El representante de la ONG Provea en Europa, quien por más de 20 años ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en Venezuela, ofrece un análisis de la participación del Estado venezolano en el 54° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la cual, a su criterio, responde a la misma línea de años anteriores aunque en esta ocasión con un tono hostil más exacerbado. El abogado investigador, especialista en derechos humanos con maestría en Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas, pone en relieve el trabajo desarrollado por las organizaciones de la sociedad civil que permite que los mecanismos internacionales conozcan la situación de DDHH en Venezuela ante la ausencia de datos verificables por parte del Estado, y confía en que hay un escenario favorable para que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ratifique la autorización al fiscal Karim Khan para continuar su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país
¿Cuáles fueron los aspectos que considera más relevantes para Venezuela en las recientes sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?
Estaba previsto que la Misión de Determinación de los Hechos presentara su informe escrito y así ocurrió. Ese informe fue seguido de un debate en el Consejo de Derechos Humanos, que se llama diálogo interactivo, que tuvo la respuesta que ha tenido siempre por parte del Estado venezolano; es decir, un desconocimiento del informe, pues considera que la Misión y sus investigaciones no son aceptadas por ellos y por lo tanto no ha permitido su ingreso al país. Y durante el diálogo interactivo se repitió lo mismo que ha sucedido siempre, el embajador del señor Maduro hace una intervención y después abandona la sala. Sin embargo, eso lo que demuestra es el desconocimiento de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, con base en las cuales se estableció la Misión de Determinación de Hechos, que fue votada y por lo tanto se adoptó de acuerdo con los reglamentos del Consejo. Entonces, esta manifestación de no cumplir con una resolución del Consejo lo que indica es un aspecto muy particular del gobierno de Venezuela, que actúa de mala fe ante sus compromisos internacionales y en particular desconociendo resoluciones que fueron aprobadas mediante voto en el Consejo de Derechos Humanos.
Esta vez el tono utilizado por los representantes del Estado fue más elevado y hostil que en ocasiones anteriores. ¿Por qué recurrir a la descalificación y la agresión sobre todo cuando están activos mecanismos internacionales sobre Venezuela?
Lo que sucede es que el Estado venezolano se ha acostumbrado a no dar respuestas técnicas adecuadas sobre la situación interna de derechos humanos. Se ha acostumbrado a dar discursos vacíos, incluso en el Consejo de Derechos Humanos. Por ejemplo, allí, durante los debates, Venezuela ha intervenido a pesar de no ser miembro del Consejo, pero todas sus declaraciones fueron sin dar contenido sobre la situación nacional, son simples discursos en los que se posicionan y rechazan los mecanismos de investigación sobre cualquier situación en cualquier parte del mundo con el ánimo de que otros Estados se solidaricen y eviten también los mecanismos de investigación. Y el discurso del gobierno tiende a decir que no acepta los mecanismos de investigación y que el Consejo debe limitarse a la asistencia y cooperación técnica, pero no a la investigación de situación. Entonces, es una política de rechazar los mecanismos de investigación y buscar alianzas de otros Estados como Cuba, Rusia, Irán, que tampoco aceptan mecanismos de investigación internacional.
¿Esta actitud podría tener algún costo para el Estado?
Eso genera un costo político en términos de credibilidad en el Consejo de Derechos Humanos. Primero, no acepta los mecanismos establecidos mediante votación; es decir, de acuerdo con el reglamento del Consejo de Derechos Humanos, como la Misión de Determinación de Hechos. Y en segundo lugar, participar en diálogos interactivos sin brindar información concreta, sin responder a las preguntas que se le hacen al Estado ni a las recomendaciones genera un impacto en la credibilidad del Estado pues no tiene la voluntad o ni siquiera la capacidad técnica para dar respuestas a preguntas concretas. Y eso se vio con más claridad en el Comité de Derechos Humanos donde los expertos preguntaron sobre cifras en materia, por ejemplo, de derecho a la vida o de personas privadas de la libertad y el Estado fue incapaz de brindar cifras verificables, el único que dio cifras fue el señor Tareck William Saab que no pueden ser corroboradas porque no han sido publicadas ni sometidas al análisis, por lo tanto no son cifras verificables.
