Aspirantes a candidatas presidenciales, militantes de partidos políticos, mujeres ocupando cargos de representación y activistas por los derechos de las mujeres son blanco de ataques sistemáticos en el actual contexto prelectoral venezolano. La situación que constantemente gana nuevas víctimas conllevó a más de 200 organizaciones de derechos humanos a suscribir un comunicado para alertar sobre los hechos y exhortar a las autoridades nacionales y a organismos internacionales.
Una de las organizaciones que impulsó la iniciativa es el Centro de Justicia y Paz (Cepaz). Su investigadora Nicole Hernández, abogada de la Universidad Católica Andrés Bello con estudios avanzados en Derechos Humanos, explica que si bien no es un fenómeno nuevo en el país preocupa su agudización e impunidad. Hernández atiende la entrevista desde Argentina, país al que se vio forzada a emigrar en 2017 debido a la Emergencia Humanitaria Compleja. “Aquí me tocó de todo migrante, desprenderme de mi carrera para subsistir. Pasé por toda la etapa típica de la migración, pero con el tiempo entré en contacto con Cepaz, había trabajado con ellos en Venezuela. Ahora estoy enfocada a la investigación e incidencia”
¿Por qué la necesidad de emitir un comunicado sobre la violencia política por razones de género contra las mujeres que ejercen su derecho a la participación política en contexto preelectoral en Venezuela?
Básicamente, por una situación que estamos observando y nos preocupa. En Venezuela se está viviendo un contexto de violencia política que no es nuevo, pero que en este momento es necesario resaltar porque estamos en un periodo prelectoral en el que la violencia política se agudiza. Así que las organizaciones que se han sumado a este comunicado consideramos pertinente no sólo destacar el contexto de violencia política que atraviesa Venezuela, sino abordar el impacto diferenciado que tiene en las mujeres, en las lideresas políticas y en activistas, y poner en la mesa la violencia política que se produce en razón del género. Así que básicamente lo que hemos observado en los últimos meses es que hay una escalada de ataques, especialmente contra las mujeres que están ejerciendo cargos políticos o las mujeres que tienen aspiraciones políticas. También contra las activistas que defienden los derechos humanos de las mujeres.
¿Podría mencionar algunos de los casos que han observado?
Hemos documentado casos que son públicos en los medios digitales de información, como es el de María Corina Machado y el del Delsa Solórzano, pero también otros que hemos tenido que mantener en resguardo para proteger a las víctimas, casos muy graves de amenazas de muerte, amenazas de agresiones físicas, amenazas de privación de libertad; situaciones de violencia psicológica, verbal y física. Los medios de comunicación, como el propio canal del Estado, y las redes sociales están siendo utilizados para ejercer violencia digital basada en el género.
¿Qué perfil tienen las víctimas de los casos cuyas identidades mantienen en resguardo?
Son mujeres que están vinculadas con la política, perotambién hay mujeres vinculadas al activismo, a la defensa de derechos humanos y a la defensa de derechos políticos, sobre todo, de las mujeres.
¿Por qué consideran que se están dando estos casos de violencia política hacia las mujeres?
Primero, en Venezuela hay un contexto de persecución y criminalización que hemos documentado desde hace casi diez años. Eso es un hecho que afecta a tanto mujeres como a hombres, pero de manera diferenciada a las mujeres, porque como lo dice el comunicado las mujeres históricamente han sido víctimas de discriminación y de desigualdad. Es decir, a las mujeres siempre se les ha dificultado llegar a los espacios de poder. Esa situación no es nueva, para el liderazgo femenino no es fácil alcanzar estos espacios, sobre todo aquellos que tienen más alta jerarquía por varios aspectos, podemos hablar de los roles de género; de las pocas iniciativas que tiene el Estado para abordar la participación real y efectiva de las mujeres en posiciones de poder, entre otros; pero en este comunicado específicamente estamos hablando de la violencia política generalizada que tiene impacto diferenciado en las mujeres. Es decir, la representación de las mujeres o el liderazgo femenino entraña múltiples factores de riesgo, y la violencia política es uno de esos elementos. Entonces, se da porque no quieren a las mujeres en el poder, pero hay otros aspectos de esta discriminación generalizada hacia mujeres que pretenden alcanzar posiciones de poder. El espacio político ha sido considerado para hombres por lo que los mismos partidos políticos excluyen a las mujeres.
