Faisal Yamil es un joven abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame (EE UU) y especialización en Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Lucerna (Suiza) que a través de sus labores en un escritorio jurídico en Caracas inició su experiencia en el campo del litigio ante el Sistema Universal de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano que a su vez lo conectó con organizaciones de la sociedad civil venezolana. Actualmente, realiza trabajos de incidencia para el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ante organismos internacionales, al tiempo que es investigador asociado en un laboratorio de diseño y cumplimiento de reparaciones en casos de violaciones de derechos humanos del Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame.
Hace unos días fue presentado el informe Sin cumplimiento de recomendaciones no puede haber justicia en el que una coalición de organizaciones ofrece un diagnóstico de las tareas pendientes en materia de justicia por parte del Estado venezolano y en el cual usted participó. ¿Qué los motivó a hacer este informe?
Hicimos este informe en vísperas de cumplirse cuatro años del primer informe que emitió la Oficina del Alto Comisionados Nacionales Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela de conformidad con el mandato que le impuso el Consejo de Derechos Humanos de monitorear constantemente la situación de derechos humanos en el país y hacer sus observaciones y recomendaciones. Hemos observado que a lo largo de los años, tanto las recomendaciones que se han emitido por parte de la Oficina de Alto Comisionados en sus informes desde el año 2019 como las que ha elaborado la Misión Internacional de Determinación de Hechos para Venezuela, se han acumulado de manera excesiva aun cuando van orientadas a mejorar y atender la crisis de derechos humanos que impera el país. Y lo que se ha determinado con esto es que el Estado venezolano ha decidido no actuar. Su política se ha inclinado a recibir y recibir más recomendaciones, acumularlas y no tomar los correctivos suficientes. Por ello vimos necesario hacer un diagnóstico transparente y objetivo, más aun en esta etapa de la Emergencia Humanitaria Compleja,
Decidimos enfocar el informe en el aspecto de justicia porque las grandes deudas institucionales de Estado de Derecho, de sistema de justicia, de pilares democráticos, siguen estando más latentes que nunca y hasta que esos asuntos en materia institucional no sean tratados las otras tantas áreas de la Emergencia Humanitaria Compleja y de la crisis general de derechos humanos en Venezuela tampoco podrán ser abordadas de forma efectiva. Y por eso es que en este momento hacer un diagnóstico sobre el cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia para combatir ese apaciguamiento, esta aparente normalización de Venezuela, es trascendental. Quisimos evidenciar que hay grandes retos por cumplirse en el país y que, en definitiva, la situación de derechos humanos y, por tanto, la vida, dignidad y bienestar de las personas no ha mejorado.
¿De qué sirve la observación internacional, los informes que emiten las diferentes instancias sobre Venezuela y las recomendaciones que dan al Estado si son desatendidas o incumplidas?
Estas obligaciones no vencen. El Estado se ha obligado a sí mismo a formar parte de este sistema, a cumplir con estas obligaciones al haber suscrito tratados sobre esta materia. Y a pesar de que no veamos que se estén tomando los correctivos necesarios, la apuesta es a que en algún momento, dado el peso que tienen estas obligaciones, la presión internacional y la presión interna, pueda desencadenar en un cumplimiento efectivo y que se empiecen a tomar las medidas pertinentes. Lo bueno de este trabajo de monitoreo que hacen los sistemas internacionales de protección es que, en primer lugar, nos ayuda a crear una memoria histórica de la documentación de las violaciones de derechos humanos en el país, esa es una memoria imborrable, y es algo con lo que todavía se puede hacer algún tipo de trabajo de incidencia y de exigibilidad. Y por otro lado, las recomendaciones son la opinión experta de un conjunto de personas que ha evaluado la situación, que ha sabido diagnosticar cuáles son los grandes desafíos, las necesidades más importantes y cuáles son los mecanismos y las medidas que se deben tomar para atender esa crisis. Y a pesar de que el Estado no esté cumpliendo hoy no implica que no pueda ser hallado internacionalmente responsable por no cumplir con sus obligaciones, y que eso conlleve a que estas medidas sí sean honradas y en definitiva las personas mejoren la situación de sus libertades, la dignidad y, por supuesto, la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.
