Hombre joven y en moto. La ecuación perfecta para ser blanco de la policía que se rige por esas dos características para asumir que están frente a un presunto delincuente. Pero al que detuvo una comisión de la Policía Nacional Bolivariana fuertemente armada a bordo de vehículos sin placas ni rotulado oficial es un estudiante universitario destacado tanto en la Santa Rosa de Lima donde está a punto de graduarse como abogado como en la Central (UCV) donde estudia Antropología.
John Álvarez tiene 24 años de edad, el país ha conocido su nombre y su caso a través de los medios de comunicación y redes sociales por ser víctima de torturas durante su detención arbitraria el 30 de agosto pasado cuando salió de su casa en la mañana a comprar algunas cosas que hacían falta para el cumpleaños de su hermano pequeño. Iba en su moto por la avenida Bolívar, en Caracas, cuando fue abordado violentamente y sin motivos por unos 10 hombres que lo apuntaron a la cabeza, le robaron la moto y lo metieron a la fuerza en un carro Orinoquia color blanco. Le pusieron una capucha y lo ruletearon durante horas por diversas partes de la ciudad hasta que lo trasladaron a la comisaría de Los Chaguaramos donde funciona la sede de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET, antigua FAES). Allá llegó sin casco, sin correa, sin billetera, sin cadena, sin dinero –lo obligaron a hacer una transferencia por Pago Móvil–, sin teléfono, sin reloj, todo, excepto su ropa, fue un botín que se repartieron los agentes antes de bajarlo del carro. John se sorprendió al llegar a la sede policial, pues pensaba que sus captores eran delincuentes y que había sido secuestrado en vista del modus operandi del que fue víctima. Ninguna de sus pertenencias aparece en el acta de detención.
Pero las cosas no mejoraron en la comisaría. Sin entender los motivos de su detención fue sometido a golpizas con tablas de madera envueltos en material acolchado en diversas partes del cuerpo y cabeza, luego le aplicaron descargas eléctricas en los costados, espalda y testículos, lo asfixiaron. Fue al día siguiente, tras una ardua búsqueda por hospitales y comisarías del oeste, centro y este de la ciudad, que los padres recibieron una llamada en la que les informaban que el joven estaba en la sede policial de Los Chaguaramos. Al llegar allí un comisario de apellido Sosa, segundo al mando, les ratificó que John estaba allí detenido porque había sido capturado pegando un panfleto con la bandera de Venezuela y Ucrania en una estatua de Bolívar con la leyenda: “Juntos por la libertad”. Llamó al comisario jefe de la sede, a quien le dicen “el Gocho”, quien los atendió y les dijo que podrían verlo pero en la noche, entre 8:00 y 9:00, cuando estuviese oscuro para que nadie viera. Les advirtió que no quería abogados ni escándalo por las redes sociales. Llegado el momento, no se le permitió acceso al padre, solo la madre y la novia podían verlo, pero antes fueron sometidas a una fuerte requisa. A la primera le ordenaron quitarse la ropa y dejarse solo las prendas íntimas y a la segunda la hicieron desnudar.
Dejando claro que se trataba de “una cortesía”, el comisario apodado “el Gocho” dirigió el encuentro, le decía al joven –que lucía muy sucio y a quien no dejaron acercarse a su madre ni a su novia– lo que debía decir y a los pocos minutos dio por terminada la visita. Les insistió en el “pacto de amistad”: nada de abogados ni publicaciones en las redes. Les dijo que el fin de semana saldría en libertad porque antes sería llevado a la audiencia de presentación y que le imputarían el delito de irrespeto a los símbolos patrios.
Para sorpresa de todos, en el propio Palacio de Justicia, el viernes 1° de septiembre, la familia se enteró que sería juzgado en un tribunal con competencia en terrorismo: “Yo estaba desesperada porque teníamos 12 horas de espera, pasaban otros casos y el nombre de mi hijo no aparecía en la lista. Pregunté a un funcionario en las afueras, le dije que me ayudara a averiguar algo y él se comunicó con alguien adentro y le respondieron que John Álvarez iba por terrorismo. Eso fue totalmente impactante para mí. En todo ese tiempo a mi hijo lo tuvieron en un carro, desde la mañana hasta la noche, nunca lo bajaron y ese día no se dio la audiencia…”, relata Wendelin Peña, madre de la víctima, quien asegura que irá a donde tenga que ir y hablará con quien tenga que hablar hasta lograr la libertad y la justicia en el caso de su hijo.
