Después de más de dos años sin ver a su hijo, finalmente hace pocos días Emirlendris Benítez pudo abrazar de nuevo a su pequeño de 9 años. La emoción del encuentro fue inmensa como en cualquier madre e hijo que tenían tanto tiempo sin verse, pero en este caso la alegría de la mujer se opacó por una gran incertidumbre y miedo por el futuro, pues recién fue sentenciada a 30 años de prisión –la máxima pena que establece la legislación venezolana–, sin pruebas en su contra en un juicio arbitrario y plagado de irregularidades por el caso del supuesto intento de magnicidio con drones. La visita ocurrió en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques.
A su corta edad, su hijo desconoce que ella está presa, él piensa que está cumpliendo una misión especial de su trabajo sin permiso para salir. “Vamos a hablar con tu jefa, ya está bueno de trabajar tanto, mamá, son cuatro años que has estado aquí. ¿Por qué mis primos pueden estar con su mamá y yo no? ¡Explícame! ¡No entiendo!”, le reclamó el niño que tenía apenas 5 años cuando se llevaron presa a su mamá.
Emirlendris Benítez fue detenida el 5 de agosto de 2018 cuando se dirigía con su pareja y su perro en carro desde Barquisimeto, donde vivía, hasta Barinas. Primero les dijeron que quedaban detenidos por ser piratas de carretera. Los trasladaron vía aérea a Caracas. Al perro lo lanzaron por la ventana del vehículo en movimiento.
El bebé que crecía en su vientre cuando fue detenida lo perdió debido a las torturas. No sirvió de nada advertirles a los funcionarios de su estado, ellos igual la golpearon en diversas partes del cuerpo, la lanzaban contra las paredes, la patearon, le metieron la cabeza envuelta en bolsas plásticas en baldes de agua, la mantuvieron arrodillada y esposada, y le martillaron los dedos de los pies, todo eso mientras la insultaban y la amenazaban con que iban a matar a su hija mayor y que tenían a su hijo. Una y otra vez. Los dolores abdominales vinieron de repente, eran tan fuertes que ella se desmayó y cuando despertó ya no estaba embarazada. Alcanzó a sentir que estaban haciéndole un eco en el Hospital Militar, adonde fue trasladada, ella pidió ver el monitor para saber de su bebé, pero no se lo permitieron, nadie le dirigía la palabra. Fue anulada por completo y despojada de sus derechos como madre. Al día siguiente volvió a su celda en la DGCIM de Boleíta, donde estaba recluida en ese entonces.
Su hermana Melania recuerda que pasó más de un mes desde el momento de la detención hasta que tuvieron noticias certeras del paradero de Emirlendris, iban constantemente a la DGCIM a preguntar por ella y siempre les negaban que estuviese allí. Fue por una cadena nacional que la familia supo por qué estaba detenida: “Quedé en shock, no podía creerlo y aún no puedo creer que la hayan metido en eso. Mostraron su foto y su pasaporte, decían que ella era una terrorista, que la capturaron cuando intentaba escapar del país, dijeron muchas cosas que no son ciertas”.
Después de ese mes cuando sus dos hermanas y su mamá tuvieron acceso a verla por primera vez tras la detención arbitraria era difícil reconocerla. Melania recuerda que aterrorizada les hacía señas con la mirada, casi no hablaba, no se podía mover bien, el cuello lo tenía inmóvil, un hombro estaba dislocado. Logró relatarles algunas situaciones que estaba sufriendo. Les contó que una muda de ropa que ellas le habían hecho llegar días antes la rompieron los funcionarios en su cara y no le entregaron la comida.
Después vino el aborto. La mamá, que había salido destrozada de la visita, se desmayó del impacto cuando recibieron la llamada en la que les decían que Emirlendris había sido trasladada de emergencia al Hospital Militar.
