Tamara Taraciuck, directora de la División de las Américas de la organización internacional Human Rights Watch habla de la situación de los derechos humanos en Venezuela no solo basándose en el conocimiento por el cargo que ocupa y por su amplia experiencia como investigadora en la región, sino con una aproximación más cercana pues nació en Venezuela aunque su marcado acento sureño destaca. Alerta sobre los riesgos que afrontan las organizaciones de la sociedad civil venezolana más aun ante la cercanía de un año electoral
En enero su organización Human Rights Watch emitió el informe anual más reciente sobre Venezuela. ¿Cuáles son los hallazgos que más destacaron al observar la situación de derechos humanos en Venezuela en 2022?
Creo que hay una percepción errada fuera de Venezuela de que la situación en materia de derechos humanos está mejor porque existe una semblanza de normalización económica con la dolarización, con que no se ven protestas masivas con gente reprimida en las calles o porque no hay las largas colas que se vieron en su momento para acceder a medicinas o comida. Pero esa imagen es equivocada, lo que nosotros vemos es que hay un esfuerzo enorme por parte de las autoridades de generar nuevamente vínculos con el exterior apoyándose en esa imagen de mejoría, pero la realidad es que en materia económica la situación sigue siendo muy difícil. Son altísimas las dificultades para acceder a medicinas o comida para quienes no están en la selecta minoría que tiene suficientes dólares y la represión existe, pero de una manera más deliberada y más selectiva.
En el informe del año 2022 que publicamos en enero hay capítulos de más de 90 países que son como fotografías de la situación de derechos humanos en cada país y en el capítulo sobre Venezuela resaltan varios temas, entre ellos que continúa la represión de voces críticas, de opositores políticos, hablamos de los problemas de derechos humanos vinculados con el control del territorio que ocupan grupos armados irregulares, sobre todo en zonas fronterizas, también resaltamos la falta de independencia judicial que ha llevado a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en Venezuela. Y en el contexto penal se hace hincapié en la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de avanzar en su investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y hemos trabajado muy fuertemente para apoyar el trabajo en la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas que también estableció que hay evidencia de crímenes contra la humanidad y que hay complicidad judicial en estos abusos como mecanismo para la rendición de cuentas internacional ante la falta de justicia en Venezuela.
Y luego también tenemos una sección en la que hablamos de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela con millones de personas que no tienen acceso a atención básica de salud ni a una nutrición adecuada, así como la consecuente crisis de refugiados que estamos viendo en las 7 millones de personas que han salido del país desde 2014, es la crisis más grande en cuanto a números y porcentaje de población que hemos visto en América Latina en muchísimo tiempo.
Tal como ustedes lo mencionan en el informe y pese a que el mundo está tan pendiente del tema de los derechos humanos en Venezuela y para ello hay varios mecanismos internacionales activos, sin embargo las vulneraciones y ataques persisten e incluso se han expandido peligrosamente hacia otros sectores. ¿Cuál es el análisis que HRW hace al respecto?
Creo que lo que ocurre desde la comida internacional a veces es como un cansancio de lo que ocurre en el país y cuesta conseguir que actores internacionales le sigan prestando atención a Venezuela. Me refiero a los gobiernos y también por el contexto global en el que estamos con la guerra contra Ucrania, la necesidad de más petróleo son condiciones que han cambiado el escenario global. Lo que sí existe aún es como una presión fuerte de los mecanismos que buscan rendición de cuentas a nivel internacional y eso es muy importante. Y por otra parte creo los intentos de negociación en Venezuela no pueden ser un mecanismo para que el régimen compre tiempo, sino que debería ser el mecanismo para efectivamente lograr avances en materia electoral, en la liberación de presos políticos, pero no lo hace, el régimen no hace concesiones voluntariamente, sino que las hace bajo presión. En ese contexto, los mecanismos de rendición de cuentas internacionales como la Fiscalía de la Corte Penal o la Misión de Determinación de los Hechos son importantes porque son los mecanismos de rendición de cuentas que no existen dentro de Venezuela.
¿Cómo compara la situación de derechos humanos en Venezuela con años anteriores?
No me gusta hacer comparaciones porque en un caso como el de Venezuela hay tantos factores distintos a considerar que es difícil establecer un patrón lineal. Venezuela es un país donde tenemos tres crisis de derechos humanos simultáneas: la de arremetida contra los opositores y las voces críticas, la crisis humanitaria y la crisis de refugiados. Creo que en las tres vemos grandes señales de alarma que continúan y el riesgo es que lo que decía al comienzo, que la aparente normalización económica sea percibida como que la situación en general en el país está mejorando, y en materia de derechos humanos seguro no está mejorando.
¿Qué opina HRW de los cambios que ha hecho el Estado venezolano en el Poder Judicial, considera que son insuficientes o que van en la línea de lo que se debería hacer para garantizar independencia de poderes, justicia y respeto a los derechos humanos?
El camino para eliminar la independencia judicial en Venezuela comenzó hace muchísimos años, desde 2004 con la famosa Ley Orgánica del Tribunal Suprema de Justicia y es muy difícil desandar ese camino. Los esfuerzos de modificar la Ley Orgánica del TSJ de la Asamblea del año pasado son absolutamente insuficientes porque se adoptó un proceso de selección de magistrados que no fue independiente, pues hay una prohibición constitucional de reelección de los magistrados y aun así se designaron a quienes durante su gestión no habían ejercido los más mínimos frenos y contrapesos que el sistema. Entonces, creo que todavía resta mucho por hacer en esta materia para conseguir una justicia que investigue delitos, en particular en aquellos casos tanto de delitos comunes o de corrupción, como de abusos de derechos humanos que involucren a las altas esferas del poder.