Llamó la atención que en el Comité estuviese presente el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, y sin embargo no tuviese ninguna participación
Efectivamente, la presencia del defensor del Pueblo se dio en el Comité de Derechos Humanos, que fue el evento posterior al Consejo. Uno de los grandes ausentes o invitados de piedra fue el defensor del Pueblo porque a pesar de que le hicieron preguntas que le atañen él no tomó la palabra para responder. Una de las expertas le preguntó sobre cuántas quejas habían sido tramitadas por la Defensoría del Pueblo en temas de derechos humanos y él no dio ninguna respuesta. Además, hay que recordar que la Defensoría del Pueblo en Venezuela ha sido degradada al estatus 3 por parte de una agencia que se encarga del seguimiento de la situación de las Defensorías del Pueblo porque no cumple con los Principios de París, que son los que rigen las Defensorías del Pueblo en términos de garantizar su independencia de los Estados. La Defensoría debe ser esencialmente independiente, como también lo debe ser la Fiscalía, que fue la otra acotación de un experto con respecto al fiscal Tareck William, a quien le dijo que era la primera vez que veía a un fiscal defender con tanto ahínco a un gobierno cuando justamente debía mostrar su independencia del gobierno.
¿Qué opina del cuarto informe de la Misión de Determinación de Hechos?
Una vez más, la Misión de Determinación de Hechos elaboró un informe que muestra cuál es la situación de derechos en el país, y lo importante también es que, aún en ausencia del Estado venezolano, los demás miembros del Consejo de Derechos Humanos dieron el debate sobre este informe. Lo que está poniendo este informe sobre el tapete es el hecho de que Naciones Unidas sigue jugando un rol muy importante en la situación de Venezuela, en particular los debates en el Consejo de Derechos Humanos, y que la Misión de Determinación de Hechos, a pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno del señor Maduro, sigue produciendo informes que son tenidos en cuenta incluso por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. No hay que olvidar que el fiscal de la Corte Penal ha retomado los informes de la Misión para su investigación. Así que tuvimos esta situación y también el debate en el Comité de Derechos Humanos, que es otro organismo distinto al Consejo y recibe informes del Estado venezolano sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Allí también hubo otro debate muy importante donde se presentó el gobierno venezolano también a intentar explicar y dar respuestas a las preguntas que hacen los expertos.
¿Considera que el objetivo para el cual fue creada la Misión de Determinación de Hechos está por cumplirse o se justificaría su renovación?
La misma Misión de Determinación de Hechos en su último informe dijo que los mecanismos de represión del Estado, si bien ya se habían moderado en su actuación, mantenían su capacidad para desplegarse nuevamente. Ese tipo de afirmaciones indican que la capacidad represiva del Estado y por lo tanto de cometer también violaciones de derechos humanos sigue existiendo en el país. También es necesario abordar a otros temas como, por ejemplo, el de los grupos armados ilegales, como los colectivos armados que ha sido un tema que no ha abordado todavía la misión para la determinación de hechos. Después, la Misión tiene un mandato de favorecer la rendición de cuentas y hasta el momento en Venezuela no ha habido rendición de cuentas por violaciones graves a los derechos humanos ni de crímenes contra la humanidad, y por eso está abierta la investigación en la Corte Penal Internacional. Así que los objetivos de la Misión de Determinación de Hechos no han sido completamente cumplidos. La Misión ha contribuido sustancialmente a poner en relieve los mecanismos violadores de derechos humanos en el país, las responsabilidades de ciertos individuos, pero hasta el momento no podemos decir que sea un mandato completamente cumplido. Esta decisión de la renovación deberá ser tomada en septiembre de 2024, cuando vence el mandato de dos años de la misión, aún falta un trayecto largo en un periodo preelectoral donde la experiencia indica que la represión por parte del Estado venezolano se incrementa y por lo tanto lo que pueda ocurrir de aquí a allá incidirá también en la decisión de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de renovar el mandato de la Misión de la Determinación de Hechos.
¿Qué significa que Venezuela haya tenido la vicepresidencia en la reunión de Estados sobre la Convención contra la Tortura?
