Un revolcón de ola. Así es como Alexander Queliz describe su experiencia de vida tras el asesinato de su único hijo durante las protestas antigubernamentales de 2017 en Valencia, estado Carabobo, y el posterior suicidio de su esposa, Gleniz Araca, un año después. No había superado el dolor por la muerte de Daniel, quien apenas tenía 20 años de edad, cuando otra desgracia cayó como un alud. Quedarse solo planteó grandes dudas y desafíos, pero la búsqueda de justicia le dio el impulso que necesitaba para continuar. Ahora, no solo integra el grupo de padres que mantiene viva la denuncia de sus casos, familias fragmentadas por responsabilidad del Estado, sino que transita un camino de formación en el mundo de los derechos humanos. Recientemente fue seleccionado para cursar un programa para defensores en situación de riesgo en Holanda.
Como ocurre en la mayoría de los casos en los que funcionarios de seguridad del Estado están involucrados, el proceso judicial por la muerte de Daniel Queliz fue agotador y desgastante, orientado a buscar desalentar a la familia, aun cuando desde un inicio estaban plenamente identificados quienes acabaron con la vida del joven estudiante de Derecho en la Universidad Arturo Michelena. Cuando la causa estaba avanzada el juez falleció y el juicio tuvo que arrancar desde cero.
Luego de casi 5 años, en octubre de 2021, se dio sentencia. Dos policías regionales fueron condenados a 26 años y 3 meses de prisión. Sin embargo, la defensa de los uniformados apeló esta decisión y aún se está a la espera del fallo. De acuerdo con el padre de la víctima, faltó por imputar a otros funcionarios y, un elemento importante que hace sentir al señor Queliz que existe una gran deuda pendiente: investigar y sancionar la cadena de mando.
“Si bien es cierto que tenemos una condena de un tribunal no es menos cierto que el daño que nos han producido es irreparable y la búsqueda de justicia no se puede quedar en esa sentencia. Tenemos cómo ir más allá, hemos documentado y colaborado con organismos internacionales para que en algún momento en Venezuela pueda haber una investigación transparente, independiente, para que todos a los responsables les sea aplicada la justicia, sobre todo a las cadenas de mando. No aceptamos que con nuestros asesinados el Estado trate de lavarse la cara ante los organismos internacionales intentando aparentar que en Venezuela hay una justicia efectiva, expedita y transparente cuando no es así”.
Así como otros padres y familiares de víctimas de la represión, Alexander Queliz vio un rayo de luz y esperanzas cuando supo la noticia de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abriría una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. “Eso es una muestra de que las peticiones no solo de las víctimas sino de la sociedad venezolana, de un pueblo que clama justicia, fueron escuchadas”.
Al haberse involucrado en el mundo de los derechos humanos, Alexander Queliz conoce que un elemento clave para la reconstrucción de una sociedad que ha atravesado una fuerte conflictividad es el perdón. “Ese es un tema que para mí es extremadamente complicado, nos han causado un daño irreversible e irreparable, entonces el perdón es una carga que uno lleva a cuestas, en algún momento tendré que soltar, pero no resulta fácil. Yo soy católico y le pido todos los días a Dios que mantenga mi corazón tranquilo, y sé que esa posibilidad existe, no me puedo cerrar a la posibilidad de perdón. Pero por ahora voy a seguir haciendo lo que como víctima tenga que hacer, acudir a donde tenga que acudir y tratar en la medida de lo posible de seguir documentando y llevando información a donde haya que hacerla llegar para el momento en que la Corte Penal Internacional decida investigar los crímenes cometidos en Venezuela, no solo el caso de Daniel Queliz sino los casos de muchas otras víctimas, porque son muchos los padres, madres y familias destruidas… Es un proceso de reconstrucción y de sanar a familias que han sufrido tanto”.
