Una nueva ronda de negociaciones llega a la agenda política en Venezuela en tiempos en los que el Estado está en la mira internacional por su manejo de la crisis y de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Ante las expectativas que genera este diálogo, la organización Justicia, Encuentro y Perdón emitió un comunicado en el cual hace un llamado a las partes a tomar en cuenta aspectos determinantes para cualquier acuerdo al tiempo que les advierte de otros que deben mantenerse alejados de este espacio
Recientemente, su organización Justicia, Encuentro y Perdón emitió un comunicado en torno a los anuncios de la reanudación del diálogo político en Venezuela en el cual hace un llamado para que las partes tomen en cuenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y especialmente a los presos políticos. Sin embargo, hay quienes opinan que al incluir a estos últimos en procesos de negociación política se corre el riesgo de que sean utilizados como fichas de canje. ¿Qué opina al respecto?
Claramente nosotros como organización defensora de derechos humanos y organización de víctimas de ninguna manera pudiéramos estar de acuerdo con que los presos políticos sean vistos como unas piezas de canje. La sola expresión niega la posibilidad de que alguien, desde la mirada de los derechos humanos, pueda estar de acuerdo; sin embargo, entendemos que este proceso de diálogo pretende reanudarse, ambos sectores están tratando de impulsar ese acercamiento, diálogo, negociación, desde la mirada de superar la confrontación, superar esos extremos que al final han traído saldos muy dolorosos de radicalismo que se cuentan en vidas, en personas privadas ilegítimamente de libertad, en casos terribles de tortura, entre otros, pero hay que verlo como una expresión más amplia, hay una Emergencia Humanitaria que ha llevado a por lo menos de 7 millones de venezolanos al exilio. Es decir, entendemos que es una crisis multisectorial, multifactorial. Entonces, siendo que este proceso que pretende reanudarse tiene intenciones de lograr ese acercamiento más que verlo como utilizar a los presos políticos como piezas de canje es una oportunidad en la que si los intereses son verdaderamente genuinos para superar esa confrontación y la crisis de derechos humanos, pues ese gesto debe incluir la liberación de los presos políticos, porque como lo decimos en el comunicado no es posible suponer que se quieran acercar para superar la crisis teniendo a más de 300 venezolanos presos por pensar distinto.
Para hablar de reconciliación, de reencuentro, de reconstrucción, la primera muestra de buena voluntad, de legitimidad, de verdadera apuesta a que esta crisis sea superada pasa por liberar a esos que no piensan igual y que han estado privados legítimamente de libertad. Quiero ser enfática de nuevo, yo tampoco puedo estar nunca de acuerdo con que los presos políticos sean vistos como una piezas de canje, claro que no, en lo que sí estoy insistiendo es que si en este momento hay una oportunidad y es genuina no puede haber personas presas por pensar distinto, porque entonces ¿de qué reencuentro y de qué reconstrucción estamos hablando?
En procesos de diálogo anteriores también se ha puesto como condición que los presos políticos sean liberados, pero solo se ha logrado la libertad de algunos y no de manera plena, sino dejando procesos judiciales abiertos. ¿En qué términos debería incluirse el tema esta vez para que se cumpla a cabalidad?
Como lo decimos en el comunicado, cuando nos referimos a ese tema específico pretendemos, insistimos, demandamos, exhortamos a la liberación plena de todos los presos políticos, no a una escogencia conveniente en la que pareciera que unos tienen más peso que otros, pues eso justamente refuerza la hipótesis de que son utilizados como piezas de canje. Somos conscientes de que en el pasado ha sido ejecutado de esa manera con lo cual estamos en desacuerdo y aunque sabemos que hay intentos fallidos en torno a este tema insistimos en él porque no podemos dejar de hacerlo y nunca vamos a desistir en la liberación de los presos políticos. Cada vez que veamos que existe una mínima oportunidad de que el tema se ponga sobre la mesa y se integre a la agenda vamos a levantar la voz.
