Además vivo en incertidumbre constante en parte por no saber cómo está mi hijo y también porque en la prisión siempre están ocurriendo cosas malas. Más nunca supe lo que es dormir tranquila”.

En 2017 ella pensó que estaba salvando a su hijo de la prisión –o de la muerte– al sacarlo para Colombia el mismo día en que las fuerzas represivas asesinaron a uno de sus compañeros de lucha y en un programa de televisión oficial lo identificaron como un agitador. “El casco de mi hijo quedó perforado, ese otro muchacho cayó muerto a su lado, por eso esa misma noche le dije: ‘es momento de que te vayas’ y lo mandé para Colombia”. Ni en pesadillas imaginó que el reencuentro sería en una prisión un año después.

A lo que se refiere con esto último es que en diciembre y enero familiares de privados de libertad que permanecen en cárcel de La Planta, entre ellos de presos políticos, han denunciado hechos como requisas violentas y otros procedimientos irregulares ordenados por la dirección en las que les han quitado todas sus pertenencias, impiden la entrada de alimentos, medicinas y visitas. Estas situaciones han conllevado incluso al cambio de directiva, pero los abusos continúan.

Desde abril de 2023 Bárbara no ve a su hijo. Aunque al inicio podía verlo cada semana, luego le espaciaron las visitas para cada dos semanas y luego una vez el mes, repentinamente pasaba meses sin poder verlo y hasta sin poder comunicarse con él. Recuerda que varias veces perdió el viaje de Maracaibo a Caracas, pero ahora las dificultades para verlo se deben a la situación económica, al perder sus fuentes de ingresos le es cuesta arriba viajar aun por tierra; a través de familiares de otros presos políticos procura hacerle llegar lo que puede a su hijo.

Como a muchos padres de presos políticos la vida de Bárbara Bracho tiene ahora otros propósitos, la lucha por la libertad de su hijo la llevó a formarse en temas de derechos humanos, de allí forma parte de la organización Familia SOS Libertad, de la cual es coordinadora en la región occidental, creada por parientes de los presos políticos venezolanos tanto civiles como militares. Gracias a eso recibió una invitación para participar en el Programa Transforma, una iniciativa de la ONG Defiende Venezuela que busca convertir el dolor en acción y en construcción de memoria a partir de los testimonios de aquellos que luchan por la justicia en Venezuela. “Algún día se sabrá la verdad y ese día habrá justicia, no podemos estar en esta oscuridad toda la vida”.

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