El hecho de que se hayan acumulado tantas recomendaciones a lo largo de cuatro años pareciera que lo convierte en un enorme trabajo por hacer, más aun teniendo en cuenta que es un problema estructural, ¿Por dónde se podría o debería comenzar?
Las recomendaciones son muy claras y hay unas medidas muy concretas de lo que se puede hacer. Y desde mi punto de vista uno de los grandes retos, pero fácil de abordar porque se tiene una fórmula establecida, es garantizar la independencia y la imparcialidad de los operadores de justicia, revirtiendo la provisionalidad. En Venezuela, como ha sido diagnosticado tanto por la Oficina del Alto Comisionado como por la Misión de Determinación de Hechos, más del 95% de los jueces y fiscales son provisionales, y eso implica que no tienen estabilidad en el cargo y que pueden ceder ante presiones externas e internas. Eso puede ser garantizado.
En estos cuatro años transcurridos desde el primer informe con recomendaciones ¿cómo evalúa la situación del sistema de justicia en Venezuela? ¿Cree que está en las mismas condiciones de ese entonces o cree que se ha agravado?
Si hacemos un análisis a profundidad se evidencia que no ha habido mejora, al contrario hay situaciones y ciertos indicadores que nos hacen pensar que ha empeorado; por ejemplo, la persecución continúa, la provisionalidad de jueces sigue imperando. La conformación del Tribunal Supremo de Justicia está llena de irregularidades. Las personas cada vez tienen menos posibilidades de acceso material y legal al sistema de justicia. Existen grandes patrones de desigualdad y discriminación con violencia, incluso institucional, basada en género, en el sistema de justicia. Lo cierto es que todavía hay mucho por hacer. Aun cuando se ha querido hacer ver que la aprobación de ciertas reformas legislativas y otras acciones han sido para atender esta necesidad en el sistema de justicia la verdad es que estas reformas y las leyes que se han sancionado no están siendo efectivamente aplicadas y muchas de ellas no se cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. Hay un gran problema estructural, sistémico y endémico que necesita atención.
¿Qué aspectos llamaron más la atención durante el proceso de compilación y análisis?
Algunas de las cosas interesantes y más positivas de cara al camino por recorrer es que muchas de las recomendaciones coinciden en varios puntos que además son transversales a todas las áreas de derechos humanos. Y eso, por un lado, nos indica que lo denunciado por parte de la sociedad civil y otros actores ha sido debidamente verificado y que en efecto son situaciones y problemas que están sucediendo, y por eso las recomendaciones son muy enfáticas en un mismo tema. Y, por otro lado, nos permite trazar una hoja de ruta efectiva, clara y que tiene un argumento de autoridad porque fue formulada por expertos independientes, y eso nos permite a todos los actores posibles, incluidos los tomadores de decisiones, manejar un lenguaje común, transparente y objetivo que nos daría lugar a transitar un mismo camino para atender la crisis y la Emergencia Humanitaria.
En el momento en que el Estado decida actuar para cumplir estas recomendaciones ¿requeriría el apoyo y el acompañamiento de las organizaciones en la sociedad civil?
Sin duda, las organizaciones de la sociedad civil están compuestas por expertos que han manejado estos temas por años, que se han formado, que han elaborado planes para atender esta Emergencia Humanitaria y la crisis institucional, y que han estudiado experiencias comparadas, que tienen lazos con mecanismos de protección internacional que pudiesen también dar algún tipo de apoyo y asistencia técnica. Un proceso de reforma institucional y de fortalecimiento del sistema de justicia tiene que incluir a la sociedad civil organizada, sin eso caeríamos nuevamente en el mismo ciclo de vicios y probablemente se traduzca en que no se estén tomando los correctivos de forma efectiva.
¿Considera que para el Estado tiene algún costo el hecho de hacer caso omiso a las recomendaciones de estas instancias?
