Si algo recuerda Loredana Hernández de su papá, el general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana Héctor Hernández Da Costa, es su apego a la Constitución casi como una forma de vida, como si se tratara de la Biblia, el instrumento que guiaba sus actos y transmitía a quienes formaban parte de su entorno, por eso el pequeño libro siempre estaba en su bolsillo.
Por eso, esta joven de 23 años de edad no entiende cómo es que un hombre tan correcto se convirtió en un preso político que ha pasado los últimos cuatro años de su vida en una celda y hace poco fue sentenciado a 16 años de prisión acusado de “traición a la patria”.
Aún está fresca en su memoria la noche del 13 de agosto de 2018 cuando su papá estaba convaleciente de una intervención quirúrgica gastrointestinal y poco antes de cenar junto a la familia un comando de hombres encapuchados vestidos de negro se presentó en la casa de manera violenta y con quienes fue imposible mediar. Entraron a la casa tumbando la puerta con mandarrias y se lo llevaron a la fuerza haciendo creer que solo estaba siendo trasladado a una entrevista. A la madre de Loredana la golpearon y allanaron la casa, todo sin orden judicial, como se ha hecho costumbre en este tipo de procedimientos. A la joven la insultaron y amenazaron incluso con abusar de ella. Solo tenía 18 años cuando vivió el horror de que le arrebataran a su papá con tal violencia, aunque se aferró a él de su pecho no pudo impedir el desenlace. Pasaron casi dos meses hasta que pudieron volver a verlo.
La orden de aprehensión contra el general Hernández Da Costa fue firmada el 18 de agosto; es decir, cinco días después de su detención. Primero estuvo recluido en la cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tiuna y luego fue trasladado a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, donde permanece actualmente. Su juicio se realizó en un tribunal civil siendo militar, sin pruebas en su contra por ocho delitos que le imputaban: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la República; homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración; terrorismo; financiamiento al terrorismo; asociación para delinquir; instigación pública continuada y conspiración.
Su hija afirma que 48 horas antes de dictar sentencia le agregaron el delito de conspiración por haberse negado a declararse culpable, y fue por ese cargo que finalmente lo condenaron a 16 años de cárcel la madrugada del 4 de agosto de 2022. Sus abogados preparan la apelación, pero no han podido avanzar porque la decisión aún no ha sido publicada, hasta ahora se trata de una sentencia de palabra.
En la audiencia, el general afirmó que tras ser detenido lo metieron en la maleta de un vehículo, amordazado y amarrado. Reaccionó con indignación ante los testimonios falsos de algunos funcionarios en torno a detalles de su detención y su supuesta implicación en el presunto intento de magnicidio. Denunció haber sido sometido a tratos crueles y torturas. Sus palabras estuvieron guiadas por lo establecido en la Constitución y las leyes.
En octubre pasado sufrió una crisis por altos niveles de glicemia en la sangre, por lo que la familia, abogados y organizaciones de derechos humanos denunciaron –como lo ha hecho otras veces– las condiciones de salud del general que se han agravado por la falta de atención para la diabetes que padece, así como sus problemas cardíacos, entre otras complicaciones. Aunque Loredana no lo ha visto en mucho tiempo, sabe por sus familiares que su papá está muy pálido y tiene semblante y dolencias que no corresponden a un hombre de 56 años de edad. A la joven se le quiebra la voz al hablar de su papá, pero a la vez se le iluminan los ojos al recordarlo y sentir su amor. Le escribe cartas frecuentemente, aunque no pueda entregárselas. Él le escribió una en la que expresaba sus esperanzas de libertad, pero pagó el costo del castigo.
Las secuelas de la prisión de este militar alcanzan a todo el núcleo familiar que vivió el momento de la detención: los golpes, los destrozos, los gritos, las amenazas, los insultos, la persecución posterior a la detención dejaron marcas psicológicas que no han sanado y que alteraron para siempre la dinámica familiar.
En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a todos los militares y civiles detenidos en la DGCIM, entre ellos Hernández Da Costa y solicitó al Estado adoptar medidas para proteger los derechos a salud, vida a integridad personal del general y adoptar medidas necesarias para garantizar que las condiciones de detención cumplan con los estándares internacionales aplicables, en particular, medidas que posibiliten la atención médica necesaria. Como en los demás casos, el Estado venezolano ha hecho caso omiso a estas medidas. En 2020 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas dictó una medida de liberación inmediata en su favor.
“Desde que a mi papá lo condenaron yo perdí la luz, no veo luz en la situación ni cómo podrá ponerse fin a esto a menos que alguien de quienes han tomado esta decisión se ponga la mano en el corazón; de lo contrario no se puede tener ningún tipo de esperanza en la recuperación de los valores de un país donde se condena a gente inocente… No son delincuentes quienes están allí, allí están las personas equivocadas, si nosotros como sociedad, como venezolanos, queremos avanzar tenemos que dar pasos de paz, de entendimiento, y revisar quién es culpable y quién inocente y actuar con la verdad”. //
