El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (la «CPI» o la «Corte») emitió su decisión autorizando a la Fiscalía de la CPI a reanudar su investigación en la situación en la República Bolivariana de Venezuela I (la «Situación» y «Venezuela», respectivamente).
La Sala, integrada por los magistrados Péter Kovács (presidente), Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, examinó la solicitud de la Fiscalía, las observaciones de las autoridades venezolanas competentes, que colaboraron activamente con la Corte en estas actuaciones, así como 1.875 presentaciones de opiniones y preocupaciones transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas. La Sala concluyó que, si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procedimientos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía.
La Sala llegó a esta conclusión a partir de las observaciones y el material que tenía ante sí. En relación con los factores que la Sala consideró determinantes para su conclusión, encontró que parece que Venezuela no está investigando las alegaciones de hecho subyacentes a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, y que el enfoque de las investigaciones nacionales parece estar generalmente en los autores directos y/o de menor nivel.
Como parte de su consideración de los factores restantes, la Sala observó que Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicada. La Sala también observó que las investigaciones nacionales parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar – refiriéndose en particular a la intención discriminatoria subyacente en el presunto delito de persecución y la aparente insuficiente investigación de los delitos de naturaleza sexual.
Esta conclusión no impide que Venezuela aporte material en el futuro para que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad. Además, cuando la Fiscalía presente un caso real, podrá llevarse a cabo una nueva evaluación de la admisibilidad. La Sala destacó que la evaluación del estado de los procedimientos internos es un proceso continuo y requiere un diálogo permanente entre el Estado pertinente y la Corte para garantizar que se respete el principio de complementariedad con respecto a las investigaciones y enjuiciamientos autorizados por la Corte.
Decisión por la que se autoriza la reanudación de la investigación de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del Estatuto.
