Close

Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz “Si se aprueba la ley antisociedad el tejido social comenzará a verse afectado”

Después de 17 años en Provea, organización de derechos humanos de la cual fue su coordinador general en los últimos 9 años, este conocido defensor ahora desarrolla su labor desde el Laboratorio de Paz, enfocado en temas de democracia, derechos sociales y no violencia. Advierte que los ataques del gobierno a la sociedad civil organizada en el contexto de la ley de financiamiento incluyen intentos por dividirla y generar desconfianza, por lo que considera que esta arremetida es una oportunidad para cohesionarse y fortalecer el trabajo conjunto

En la Asamblea Nacional resurgió la intención de avanzar en la aprobación de la Ley de Financiamiento de las ONG, conocida como la Ley Antisociedad, de allí que las amenazas contra las organizaciones de la sociedad civil se reanudan, aunque esta vez con más fuerza, aunado a la ofensiva que se inició contra activistas gremiales y políticos en las últimas semanas. ¿Qué análisis tiene de ese panorama?

Sí, bueno, lamentablemente se está confirmando la alerta que hacíamos desde el año pasado en torno a que en la medida que nos acercáramos al momento electoral iban a aumentar las situaciones de persecución y hostigamiento contra toda la sociedad civil y, por supuesto, también contra el liderazgo social y político de Venezuela. Entonces, de manera muy rápida las autoridades han comenzado una ofensiva de persecución y represión contra diferentes sectores, por ejemplo, contra los periodistas, con la orden de aprehensión en contra de Sebastiana Barráez, que saben que está fuera de Venezuela y allí lo que se intenta es generar mayor censura y autocensura con ese mensaje para los periodistas del país que visibilizan denuncias.

En lo que respecta a las organizaciones de sociedad civil se ha desempolvado esta ley para regularizar y fiscalizar nuestro trabajo, y allí lo que se intenta es repetir la fórmula que ha sido exitosa contra otros sectores como las emisoras de radio con la lógica de las concesiones, porque esta ley lo que intenta es generar un registro y a partir de ese registro se va a otorgar una autorización temporal de funcionamiento.Y es temporal porque va a ser renovada cada cierto tiempo de acuerdo a cómo se comporten las organizaciones. Otra lógica es la inhabilitación cuando a partir de la aprobación de la ley todas las organizaciones quedan sin fundamento jurídico; es decir, que son declaradas como inexistentes y a partir de allí tienen que comenzar toda una serie de engorrosos trámites para que sean autorizadas para funcionar. Entonces, esta es una ley que nos va a inhabilitar a todas las organizaciones independientes del país para seguir trabajando. Así que lo que nos toca a las organizaciones es continuar trabajando para que las personas no le tomen miedo a ser calificadas como políticas o que sus actividades tienen objetivos políticos, porque ese es uno de los fundamentos de la ley y aquí lo que se intenta es evitar que la sociedad democrática pueda articularse para exigir garantías electorales, para exigir condiciones democráticas en los próximos comicios. Los desafíos son múltiples y las organizaciones de derechos humanos y los activistas tenemos que prepararnos para un año que va a ser muy desafiante.

¿Cómo contrarrestar la narrativa oficial que intenta hacer ver que esta ley tiene fundamentos constitucionales y está enmarcada en legalidad cuando precisamente es todo lo contrario?  

Creo que las autoridades continúan simulando que actúan apegados a la Constitución y la ley porque les interesa la opinión de la comunidad internacional y hay que recordar que Venezuela está bajo el monitoreo de importantes organismos internacionales de protección, como la Corte Penal Internacional, que anunció que en los próximos días va a instalar una oficina para la asesoría técnica a las autoridades y de otros organismos que están trabajando sobre Venezuela. Entonces, el gobierno intenta darle un barniz de legitimidad jurídica a estas decisiones arbitrarias para poder decir, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que esta ley ha sido objeto de una amplia consulta, que además que ha sido aprobada según la normativa venezolana, que además intenta regular el trabajo de las organizaciones para que no incurran en diferentes ilícitos y en actos de violencia.

Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro es muy débil, ha perdido su base electoral, entonces creo que todo lo que está sucediendo ahora es una consecuencia de las elecciones primarias, no solamente que hubo una importante participación, sino que la calidad de esa participación ha sorprendido a las autoridades porque fue similar en los diferentes estratos sociales y en las regiones donde además hubo un voto unánime y contundente a favor de una idea de unidad, pero además de un liderazgo que no tuviera ningún tipo de titubeos a la hora de calificar las violencias y las arbitrariedades del gobierno. Entonces, a partir de allí desde el poder se ha desarrollado una estrategia para intentar dos cosas, por un lado, volver a cohesionar el liderazgo de la coalición dominante en torno a la figura de Nicolás Maduro, que ha quedado muy debilitada como consecuencia de los resultados del referéndum del Esequibo y además la diplomacia internacional que intentó legitimar las pretensiones sobre ese territorio; eso debilitó las alianzas y los vínculos con países que usualmente aparecen del lado de las autoridades venezolanas. Y también, en segundo lugar, va a intentar en las próximas semanas aumentar su popularidad porque a pesar de que es un gobierno autoritario que permanece en el poder exclusivamente por la represión, necesita algunos niveles de base social, de apoyo para hacer el proceso de dominación legítimo. Entonces, en este momento el fenómeno de María Corina Machado, que ha resucitado la esperanza porque repolitiza a un sector del país, porque ha devuelto las expectativas de la posibilidad de cambio a corto plazo, es lo que el gobierno intenta neutralizar dividiendo la oposición e intentando generar desconfianza en la base del campo democrático.

Así que podemos enfrentar esa narrativa que intenta revestir de legalidad lo ilegal, por un lado, entendiendo cuál es la lógica, cuál es el objetivo que tiene el gobierno con sus diferentes ataques, que es dividir, generar desconfianza, fragmentar, para abordar la discusión de la ley como una amenaza común sirva para fortalecer vínculos de trabajo y de reacción conjunta y no dinamite los puentes entre nosotros. En segundo lugar también creo que tenemos que sumar esfuerzos con el liderazgo político para alcanzar garantías democráticas en la consecución de las próximas elecciones no para convocar a votar por determinado candidato o candidata, sino para exigir que se cumpla la Constitución y los estándares internacionales en materia de libertad de asociación y de participación electoral, y que finalmente sea la población la que en ejercicio de su libertad de conciencia y su libre albedrío pueda decidir quién debería gobernar el país. Entonces, la idea es coincidir en la necesidad de que hayan garantías electorales, garantías de participación, de no persecución hacia las personas que quieran ejercer un voto diferente al de la opción oficial y que además, por supuesto, podamos tener observación internacional y un cronograma electoral que cumpla las diferentes etapas para la realización de elecciones que puedan calificarse como democráticas, inclusivas y confiables.

Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han anunciado que revisarán la flexibilización de sanciones debido al incumplimiento del Acuerdo de Barbados. Usted siempre ha tenido una visión particular sobre el tema de las sanciones. ¿Qué opina en este contexto?

Sí, como defensores de derechos humanos estamos de acuerdo con la petición de flexibilizar o de levantar las sanciones financieras contra Venezuela, las llamadas sanciones sectoriales, porque su duración estaba ocasionando mayores sufrimientos a la población. Pero también hemos dicho que las sanciones individuales a los violadores de derechos humanos se tienen que mantener no solamente porque son un solo mecanismo de nombrar y avergonzar, sino porque en la realidad política de Venezuela es la presión que obliga a los funcionarios a sentarse en una mesa. Nosotros tenemos información de diferentes fuentes que ese es el mayor interés de los negociadores oficiales, que se levanten las sanciones individuales y no solamente las que ha establecido Estados Unidos, sino especialmente la Unión Europea. El Servicio Exterior de la Unión Europea ha anunciado que en marzo va a revisar la lista de las sanciones individuales, así que vamos a estar muy atentos a la discusión que se dé. Sabemos que forma parte de la lógica de los incentivos. Sin embargo, creemos que en el caso de Venezuela si bien es importante otorgar incentivos para que las autoridades permitan una transición también tenemos que mantener algunos mecanismos de presión. Así que las sanciones individuales son una vía para mantener esa presión sobre las autoridades venezolanas para que le situación de los derechos humanos mejore.