El lunes 4 de septiembre, 5 días después de su detención, finalmente se llevó a cabo la audiencia, no se les permitió a los padres el acceso a la sala. El joven tuvo derecho de palabra y relató las torturas que sufrió y delató a sus torturadores. Allí explicó que los tratos crueles eran para obligarlo a grabar unos videos en los que incriminaba a los luchadores sociales Carlos Salazar y Carlos Julio Rojas en la planificación de colocación de explosivos en una autopista de Caracas. Aunque inicialmente se negó –y por eso las golpizas fueron más prolongadas y contundentes– llegó un momento en que desprovisto de su voluntad grabó los videos en los que dijo lo que le indicaban. Este detalle, y el robo de sus pertenencias, también fue expuesto ante el juez y dejó en claro que lo hizo bajo tortura. Aun así, fue señalado por los delitos de conspiración y asociación, y también lo vinculan con los seis sindicalistas que fueron sentenciados recientemente a 16 años de cárcel. La Fiscalía pidió al tribunal la reserva de las actas, lo que fue acordado por el juez, de allí que ni la defensa ni los familiares tienen acceso al expediente.
A partir de ese momento la defensa solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía para que tomaran acción ante las denuncias de tortura. No fue sino hasta aproximadamente 20 días después que el Ministerio Público ordenó un examen forense que arrojó que el estudiante tiene pérdida de la visión del ojo izquierdo, el riñón del mismo lado inflamado y presenta una lesión que va desde glúteo derecho hasta la rodilla que le impide mantener extendida la pierna derecha. Con lágrimas en los ojos su papá explica que le molesta la luz solar por las lesiones en la vista, cojea por los dolores en la espalda, riñón y pierna.
El joven ahora está recluido en la sede de la PNB de La Yaguara, donde están varios presos políticos. A pesar de los malestares físicos y el shock emocional por la abrupta interrupción de su rutina, sus padres afirman que se mantiene firme en sus convicciones y fuerte de espíritu. John recibiría su título de abogado ese año, un evento para el cual la familia se estaba preparando. No pueden aguantar las lágrimas cuando piensan que por ahora es un sueño truncado. “Échábamos broma a los vecinos diciéndoles que el día de la graduación vamos a cerrar la calle para festejar, porque todos lo quieren y se preocupan, todos, niños, jóvenes, las abuelitas, todos lo quieren mucho. Con esto que ha ocurrido vienen constantemente a preguntar por él y a ofrecernos apoyo moral y ayuda con provisiones, porque esta situación nos ha afectado mucho. Pero tengo esperanza de que John saldrá de ahí, la verdad tiene que imponerse y será el próximo año que se gradúe”, comenta su papá visiblemente conmovido al hablar de su hijo.
John también es músico formado como percusionista en el Sistema de Orquestas, además forma parte del Comité del Comedor de la UCV, las autoridades rectorales de esa universidad emitieron un comunicado para exigir que se garantice la integridad física del estudiante y señala que las irregularidades del caso “configuran un estado de cosas que suscita serias dudas acerca de las actuaciones de los órganos del Estado competentes en la materia y sobre el respeto al debido proceso”.
La dinámica familiar ya no es la misma, fue alterada ese 30 de agosto cuando John cayó en manos de la policía. Solo algunas noches sus padres logran conciliar el sueño, su hermano menor lo extraña, cada acto diario gira en torno a John: reuniones con el abogado, entrevistas en medios de comunicación, diligencias en diversas instancias, llevar las comidas y artículos personales a la prisión. Poco más de un mes sin generar ingresos y con los ahorros mermando porque la (in)justicia demanda disponibilidad 24/7.
“Mi hijo es un muchacho brillante, una vez tuve oportunidad de hablar con uno de sus profesores y me felicitó por tener un hijo brillante”, dice el padre afligido y orgulloso, mientras a su esposa la invade el llanto: “La vida me cambió 100% pero no voy a parar porque mi hijo es un ser extraordinario, una persona tan joven, con apenas 24 años, que es capaz de ceder su puesto en la fila del comedor para que un trabajador coma primero, para que un estudiante tenga su comida del día, alguien así no puede ser una persona mala, él que comparte una arepa, un jugo con sus compañeros. Durante la pandemia ayudó a los bomberos a recolectar comida para entregarla a necesitados. Esos gestos hablan por sí solos”.
Los tratos crueles no se limitaron a ese cuarto donde torturaron a John. Cada día sus padres deben afrontar situaciones que solo el amor puede soportar. La inacción, las respuestas –cuando las hay, las irregularidades forman parte de la cadena de violaciones en torno al caso de John Álvarez. //
