Una foto con Juan Guaidó durante un acto para la recuperación de la industria petrolera fue su boleto a la cárcel, o eso se puede inferir ya que es la única “prueba” que forma parte del expediente contra el ingeniero Guillermo Zárraga, trabajador de PDVSA que fue detenido arbitrariamente en 2020 e involucrado en el caso del supuesto espía gringo.
Al parecer al Estado no le ha importado mucho que su argumento principal en la acusación contra Zárraga no coincida con los hechos: en el expediente se afirma que el ingeniero fue atrapado in fraganti cuando entregaba información estratégica de las instalaciones de la industria petrolera al americano Matthew Heath aunque al momento en que el ingeniero fue detenido el ex marine tenía 66 días preso en los sótanos de la DGCIM.
Ana Emilia Medina de Zárraga asegura que su esposo fue detenido el 14 de noviembre de 2020 a las 3:00 de la madrugada en su casa por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar que lo apuntaron en la cabeza delante de ella y de sus nietas de 15 y 5 años de edad que vivían con ellos. Tres días antes una comisión del Sebin lo había interceptado en una plaza cerca de su casa en Coro, estado Falcón, y lo trasladaron a Punto Fijo para una “entrevista” ordenada por el entonces ministro el Tarek el Aissami que duró de 9:00 a casi 5:00 pm. Le hicieron más de 20 preguntas sobre su trabajo –del cual fue suspendido a raíz de su asistencia el evento en Caracas con Guaidó–, sobre su participación en el sindicato en el cual se desempeñaba como secretario de reclamos, si conocía al secretario del sindicato para ese entonces Iván Freites, y también le hicieron unas advertencias. “La próxima no seremos tan suaves”.
Uno de los hijos de Zárraga que es ingeniero en telecomunicaciones y trabajaba en la industria petrolera, en las refinerías de Amuay y Cardón, se vio obligado a abandonar el país abruptamente porque contra él también se libró una orden de aprehensión.
Aunque las horas de la detención y los argumentos no coinciden con los hechos, en la audiencia de presentación al ingeniero Zárraga le imputaron los delitos de asociación para delinquir, traición a la patria y terrorismo; sin embargo, meses después en la audiencia preliminar la imputación cambió por asociación para delinquir y divulgación de información confidencial.
Pese a las arbitrariedades en torno a este caso, el proceso judicial fue relativamente fluido, explica Ana Emilia Medina de Zárraga, estaban a las puertas de la audiencia de conclusiones sin nada que demostrara la participación de los involucrados cuando ocurrió la liberación de Heath en un acuerdo de intercambio por los sobrinos de Cilia Flores que para ese entonces estaban presos en una cárcel en Nueva York acusados por un caso de tráfico de drogas. “Desde ese momento para nosotros ha sido terrible porque ya se ha reiniciado el juicio cuatro veces por diversos motivos, todo lo que se avanzó en el primero se perdió. Es ilógico que si se le dio un beneficio a Matthew se pretenda su comparecencia si él está en su país; pero además a los demás involucrados los tienen presos en distintos lugares lo que dificulta el traslado de todos para las audiencias, también se enfermó el juez… y así por diversos motivos se difieren las audiencias”.
“Además, la situación en tribunales es muy crítica, muchas horas de espera en los sótanos sin agua, alimentos, medicinas, porque ahora no lo permiten y las condiciones en las que esperan las audiencias en esos sótanos es deplorable”.
La esposa de Zárraga vive en el estado Falcón, por lo que viajar a Caracas cada vez que fijan audiencia es complicado, muchas veces imposible, por lo que las visitas a su esposo se han reducido drásticamente porque además su salud también se ha deteriorado con hipertensión y problemas de rodilla que le dificultan la movilidad. No tienen familiares en Caracas, solo “ángeles terrenales” que velan por él.
Cuando fue detenido, el ingeniero Zárraga fue trasladado a los sótanos de la DGCIM donde fue ubicado junto a otras 30 personas en un pasillo iluminado con luz LED día y noche, los mantenían hacinados en colchones en el piso, nunca salieron al sol, “no sabían cuando era de día y cuando de noche”, relata su esposa.
Luego fue trasladado a Yare donde Zárraga sintió por primera vez que era un preso, pues mientras permaneció en la DGCIM se percibía como secuestrado. Sin embargo, aunque en la cárcel mirandina se topó con un subdirector al que había que pagarle “por todo”. Con el paso del tiempo la salud de Zárraga se ha deteriorado paulatinamente, aunque en los últimos meses ha sido acelerado, al punto que su familia e incluso Amnistía Internacional temen por su vida a raíz de un síncope cardíaco que sufrió y le causó lesiones cuando cayó desfallecido. El hombre ha perdido 27 kilos de peso, tiene anemia, tensión baja, los valores prostáticos alterados y depresión. Cuatro veces le han negado la posibilidad de ser trasladado para recibir atención médica.
Las secuelas de esta detención arbitraria alcanzan a toda la familia, hijos forzados a emigrar, una esposa enferma y disminuida en sus capacidades, e incluso los más pequeños, sus nietas que presenciaron la irrupción violenta de los agentes a la casa, el sometimiento y la detención de su abuelo. La más pequeña, que en ese entonces tenía 5 años de edad, sigue sin superar el episodio al punto que no le ve sentido a estudiar al saber que su abuelo que estudió tanto está preso; además del impacto que ha sido estar separada de sus abuelos.
Lo que pide y busca Ana Emilia Medina de Zárraga es que su esposo sea enjuiciado en libertad, tal como lo establece el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal referido a detención preventiva tras la reforma de septiembre 2021: “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años”. De haberse cumplido ese precepto debieron haber sido liberados 67 presos políticos para ese entonces.
“Si eso es lo que establece el Código y ellos quieren verdaderamente cumplir con la ley por qué siguen llevando este absurdo juicio de esa manera, es la cuarta vez que debe comenzar de cero. ¿Por qué no le dan la libertad y que el proceso continúe para así nosotros controlar su salud? Si tiene que ir a un proceso judicial que lo haga en libertad, es lo que establece la ley, vamos a cumplirla. Es lo que pido, mi esposo que no es ningún delincuente, es una persona honorable”.
Actualmente, desde el 14 de julio pasado, tras la última orden de revocar la competencia al juez Aquiles Vera, titular del Tribunal Octavo de Juicio y Tercero en materia de Terrorismo que llevaba la causa –medida que afectó 45 casos individuales y colectivos– no se conoce cuál será el nuevo juzgado que conocerá el caso, por ende el proceso está en el limbo mientras al ingeniero Guillermo Zárraga y a los demás involucrados los mantienen detenidos arbitrariamente con su salud en permanente riesgo, lo cual constituye una violación al debido proceso y al principio de inmediación –establecido en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal– que impone a Vera su obligación de llevar adelante todo el juicio y dar una conclusión.
A Zárraga y su familia les llegó la información de que la causa sería transferida al Tribunal 29 de Juicio a cargo de la joven jueza Alejandra Romero, pero al parecer ella no quiere hacerse cargo del caso y cuatro días después, el 18 de julio, declaró el tribunal sin despacho. Las irregularidades y la incertidumbre se extienden como un oscuro manto sobre el caso.