Háblenos de sus nuevos proyectos

Fui trabajador de Provea durante 17 años, los últimos 9 fue como coordinador general, cumpliendo el ciclo máximo de acuerdo con las normas de la institución. Sigo siendo parte de Provea, ahora como miembro de la asamblea; es decir, que ha sido una renovación institucional prevista en los estatutos de la organización y que además para nosotros es motivo de orgullo en el sentido de que si exigimos la renovación del liderazgo político también dentro de nuestras organizaciones debe haber renovación en los cuadros de dirección. Si les pedimos a los demás que funcionen de manera democrática también nosotros debemos hacerlo como cultores de la alternancia de poder. Así que ahora soy director del Laboratorio de Paz, una ONG que fundé en años anteriores junto con Lexys Rendón y que trabaja en temas de democracia, derechos humanos y no violencia promoviendo la investigación y la reflexión estratégica. Y además hemos comenzado a realizar un boletín que se llama Escenario de análisis estratégico, con recomendaciones dirigidas a la sociedad civil sobre qué hacer frente a diferentes situaciones. Ya emitimos el primero e invitamos a todas las personas que quieran conocer el trabajo del Laboratorio de Paz a visitar nuestro sitio web que es www.LabPaz.org. Por supuesto, sigo trabajando en coaliciones junto con otras organizaciones porque particularmente este va a ser un año en el que el gobierno va a hacer mucho esfuerzo por debilitarnos y dividirnos. Así que estratégicamente es una necesidad seguir pensando, reflexionando y actuando.

¿Cuáles son las áreas en las que considera que la sociedad civil organizada debe trabajar con mayor énfasis para beneficio de los venezolanos?

Si bien este es un año que va a estar signado por la discusión en el ejercicio de los derechos electorales no podemos obviar ni poner en un segundo plano la garantía de los derechos sociales de los venezolanos, que sigue siendo muy crítica. De hecho, las últimas cifras de Venezuela hablan de una situación de gravedad que sigue calificando lo que estamos viviendo como una Emergencia Humanitaria Compleja. Así que hay que seguir acompañando a la sociedad venezolana en sus demandas por agua y servicios básicos, prestación de salud que se han ido privatizados por la vía de los hechos. Por supuesto, también intentar que no haya políticas de discriminación en los beneficios sociales, este es un año electoral y seguramente se va a intentar usar esos beneficios para coaccionar el voto y tenemos que estar muy alerta para que eso no ocurra. Finalmente, seguir pendientes con el derecho a la seguridad ciudadana, que toda actuación de funcionarios policiales y militares esté en el marco del disfrute de ese derecho, y además a todo lo relativo al derecho a la libertad de asociación porque si la ley antisociedad es aprobada no solamente va a afectar a las organizaciones más conocidas, sino también a todas las asociaciones independientes y a todas las organizaciones sociales de nuestro país. De allí que ese tejido social comenzará a verse afectado por esa normativa. Así que tenemos que seguir promoviendo democracia, pero muy atentos al disfrute de los derechos sociales por parte de la población, porque también es una manera de que esta idea de democracia sea una idea viva para la gente, que signifique una mejora de sus condiciones de vida, que no sea solo una teoría abstracta. //

¡Comparte este contenido!

Contenido relacionado