De la voz del director de la organización Acceso a la Justicia se conoció la detención de la defensora de derechos humanos y docente universitaria María Fernanda Rodríguez tras el encuentro que las organizaciones de la sociedad civil sostuvieron en Caracas con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Turk. Para el abogado y profesor en Derecho Internacional Humanitario y en Derechos Humanos, las crecientes amenazas del Estado sobre el trabajo de las organizaciones no deben obstaculizar la denuncia sobre la situación en Venezuela tanto en el ámbito nacional como internacional
La entrevista
¿La visita al Alto Comisionados estaba prevista o es algo que toma de sorpresa a las autoridades?
No, es algo previsto, en una reunión de diciembre con oficiales de la oficina se había asomado la posibilidad de que esto ocurriera. Y además el funcionario no puede venir al país si no es debidamente invitado por el gobierno. Es una visita como parte de la gira que hace el nuevo Alto Comisionado. Hace unos días se avisó a las organizaciones de la sociedad civil que ocurriría y que habría posibilidades de reunirnos con él
Entonces, teniendo en cuenta que es una visita esperada llama más la atención algunas acciones de los últimos días, por ejemplo, el año comenzó con una gran conflictividad laboral, ha habido represión, detenidos, perseguidos por esa causa, además un periodista de un importante medio de comunicación nacional y una defensora de derechos humanos fueron detenidos y llevados a declarar a la Fiscalía, y las casas de dos diputadas fueron allanadas, así como otros abusos. Pareciera que a las autoridades no les preocupa mucho la observación internacional…
Sí, efectivamente. El gobierno, a pesar de que sabía que venía el Alto Comisionado, no ha tenido ningún reparo en aumentar su actividad represora. Una muestra de que efectivamente poco le preocupa es esta situación. Sin embargo, también hay que decir que esto puede ser parte de una estrategia para decirle no solo al Alto Comisionado, sino a la opinión pública que la represión en Venezuela va a continuar igual independientemente de lo que ocurra en el exterior. Pero este tipo de hechos abonan nuestro proceso que va paralelo, que es el de la Corte Penal Internacional, en la medida en que se demuestra que el sistema de represión en Venezuela es una política de Estado y no una actividad individual de algún funcionario.
Las organizaciones de la sociedad civil redactaron y suscribieron un comunicado dirigido al Alto Comisionado. ¿Qué mencionan en el texto?
Sí, y es que posiblemente una de las explicaciones de lo que está ocurriendo últimamente es que el gobierno pensó que nuestro encuentro con el Alto Comisionado se enfocaría solo en el tema de la Ley de Fiscalización y Regularización de las ONG y que eso obstaculizaría todo lo demás. Si esa era la idea pues fracasó porque en la reunión de trabajo se habló de todos los temas vinculados a violaciones de derechos humanos, incluido esa ley, pero no fue lo principal. Y eso nos alegra porque nos demuestra que el compromiso de los defensores de derechos humanos con las víctimas fue, como debe ser, lo más importante.
En el comunicado, aunque fundamentalmente estamos de acuerdo y apoyamos que la Oficina en Venezuela se mantenga y se amplíe, también es cierto que queremos una oficina con un personal de calificada trayectoria y que haya un reforzamiento de los actuales oficiales porque los que hay son muy pocos para una Emergencia Humanitaria Compleja; le pedimos además que haya más coherencia en la información que se da sobre las actividades del gobierno porque a veces se dan como ciertos anuncios que no se cumplen, así que le pedimos que verifique la información, más aún porque estamos hablando de temas que tienen que ver con la credibilidad de la Oficina del Alto Comisionado que hay que reconocer que ha hecho un buen trabajo, pero puede ser mejorable. Además, le pedimos un compromiso mayor con otros procesos como la Misión de Determinación de Hechos que debe tener un respaldo total de la oficina. Recordemos que el año pasado la Misión hizo pública su incomodidad porque había tenido un problema presupuestario por asuntos estructurales de la oficina del Alto Comisionado que esperemos se hayan resuelto. Y bueno, también nos gustaría que la oficina se pronunciara sobre lo que está haciendo el fiscal de la Corte Penal Internacional y, en general, que haya un mayor seguimiento de los temas más graves que estamos viendo en el país para que en Naciones Unidas haya información lo más amplia posible en temas de personas desplazadas, refugiados y migrantes, y la Emergencia Humanitaria Compleja que es algo muy delicado.
¿Respecto a la Ley de Fiscalización y Regularización de las ONG recientemente aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional que le hicieron saber al Alto Comisionado?
Bueno, básicamente que es un instrumento de presión que es materialmente imposible cumplirlo, que está hecho para que las organizaciones puedan ser suprimidas en cualquier momento por un cúmulo inmanejable de exigencias, y además que es un instrumento que no solo afecta a las organizaciones sino a los beneficiarios, y a partir de ahí Naciones Unidas es también uno de los afectados porque la asistencia humanitaria en Venezuela no lo hace directamente Naciones Unidas, sino en la mayoría de los casos a través de organizaciones no gubernamentales, y de aprobarse esta ley la ayuda humanitaria estaría amenazada, como lo estuvo cuando detuvieron a los compañeros de la organización Azul Positivo, pues debido a esa situación todo un programa que tenía Naciones Unidas fue suspendido. Allí vemos cómo la persecución ha tenido efectos en la asistencia humanitaria, con la gravedad de que si se aprueba la ley ya no sería un programa afectado, sino todo el sistema de ayuda humanitaria que se presta en el país.
¿Qué debería hacer la sociedad civil organizada ante la amenaza del gobierno de que tienen identificadas más de 60 organizaciones no gubernamentales que según ellos “operan con fines políticos” y estarían en la mira de la aplicación de esa ley?
Bueno, hay que hacer lo que estamos haciendo, primero, seguir denunciando y haciendo el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos para que eso no se vea alterado, pero por otro lado incluir en nuestra denuncia esta situación. Obviamente no hay Estado de Derecho, no podemos recurrir a una vía judicial pero sí podemos alertar a la opinión pública porque precisamente será la más afectada por esta situación y del mismo modo notificar a los órganos internacionales de protección para que hagan presión, así como a los países que están llevando el peso de la asistencia humanitaria en Venezuela. La ley es otra de las muchas contradicciones del gobierno, porque por un lado se queja de las sanciones internacionales, pero las organizaciones que buscan ayudar a los más perjudicados son las perseguidas.
Lo cierto es que pese a que hay una fuerte observación internacional sobre Venezuela, incluso de cerca con visitas como las del Alto Comisionado y oficinas de Naciones Unidas y una investigación en la CPI persiste la grave situación de derechos humanos en el país…
Sí, pero aunque esto parece muy obvio lo cierto es que el discurso del gobierno de que Venezuela se arregló lo que ha hecho es volver a poner de manifiesto los problemas estructurales del país y que la represión y la violación de derechos humanos sigue siendo una realidad que tristemente continúa.
¿En qué proyectos enfocará su trabajo Acceso a la Justicia este año?
Continuaremos nuestro seguimiento como observatorio del Poder Judicial venezolano, todo lo que tiene que ver con el seguimiento a la política legislativa del país, con temas como la ley contra las ONG y, en particular, con la evaluación permanente al Estado de Derecho en el país.