En Venezuela existe la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que, en teoría, abarca mucho aunque aún carece de reglamento. ¿La violencia política está incluida en esta norma legal?
En efecto, la ley es muy completa y además se le han hecho múltiples reformas. La última tipifica la violencia política como un tipo de violencia que vulnera el derecho de las mujeres. Define la violencia política como una acción que imposibilita el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad. No nos parece poco que esta reforma haya incluido la violencia política, pero se queda en el papel, porque la violencia política es un hecho y las mujeres en Venezuela no son protegidas, no hay medidas de prevención contra la violencia y una vez que la mujer está siendo víctima tampoco hay medidas de protección. En la práctica, la mujer está desprotegida y el Estado no le brinda la garantía de los derechos que debiera brindarle.
A mi juicio, la ley sería suficiente para obligar al Estado a cumplirla, aunque todavía no tenga reglamento. Es más, también existen convenciones internacionales que obligan al Estado a atender estas situaciones; o sea, esto no se limita al marco normativo nacional, podemos recurrir a un marco normativo internacional que el Estado no está cumpliendo. Entonces, ¿es necesario un reglamento? Sí, pero no es que la ley no se cumple porque no haya reglamento, porque las obligaciones existen a nivel nacional con la ley y en el plano internacional con los compromisos internacionales que tiene el Estado en materia de garantía de los derechos de las mujeres.
¿Ante la gravedad de algunos casos y la situación en general han tenido la oportunidad de entregar el comunicado a alguna instancia nacional o reunirse con alguna autoridad que pueda tomar cartas en el asunto?
Bueno, por ahora el comunicado se hizo público y también estamos creando un plan de incidencia. Lamentablemente, el sistema nacional no responde, no solo en casos de violencia de género, sino que en líneas generales no hay acceso a la justicia ni a protección. Por eso hemos tenido que recurrir al sistema internacional para visibilizar la situación. Al final hay una serie de peticiones que van al Estado, pero que también van a los organismos internacionales para que le haga seguimiento al tema y continúe haciendo este monitor a la situación de Venezuela como lo ha hecho en los últimos años.
Nos dirigimos al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y estamos evaluando la Corte Penal Internacional que ha reconocido la persecución como un crimen de lesa humanidad por el hecho de que todo esto está inserto en un contexto de persecución política.
¿Considera que la situación de violencia contra las mujeres en Venezuela las empuja a abstenerse a participar bien sea en la política o en el activismo, e incluso emigrar?
Sí, absolutamente. Si a las mujeres les ha costado lograr las posiciones de poder también es por el miedo a ser discriminadas o a ser violentadas, porque nos enseñaron que esos espacios políticos son para hombres. El hecho de que hoy tengamos que reguardar la identidad de algunas víctimas y no podamos hablar abiertamente de sus casos nos indica que el miedo existe en las mujeres, tanto en las activistas como en las lideresas políticas que siguen participando, a pesar del miedo, pero lo hacen más calladas.
En el comunicado expresan preocupación por otra situación, si se quiere a la inversa, en la que observan una tendencia a la instrumentalización de mujeres para llevar a cabo actos de violencia política en contra de hombres. ¿Qué hace pensar que es un patrón y no hechos improvisados y espontáneos?
Lo vemos como un patrón, no como actos improvisados ni casualidad. Analizamos el caso de la violencia que sufrió recientemente Henrique Capriles de parte de un grupo de mujeres, pero lo vemos en otros casos en los que los líderes políticos de oposición, que es el foco del gobierno, han sido violentados por grupos de mujeres, siempre son mujeres. Entonces, cuando analizamos lo vemos como un patrón, las mujeres –en efecto– son instrumentalizadas para agredir el liderazgo político opositor y especialmente a los hombres para que si ellos de alguna manera se resisten en los momentos de agresión, se defienden o hay aunque sea un empujón o alguna forma de frenar la situación, entonces puedan ser denunciados y acusados de violencia de género porque agredieron a estas mujeres. //
