Las organizaciones de derechos humanos firmantes han reiterado la necesidad de garantizar los derechos humanos durante las investigaciones y sanciones de los funcionarios involucrados en el escándalo por la corrupción en Venezuela. El comunicado también hace hincapié en la importancia del derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia, que son derechos fundamentales de cualquier persona privada de su libertad en el país.
Se mencionan preocupaciones en relación con la selección unilateral de jueces y fiscales, la prisión preventiva en instalaciones del SEBIN y la DGCIM, y la falta de acceso a una representación legal. Además, se destacan las declaraciones de altos funcionarios que violan el principio de la presunción de inocencia.
El Estado tiene la obligación de investigar a todos los responsables de la corrupción estructural y de gran escala que afecta al país, pero también debe desmontar los mecanismos y políticas institucionales que la han generado. En particular, la falta generalizada de acceso a la información y la ausencia de memorias y cuentas auditables que permitan la auditoría social han favorecido la corrupción en Venezuela y la impunidad de los perpetradores.
