La Oficina del Alto Comisionado pide al Estado venezolano que «se investiguen con prontitud, independencia, imparcialidad y eficacia, a todos los niveles de responsabilidad, las presuntas violaciones de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la integridad de las personas, la libertad y la prohibición de la tortura. Venezuela debe adoptar medidas para prevenir, mitigar y sancionar todo ataque, intimidación y criminalización de personas con voces consideradas disidentes, y asegurar la participación significativa, inclusiva y vial de los actores para garantizar el pleno disfrute del espacio cívico».