Entendemos que este es un espacio absolutamente político y los defensores de derechos humanos no hacemos parte de esos espacios. Lo que sí es que aprovechamos de alguna manera esa coyuntura para alzar la voz. Y en ese sentido va nuestro comunicado, el llamado es a dos aspectos fundamentales, uno transversal al otro: el primero es la liberación de todos los presos políticos sin distinción porque la tragedia de todos es la misma. Pero, por otra parte, de ninguna manera se puede pretender incluir lo relacionado con verdad, justicia y reparación integral a favor de las víctimas porque ese no es el espacio para que ese tema sea debatido. La justicia se debate en instancias judiciales donde se establece la verdad, las penas e incluso la forma de reparar a las víctimas. Entonces, debe incluirse la liberación de los presos políticos porque la agenda tiene que ver justamente con abrir espacios de comunicación, de acercamiento, que permitan superar la crisis, pero no metan en la agenda el tema de verdad, justicia, reparación porque eso se debate en un espacio judicial. Y como punto transversal deben establecerse compromisos verdaderos de cese de la persecución política de manera que cuando empiece la campaña electoral, que también sabemos que está en agenda, no se lleven presos a dirigentes, a estudiantes o a quienes pretendan participar en ese proceso electoral porque si se quiere ir a espacios democráticos no pueden seguir persiguiendo a quien piensa distinto, a quienes organizan actividades desde una mirada opuesta porque no estaríamos superando la crisis sino, al contrario, la estaremos agravando, como ha ocurrido a lo largo de estas últimas décadas.
Sin embargo, lo que ha ocurrido con los procesos judiciales de muchos presos políticos es que se ha ordenado que comiencen desde cero aunque han transcurrido años de detención arbitraria y audiencias. Esas decisiones son cada vez más recurrentes. ¿Cree que se trata de un nuevo patrón?
Creo que eso patentiza lo que hemos denunciado, que es una de las causas de esta crisis de derechos humanos, y es la utilización del sistema de justicia como pieza funcional en la ejecución del patrón de persecución. Estos juicios están comenzando de nuevo porque sabemos que a lo largo de estos años no han logrado soportar de ninguna manera las acusaciones. No tienen las evidencias que verdaderamente incriminan a estas personas que –tengo rato utilizando esta expresión– están cumpliendo una condena previa. En el caso, por ejemplo, del defensor de derechos humanos Javier Tarazona que tiene más de 500 días privado ilegítimamente de libertad, estamos hablando de un año y medio de detención, en otros casos son dos o tres años, son personas que cumplieron una condena previa, pero como los procedimientos no se soportan en sí mismos entonces deciden reiniciar los juicios. Evidentemente, son juicios plagados de irregularidades, de violaciones al debido proceso, son juicios políticos que no tienen ningún basamento legal, entonces quieren reiniciarlos para pretender subsanar esos procedimientos, lo cual no va a ser posible tampoco porque, por ejemplo, si están juzgando a Javier Tarazona por terrorista y no tienen ninguna prueba de que haya cometido un acto de terrorismo ese es un hecho que no van a poder demostrar; y claro que condenan a inocentes pero saben que son juicios que no se soportan en sí mismos, entonces se decide el reinicio de juicios, de procedimientos y anulaciones, de acusaciones y rectificación y todo lo demás que no es más que la demostración de que el sistema de justicia hace parte en ese patrón de persecución.
¿Hay otros temas de derechos humanos que sí se pudieran incluir en la agenda del diálogo político?
¡Por supuesto! Cuando hablamos de una crisis de derechos humanos no hablamos nada más de violación a los derechos civiles y políticos como lo es el derecho a la vida, a la libre asociación y todo lo demás, sino que esta es una crisis multifactorial, multisectorial, estructural que abarca el sistema de salud que también viola el derecho a la vida, el sistema educativo que viola el derecho a la educación, los derechos ambientales que son terriblemente vulnerados, por ejemplo en el Arco Minero, y así sucesivamente. Claro que hay temas que tienen más que ver con los denominados derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales que pudieran ponerse sobre esa mesa, por ejemplo, cómo hacemos para restablecer el Plan Nacional de Trasplantes para dejar de seguir contando niños que mueren todos los días, para eso hay que sentarse con el sector salud, con los académicos, con los colegios de médicos, analizar la situación con todos esos sectores que se involucran para ver cómo se resuelve ese tema, y así otros derechos como el acceso a la información, ponerse de acuerdo para cesar la persecución contra los medios de comunicación y periodistas, eso se puede poner sobre el debate, por ejemplo.
