La justicia venezolana, en particular su cooptación por parte del gobierno y su incapacidad para cumplir la misión que le encomienda la Constitución —proteger los derechos de los ciudadanos y castigar las infracciones a la ley— volvió a estar en la agenda de organizaciones y organismos internacionales. Dichas instancias dejaron en claro que las reformas legales e institucionales puestas en marcha por las autoridades nacionales en los últimos dos años no han rendido frutos, por cuanto en su mayoría han sido cosméticas.
A esta conclusión arriba el informe anual 2022 de Acceso a la Justicia, titulado El estado de la justicia y del Estado de Derecho en Venezuela, en el cual se da cuenta de los pronunciamientos y críticas lanzadas a lo largo del año pasado por seis instancias internacionales.