Realmente ese anuncio de la Vicepresidencia en la Asamblea de Estados Parte de la Convención contra la Tortura es parte de las estrategias de propaganda del gobierno del señor Maduro en Naciones Unidas. Primero, se trata de una reunión de Estados partes donde Venezuela puede participar y tiene el derecho de hacerlo porque ha ratificado la Convención contra la Tortura. Estas reuniones se realizan cada dos años, el Comité contra la Tortura –como el Comité de Derechos Humanos– está formado por expertos y esta vez correspondía renovar el mandato a cinco expertos. Y estas vicepresidencias son simplemente para dirigir los debates técnicamente, para dar la palabra, para medir el tiempo, para aplicar el reglamento si alguien quiere hacer una réplica durante la reunión… Entonces, digamos que esa asistencia es de mero protocolo y no hay ninguna evaluación por parte de los Estados sobre los méritos de cumplimiento de la Convención contra la Tortura. Su función es simplemente dirigir las sesiones.
Sin embargo, el gobierno se apoya en estas pequeñas rendijas para enviar un mensaje a la opinión pública de que se trata de una validación a su desempeño. ¿Está de acuerdo en que los países que están bajo mecanismos de protección, de investigación, tengan la posibilidad de formar parte de estos nombramientos aunque sean protocolares?
El sistema de Naciones Unidas está formado por Estados y tiene este tipo de rendijas, de debilidades o contradicciones. Lo importante allí es aclarar lo que implica técnicamente esta situación. Y segundo, destacar los deberes del Estado venezolano como lo es presentar informes ante el Comité contra la Tortura, por ejemplo, y que está atrasado en la presentación de ese informe. O que ha habido recomendaciones de este Comité contra la Tortura en el pasado y no han sido cumplidas por el Estado venezolano. Ahí está la cuestión de la responsabilidad internacional, no en la manipulación mediática que pueda hacer un Estado de una actividad meramente protocolar, como ocupar una vicepresidencia durante una asamblea de Estados parte.
¿Hacia dónde cree que deberían ir enfocados los intereses de las relatorías y de los grupos de trabajo para continuar sus evaluaciones sobre Venezuela? ¿Cuáles son los temas que se considera son prioritarios?
Las relatorías y los grupos de trabajo son mecanismos (permanentes) especiales del Consejo de Derechos Humanos. Actualmente existen 47 relatorías y grupos de trabajo que hacen el seguimiento de temas específicos. Pero creo que el grupo de trabajo sobre desaparición esforzada o el tema de las detenciones arbitrarias es muy importante; el tema ambiental, por ejemplo, de impacto de materias tóxicas como el mercurio en el Arco Minero del Orinoco. Todos estos temas tienen relatores o grupos de trabajo encargados de ello. Y por lo tanto, lo que quisiéramos las organizaciones de derechos humanos es ver la visita al país de estos relatores y grupos de trabajo sobre temas cruciales como el tema de la tortura, la desaparición esforzada, las ejecuciones sumarias, la libertad de expresión, la libertad de reunión, entre otros.Pero hasta el momento no ha habido una invitación abierta por parte del gobierno venezolano, como por ejemplo lo tiene el gobierno colombiano, que tiene una invitación abierta a los relatores que quieran ir. Entonces, creemos que debe haber pasos para que se garantice la visita al país de relatores y grupos de trabajo a Venezuela para que puedan constatar en el terreno cuál es la verdadera situación de los derechos de acuerdo con los mandatos específicos.
¿Y hacia dónde cree que deberían ir dirigidos los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela?
Creo que la sociedad civil organizada en Venezuela ha tenido un progreso enorme en el conocimiento de las instancias internacionales. Ha tenido una experiencia muy buena y acumulada en el Sistema Interamericano, pero debido a la denuncia de la Convención por parte del gobierno de Maduro y después el abandono de la misma organización de Estados Americanos eso condujo a las organizaciones a poner el foco en el Sistema Universal de Naciones Unidas y también ante la Corte Penal Internacional. Hay que reconocer ese trabajo grande que han hecho las organizaciones, un trabajo de especialización también, porque cada mecanismo funciona de manera distinta. Así que ha habido realmente un progreso en términos de conocimiento y utilización del sistema. Y eso es algo que deben continuar haciendo para enviar información acorde a los formatos establecidos por Naciones Unidas. Por un lado eso y por otro hay que continuar apoyando a las víctimas, el trabajo esencial de las organizaciones de derechos humanos es por las víctimas, hay que fortalecerles y darles mayor comprensión y conocimiento del sistema universal y del sistema de la Corte Penal Internacional.