Ya que se cerca el cierre del año, ¿cuál es el balance que hace de 2022 en materia de derechos humanos en Venezuela?
Hay cosas positivas, pero es justamente el gobierno nacional el que podría generar los cambios. Vamos a ver lo siguiente, por ejemplo, el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. El fiscal solicitó autorización a la Sala Cuestiones Preliminares para reanudar su investigación sobre la base de que la información que le suministra el Estado venezolano no da cuenta de investigaciones genuinas a favor de las víctimas. Ante eso el Estado insiste en decir que no considera que la investigación deba seguir su curso porque se están realizando los juicios, pero nosotros sabemos que tales investigaciones no se están llevando a cabo, que las víctimas no están siendo favorecidas con procesos judiciales que las acerquen a la justicia. En vez de insistir en mentir y llenar de papeles aquel despacho judicial de la CPI adonde envío cajas y cajas de papeles debe empezar a investigar a los más altos responsables y a hacer juicios genuinos y transparentes, a establecer responsabilidades en la cadena de mando y plantear la solución. Mientras eso no ocurra los procedimientos internacionales van a seguir su curso más allá de las tácticas dilatorias que empleen, que es lo que pueden hacer, dilatar los procesos. Pero qué bien sería que en vez de invertir todos esos esfuerzos en defender lo indefendible destinen esos esfuerzos en hacer lo que deben hacer, eso demostraría la voluntad política y de vocación hacia la justicia, ahí sí se acaba el principio de complementariedad sobre el cual se soporta el procedimiento de la CPI. Pero si el gobierno no quiere que la investigación la haga la Fiscalía de la Corte Penal, si no quiere ser juzgado por la CPI, entonces debe juzgar a esos responsables. ¿Que eso tiene un costo político? ¡Por supuesto que sí! Por eso el segundo llamado de nuestro comunicado, no pretender que políticamente se puede zafar de otro tipo de conflicto en un diálogo político porque el tema de la justicia no se puede debatir en ese espacio, porque ese no es un tema que se puede negociar de ninguna manera.
La data de nuestra organización da cuenta de más de 95% de impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, y de 100% de impunidad en cuanto a responsabilidades de las cadenas de mando. Esa es una verdad que está documentada en los expedientes, está en los casos que la prensa en algún momento ha reseñado, entonces no pudiera de ninguna manera soportarse la tesis del Estado en torno a que sí se está avanzando en tales investigaciones. La única manera de que efectivamente haya expectativas de justicia local es cuando se dé la institucionalización del sistema de justicia, hay que institucionalizar el Poder Judicial y que haya jueces y fiscales verdaderamente imparciales, sin subordinación al Poder Ejecutivo, que puedan avanzar en las investigaciones.
A criterio de su organización ¿cuáles son las principales expectativas para el próximo año en materia de derechos humanos en el país?
Fundamentalmente que al no existir institucionalización del sistema de justicia venezolano para que la justicia local pueda garantizar verdad, justicia y reparación a favor de las víctimas entonces tenemos que apostar a que estos procesos internacionales avancen. Esa es nuestra gran expectativa. Apoyamos y celebramos la renovación del mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos pues sabemos que en ese mecanismo tenemos posibilidades reales de que haya justicia en algún momento, porque lo que hace la Misión sin duda es determinante en el avance del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Además, que cese la persecución por razones políticas contra todos los de la infinita lista de enemigos internos a la que, por desgracia, se suman defensores de derechos humanos y periodistas. También tenemos expectativas en la liberación plena de todos los presos políticos venezolanos. Nuestra organización representa por lo menos 100 casos de víctimas de ejecución extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, presos políticos, tortura y privación ilegítima de libertad por razones políticas, a partir de allí está enfocado nuestro trabajo, así como nuestras expectativas y preocupaciones. //