Melania y su esposo fueron acosados cuando llegaron al hospital. Los abordaron y persiguieron, ella como pudo logró camuflarse entre otros parientes de enfermos y pidió ayuda para saber de su hermana, aunque fue imposible verla. A su esposo lo encerraron en un cuarto, le quitaron el chip del teléfono para que no pudiera comunicarse. Días después continuó el acoso y para ella comenzaron las pesadillas y problemas de salud. Su vida y la de su familia no sería la misma.
Un poco más de un año después de estar detenida en la DGCIM, Emirlendris fue trasladada al INOF. Ni sus familiares ni sus abogados fueron notificados. No le permitieron que llevara las pocas pertenencias que tenía. Llegó a la cárcel de mujeres de Los Teques con lo que tenía puesto y directo al “proceso de adaptación”: un mes incomunicada, sin derecho a visitas, sin agua ni comida ni acceso a áreas de aseo personal en un espacio que compartía con ratas.
Cada vez que había una audiencia en el tribunal ella le pedía a la jueza Hennit Carolina López acceso a una revisión médica por los intensos dolores que sufre y las dificultades para caminar. Pero esta petición nunca fue escuchada, siempre le impusieron trabas que aun así la familia lograba sortear, peor nada fue suficiente para la jueza. Melania recuerda que en las últimas audiencias tuvieron que llevarla cargada porque ya no podía caminar, pues también se negó a permitirle usar una silla de ruedas por considerar que “no lo amerita”. Los problemas de salud de Emirlendris se deben a que debido a las torturas sufrió un encapsulamiento de la prótesis mamaria y migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta las piernas y columna vertebral. Para poder ver a su hijo recientemente fue cargada por compañeras de prisión hasta la silla donde pasó toda la visita sin poder levantarse a jugar con su niño.
En vista de su condición, en febrero de este año el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas solicitó al Estado venezolano la libertad inmediata de Emirlendris Benitez y que le otorgara indemnización y otros tipos de reparación. Esta petición no solo fue ignorada, sino que así impedida de caminar, padeciendo dolores insoportables y sin pruebas en su contra fue condenada el pasado 4 de agosto de 2022 a 30 años de prisión por siete delitos: homicidio calificado en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, asociación para delinquir, terrorismo, traición a la patria, lanzamiento de artefactos explosivos en espacios públicos y daños a la propiedad. El veredicto fue revelado a las 5:00 de la madrugada, en una audiencia que comenzó a las 7:00 de la noche aunque estaba fijada para las 3:00 de la tarde. Una vez anunciadas las condenas de las 12 personas acusadas en este caso la jueza ordenó que los familiares abandonaran la sala sin permitirles acercarse a sus parientes recién sentenciados a las penas máximas.
Melania Leal recuerda que tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que participaron en la detención de Emirlendris y su pareja fueron llamados a declarar en el juicio: “Tres veces la jueza les preguntó a cada uno qué les encontraron en la revisión corporal, dijeron que nada; luego les preguntó qué hallaron en el carro, respondieron que nada de interés criminalístico… Ellos saben que mi hermana es inocente, que no tiene nada que ver en eso… Ella ha conocido a muchas mujeres inocentes en prisión y estaba asustada de que le ocurriera algo así, me lo había dicho, tenía mucho miedo de eso, y ya ves, ella aún no puede creer que le esté ocurriendo eso”.
Hablar de su sobrino quiebra a Melania, ella tiene la fe puesta en Dios porque está decepcionada de la justicia del hombre, pero aun así es mucha la incertidumbre en torno al niño tras una de las condenas más severas dictadas en Venezuela, para ella es impensable la posibilidad de que él crezca y se convierta en un hombre adulto mientras su madre está presa por un delito que no cometió: “A veces lo encontramos hablándole a la foto de su mamá, contándole las cosas que hizo en el día… (llora). Todo el tiempo me pregunta que por qué su mamá trabaja tanto, dice que él presiente algo raro… Es demasiada la injusticia, tanta maldad, hasta negarle su derecho a la salud. Ella es buena madre, buena amiga, buena hermana, es una excelente persona, muy humanitaria”.