Y otro aspecto fundamental que va a tomar también mucho esfuerzo de las organizaciones es garantizar que puedan continuar desarrollando su trabajo de defensa de derechos humanos y, en particular, que no sean víctimas de intimidaciones y represalias por utilizar las instancias internacionales. Y en ese sentido, es importante mantener informados a los mecanismos, por ejemplo, que dependen del Secretario General de Naciones Unidas sobre las intimidaciones y represalias recibidas. Es importante señalar que fue presentado el Informe sobre Intimidaciones y Represalias en estas sesiones del Consejo de Derechos Humanos en el que se volvieron a incluir casos de venezolanos, venezolanas y organizaciones de derechos humanos que han acudido o han cooperado con el sistema de Naciones Unidas. Así que ese es otro aspecto para estar atentos.
¿Qué otra cosa se podría hacer para ejercer presión y lograr la liberación del defensor Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes?
Uno de los aspectos que hay que destacar es la liberación reciente de cinco presos políticos en Venezuela, que es consecuencia del trabajo de presión internacional para que los Estados respeten los derechos humanos. Esencialmente, la liberación de los presos políticos se da dentro de la necesidad de respetar estándares internacionales de derechos humanos. Así que es necesario continuar trajinando el camino que se ha venido recorriendo, que es presentar la situación ante las instancias de Naciones Unidas. El caso de Javier Tarazona es un caso que recurrentemente los Estados miembros del Consejo han señalado con preocupación. La misma Misión de Determinación de Hechos se ha referido a su situación en los informes o intervenciones en favor de su liberación, pues indudablemente tiene un impacto en hacer más viable que el gobierno de facilite la liberación de Tarazona, que además ha tenido un proceso que no cumple con los estándares internacionales del derecho a un debido proceso, y eso ha sido denunciado por las organizaciones de derechos humanos en las Naciones Unidas y en las instancias internacionales.
Saliéndonos del análisis de lo ocurrido en la ONU, ¿qué expectativas pudiera haber en cuanto a las audiencias de apelación del Estado venezolano en la Corte Penal Internacional?
Sí, estas audiencias de apelación que serán el 7 y 8 de noviembre, se dan dentro del proceso de apelación del Estado venezolano a la apertura de la investigación por parte del fiscal Karim Khan y que fue finalmente ratificada por la Sala de Cuestiones Preliminares, que es la que conoce la investigación Venezuela 1. En esa audiencia van a participar el fiscal Khan, la Oficina para la Participación de Víctimas, en representación de las víctimas, pues es la que vela por el interés general de éstas, y el Estado venezolano. En esas audiencias se van a escuchar los puntos de vista de estos tres actores, no va a haber una decisión, sino que va a ser adoptada unos días o unas semanas más tarde por los jueces después de que deliberen.El resultado de esa decisión va a ser autorizar o no al fiscal a continuar su investigación; es decir, aceptar los argumentos del Estado o autorizarlo a seguir la investigación. Entonces, esa es una decisión que deberemos esperar a que tomen los jueces. Lo importante de este proceso de apelación ha sido que una vez más las víctimas han podido participar. Hubo casi 3.000 víctimas que enviaron información a la Secretaría de la Corte Penal Internacional, que es una sección que se llama la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones, que recogió estas comunicaciones, hizo un informe y lo envió a los jueces de la Sala de Apelación. Y esencialmente lo que dijeron las víctimas es que consideran que la Sala de Apelaciones debe ratificar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares autorizando al Fiscal Khan a reanudar la investigación Venezuela 1.
Creo que hay un escenario muy favorable para que los jueces de la Sala de Apelaciones ratifiquen la autorización al fiscal para continuar la investigación. Sin embargo, hay que esperar qué deciden los jueces, pues como en todos los procesos judiciales quienes tienen la palabra son los jueces, pero desde mi punto de vista son más las razones para que los jueces ratifiquen las facultades investigativas del fiscal que las razones para negarlas. //