¿Cómo ve el impacto que ha tenido en las autoridades venezolanas la investigación de la Corte Penal Internacional porque pese a su molestia por este proceso se siguen cometiendo graves irregularidades y abusos, incluso con casos que son de conocimiento de la Corte?
Yo creo que les duele mucho la investigación de la Fiscalía, allí está el más reciente comunicado desmintiendo y con lo que ellos llaman una agresión mediática y aludiendo el carácter político de la CPI son reacciones que demuestran que está haciendo la Fiscalía de la Corte les molesta y les duele. Y me parece que eso es razonable porque nadie quiere ir preso y hoy en Venezuela la impunidad está garantizada, pero fuera de Venezuela no es así y la CPI es un tribunal que puede investigar no la responsabilidad del Estado, sino la responsabilidad de individuos implicados en los crímenes más graves. Entonces, creo que es una oportunidad para que las víctimas tengan acceso a una justicia que en Venezuela no exista.
Desde el año pasado se asomó en la Asamblea Nacional la amenaza del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, y aunque durante varios meses no se supo nada al respecto recientemente resurgió y fue aprobado en primera discusión legislativa. ¿Qué análisis ha hecho su organización sobre este proyecto de ley?
Este proyecto de ley es gravísimo. Si se aprueba tendría un efecto grave para intentar obstaculizar o criminalizar el trabajo de la sociedad civil e intensificar el cierre del espacio cívico. Esto no es nuevo. Hace años que existen intentos por parte de las autoridades para limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Pero esta ley tiene un lenguaje muy problemático, crea un régimen uniforme para que las organizaciones se constituyan y se registren, incorpora obligaciones de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo que tiene normas muy vagas que permite la posibilidad de criminalizar el trabajo y criminalizar la recepción de fondos internacionales por parte de las ONG y las obliga a inscribirse, si no lo hacen o si no revelan de dónde viene el dinero que reciben pueden ser multadas y otros requisitos que si se rigen por eso estas oenegés no podrán hacer nada. Y esto es particularmente grave en un contexto en el cual ejercen una labor fundamental de apoyo a las víctimas, de documentación de casos y de exponer los abusos en el país. Entonces, creo que es muy grave en el contexto general y sobre todo de cara a las elecciones que están programadas para 2024 y 2025, porque vemos que en los periodos electorales se puede intensificar la represión, entonces son estas organizaciones de la sociedad civil las que en esas épocas típicamente monitorean la situación.
¿Cree que con este proyecto de ley y otras acciones Venezuela está tomando la senda de lo que ocurre en Nicaragua?
¡Espero que no! La situación en Nicaragua es extrema, desde 2018 hasta ahora se han cerrado más de 3.100 organizaciones que son más o menos la mitad de las organizaciones que estaban registradas en el país y ha venido acompañado de represión contra la Iglesia católica, contra los candidatos presidenciales… Creo que el riesgo siempre existe y por eso es importante que los países democráticos de la comunidad internacional le pongan el ojo a lo que está pasando en Venezuela, que rechacen este proyecto de ley en este momento antes de que se adopte y que presionen a las autoridades para que existan unas mínimas condiciones electorales que tienen que incluir el ejercicio libre del periodismo y que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar.
¿Qué deberían hacer las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela teniendo en cuenta los crecientes riesgos y amenazas que se ciernen sobre ellas?
Primero, el trabajo que hacen las organizaciones que están en el país es valiosísimo, es un trabajo muy valiente que cuenta con todo el apoyo de organizaciones como la nuestra y otras organizaciones internacionales también y saben que cuentan con el respaldo nuestro, eso significa que estaremos pendientes de cualquier tipo de ataque a la sociedad civil, como sería la adopción de esta ley. Es importante que las organizaciones puedan seguir haciendo su trabajo, por supuesto cuidando varios aspectos para evitar mayores riesgos.
¿Es en estas tres áreas donde HRW tiene enfocado su trabajo de monitoreo y documentación en Venezuela?
Sí, en esas tres grandes áreas hemos trabajado y también en el tema de la violencia de grupos armados en la frontera con Colombia y en las minas de oro en el sur, que toca el tema de los derechos de los pueblos indígenas y la minería ilegal.
¿Cómo observan la crisis de refugiados?
Diría que los que salen afrontan desafíos en los países de tránsito y también en los países de acogida, que van desde cómo regularizar el estatus legal que permita que puedan trabajar legalmente y evitar abusados, pero también nos preocupa los enormes riesgos que enfrentan sobre todo aquellos que persiguen cruzar la selva de Darién, pues los venezolanos son la nacionalidad más alta en cantidad de personas que han cruzado en el último año. Creo que ahí hay un tema más de agenda tiene que ver no solo con las razones por las cuales se van del país o las dificultades que enfrentan cuando deciden quedarse en los países, sino también los riesgos en el tránsito y eso debe ser una agenda regional, pues no es un tema que pueda ser solucionado por un solo país.