Sí, claro. Lo que sucede es que la rendición de cuentas en la justicia internacional es lenta porque es un sistema muy complejo. Es lenta, pero es segura y lo hemos visto poco a poco con ciertos indicios que han mostrado el avance de la investigación por presuntos crímenes de la humanidad que se ha cometido en el país. Y precisamente eso está ocurriendo porque el Estado no ha tomado las medidas para atender las necesidades del sistema de justicia. Si el Estado hubiese demostrado que tiene la capacidad de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos en el ámbito local a través de sus propios tribunales no obtendríamos una decisión de la Corte Penal autorizando la continuidad de la investigación de esos crímenes. Y eso tiene un costo, sin duda, un costo que implica afectaciones directas a la operatividad del Estado con sus pares que son otros Estados, porque la baja reputación en materia de derechos humanos tiene implicaciones en materia comercial y diplomática y, por supuesto, es algo que afecta a las personas que integran la cúpula del poder porque son los que están implicados y eventualmente serán señalados a través de una investigación de la Corte Penal Internacional.
Eso por un lado, y luego podemos ver también que los países que forman parte del bloque más garantista de derechos humanos y democráticos siempre están atentos a esta situación a la hora de establecer algún tipo de alianza comercial y financiera. El hecho de que el gobierno de Venezuela siga teniendo restricciones económicas por parte de ciertos países afecta el manejo de las relaciones internacionales. Y todo esto se debe en gran parte al problema de derechos humanos en el país y a la falta de cumplimiento y cooperación del Estado. Son cosas que de pronto no vemos de la manera más palpable y visible posible, pero sí son contramedidas que se han ido aplicando en virtud de las normas de Derecho Internacional para presionar al Estado y conducirlo al cumplimiento de su obligación. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, por un lado el tiempo, como lo he mencionado, es algo que toma bastante tiempo, esfuerzo y recursos. Y, por otro, la narrativa de normalización y de supuesto mejoramiento en el país sí ha causado algún tipo de degaste en la presión hacia Venezuela.
En días pasados se conoció la noticia de que la justicia argentina decidió aplicar la jurisdicción universal para investigar algunos casos de presuntos crímenes en la humanidad en Venezuela. ¿Qué se pudiera esperar de este proceso?
Sí, en primer lugar hay que aclarar que en países donde hay un cierto nivel de institucionalidad los poderes del Estado tienen independencia e imparcialidad, entonces, el hecho de que el Poder Ejecutivo o la administración de turno tenga algún tipo de simpatía y relaciones fuertes con el gobierno de Venezuela eso no implica que los tribunales respondan a ese mismo criterio. Entonces, quisiéramos pensar que la justicia argentina va a operar con imparcialidad e independencia. Y a pesar de que los dos gobiernos puedan tener algún tipo de relación la justicia va a avanzar por sí sola sin verse influenciada por eso. Por otro lado, es un proceso muy complejo porque es una regla excepcional el hecho de que en un país tercero, ajeno, se estén investigando cosas que sucedieron en otro país. Pero lo cierto es que la jurisdicción universal se aplica con regularidad en el mundo moderno, al año hay aproximadamente unas 20 sentencias en las que se aplica jurisdicción universal en el mundo.
No es la primera vez que un tribunal argentino se involucra de esta manera con las graves violaciones de derechos humanos que sucedieron en otra jurisdicción. Sólo por nombrar un caso, recordemos allí se investigaron y hubo un proceso abierto contra militares que formaron parte de la dictadura de Franco en España por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante estos años. Y por otro lado, es algo que tiene fundamento en el Derecho Internacional. La jurisdicción universal se basa en una costumbre internacional de sancionar e investigar las atrocidades que afectan de alguna manera la moral de la comunidad internacional, porque un hecho de tal gravedad puede tener algún tipo de impacto en el desenvolvimiento de la humanidad. Lo veo como una de las tantas opciones de garantía de acceso a la justicia que están operando en la actualidad y por eso hay que recibirla con los brazos abiertos, verla con buenos ojos y apoyar en lo que sea posible a las víctimas que estén buscando justicia a través de ese mecanismo. Es algo que está iniciando y que puede tomar años, como cualquier juicio de esta naturaleza, pero es complementario y, digamos, necesario en vista de la falta de operatividad y de funcionalidad del propio sistema venezolano de sancionar e investigar estos hechos. //
