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María Josefina Weitz, pensionada “Las condiciones de un adulto mayor en este país son miserables”

Alguien que estudia una carrera universitaria en la principal casa de estudios superiores del país, luego cursa una maestría en Polonia, de ahí completa su doctorado en Francia y desarrolla su carrera profesional en el sector público y privado lo último que se imagina es que vivirá los que deberían ser sus años dorados dependiente de sus familiares porque el Estado que está en la obligación de garantizarle una pensión y jubilación digna no cumple sus compromisos.

Es el caso de María Josefina Weitz, arquitecta, urbanista y curadora de arte internacional. Como ella, son más de 5,3 millones de pensionados en Venezuela que prácticamente viven de la caridad y solidaridad de otros, bien sea de familiares, fundaciones, la iglesia o donativos de particulares. Muchos, la mayoría, vive en condiciones de precariedad, con serias vulneraciones a su calidad de vida, sin garantías de su derecho a la alimentación ni a la salud. En los últimos años se ha conocido por los medios de comunicación o a través de las redes sociales de varios casos de jubilados y pensionados que no han logrado sobrevivir a la desidia del Estado.

Lo que Weitz retira del banco cada mes por concepto de pensión lo gasta tomándose un café con su hijo de regreso a su casa. Desde 1995 la pensión es igual al salario mínimo mensual. En marzo de 2022 el gobierno lo aumentó del equivalente a 1,5 dólares a 29 dólares (130 bolívares), un monto que duró poco ante la pérdida del valor del bolívar respecto al dólar, la moneda que en la práctica mueve la economía en Venezuela, pero incluso mientras se mantuvo estable la cotización ese monto fue insuficiente para costear los 365 dólares de la canasta alimentaria en ese momento. El cálculo actual para inicios de diciembre, según el Cendas, es de $490, pero en bolívares el monto de la pensión sigue estancado en 130; es decir, $8 aproximadamente.

Quien fue docente en tres importantes universidades: Central de Venezuela, Simón Bolívar y José María Vargas, directora de museos y coordinadora institucional del Jardín Botánico de Caracas puede comer –sin excesos ni grandes gustos– gracias a la mesada que recibe de su hermano que vive en Estados Unidos y de su hijo que reside en Francia. No requiere medicamentos porque es una mujer saludable, caminaba coja y con bastón porque necesitaba una operación de rodilla –la tercera tras un accidente en el Metro de Caracas– que no podía costearse. Para extraer ese clavo que le impedía caminar bien y le causaba fuertes dolores contó con la solidaridad de un médico de una clínica privada y su esposa a quienes conoció en su labor como defensora de derechos comunales y ambientales en el municipio Chacao, en Caracas.

Weitz ejerció su carrera también en el ámbito privado junto con otros colegas con quienes tuvo un estudio de arquitectura para construcciones y remodelaciones. En los últimos años esa oficina sufrió la merma laboral en vista de la inmensa cantidad de proyectos que monopolizaban los amigos del gobierno, además que así como muchos otros arquitectos  e ingenieros locales no fueron tomados en cuenta para las construcciones de la denominada Misión Vivienda.

“A todos los pensionados nos robaron la jubilación, cada vez que llega la pensión me llega un mensaje del presidente Maduro al celular que dice: Ha recibido la pensión adulto mayor, pero ¿qué es eso? ¡Si yo era profesional! ¿Qué hicieron con mis prestaciones? ¡Se las robaron!”, dice resignada Weitz en el apartamento donde vive rodeada de recuerdos de su trayectoria profesional.

El pasado 10 de diciembre en conmemoración del Día de internacional de los Derechos Humanos, el Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad denunció una vez más la violación masiva de los derechos humanos, económicos y sociales hacía los adultos mayores en Venezuela. “La crisis desatada por la Emergencia Humanitaria Compleja en el país ha sido demoledora para el sector de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad quienes rozan la miseria. Las pensiones y jubilaciones de hambre que asigna el gobierno han mantenido a más de 5 millones de adultos mayores privados de adquirir los alimentos y las medicinas necesarias para el sostenimiento de la vida. Es un exterminio por privación de alimentos y medicinas desde 2013, producto de una pensión de hambre. Por ello, hacemos un nuevo llamado al fiscal de la CPI, Karim Khan, para que investigue al gobierno por este delito de lesa humanidad”, rezaba un texto enviado a los medios de comunicación por el Comité.

María Josefina Weitz, o Fina como le dicen sus allegados, es una mujer de trato amable y sonrisa triste que se siente olvidada por el Estado y es poco lo que espera de él. “No existimos, a mi generación le ha tocado vivir cosas muy duras. Mi mamá con su jubilación de 25 años como secretaria en el sector público tuvo para comprar un apartamento vacacional en Píritu y el pasaje para irme a visitar en Londres donde yo estaba estudiando inglés tras graduarme de arquitecto. Además, a mi papá lo operaron en el Seguro Social, a mi mamá le sacaron dos tumores cancerígenos en el Seguro Social, esa institución era un privilegio, no era propaganda política. Por eso el trato que aspiramos los pensionados no es una fantasía imposible sino el que tuvieron nuestros padres. Pero ahora los jubilados y pensionados solo somos un elemento para un juego político. Las condiciones de un adulto mayor en este país son realmente miserables”.

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