Casi a diario algún órgano del Estado venezolano toma acciones que contravienen la Constitución y las leyes, y que contradicen la narrativa oficial en la que predominan los términos respeto, inclusión, derechos, cooperación, entre otros. Estas acciones son analizadas desde el punto de vista legal y jurídico por la organización Acceso a la Justicia que desarrolla una labor no sólo de monitoreo y documentación de estos hechos irregulares, sino de educación al ciudadano común para contribuir a una mayor comprensión de esta realidad. Laura Louza, su directora ejecutiva, considera que este año 2022 ha sido de grandes retrocesos en los patrones represivos
En los últimos meses se han dado varias decisiones desde el Poder Judicial que dejan en evidencia el poco interés del Estado venezolano en trabajar en la independencia institucional como lo han recomendado diversas instancias internacionales. A criterio de Acceso a la Justicia, ¿cuáles son los principales hechos que confirman que la independencia del sistema de justicia sigue siendo una deuda pendiente?
Lo más reciente que hemos visto son dos sentencias del Tribunal Supremo, particularmente una de la Sala Político Administrativa y otra de la Sala Electoral. Esta última se refiere a las elecciones del cogobierno de la UCV, específicamente en la Escuela de Educación, en las que ganó el grupo no oficialista y el TSJ, a raíz de un recurso que interpuso el grupo oficialista, dictó una medida cautelar y suspendió los efectos de esa elección hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. Ahí vemos que hay una sentencia a favor del oficialismo, y aunque allí pudiera haberse dado una situación que requiera revisión lo que llama la atención es que, por otro lado, en lo que respecta al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que aplana los salarios en contradicción con todas las convenciones colectivas y cambia los pagos al personal universitario, docentes y de la administración pública, la Universidad de los Andes introdujo un recurso contra eso y aunque el TSJ lo admitió para revisión no aceptó dejar sin efecto las medidas del instructivo como tal mientras dictaba sentencia definitiva. Entonces, vemos que esa ha sido la tendencia del TSJ, cuando se trata de recursos interpuestos por el Estado o el oficialismo acepta la suspensión de los efectos hasta que se dicte la sentencia definitiva, pero cuando se trata de algo que afecta al Estado o lo desfavorece no acepta nunca la suspensión de los efectos.
Lo de la Onapre es muy grave porque viola media docena de disposiciones constitucionales, afecta los derechos laborales y causa daños irreparables, más por el aspecto inflacionario, cuando las personas tienen la expectativa de que les van a pagar una cantidad determinada y de repente les cambian todo. Llama mucho la atención que en un caso tan groseramente inconstitucional no hubiera lugar a ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de todas esas personas afectadas, ni siquiera se aceptó suspender el instructivo hasta que se dicte la sentencia definitiva, por eso las manifestaciones de calle de las últimas semanas. Finalmente, el TSJ dictó sentencia en la que declaró inadmisible la demanda de nulidad contra el instructivo Onapre.
Además de esto, recientemente ustedes hicieron un análisis de la designación de Calixto Ortega como representante del Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional como otro ejemplo de falta de independencia del Poder Judicial
Sí, ese es otro indicador. Se trata de un magistrado que repite en el TSJ, es un oficialista, uno de los magistrados que fue nombrado de manera exprés en diciembre 2015 en un procedimiento totalmente fuera de la ley y de la Constitución que hizo la Asamblea Nacional de este momento a cargo de Diosdado Cabello. Fue un candidato a diputado y al no quedar electo pasó a ser magistrado, algo que es irregular de por sí porque obviamente al ser candidato de un partido político no puede ser magistrado, eso lo dice la Constitución. Entonces ahora al ser hombre de confianza para el régimen es enviado a la Corte Penal Internacional a representar –y a defender– al Estado venezolano, al gobierno de Maduro, frente a las violaciones y crímenes de lesa humanidad que se han cometido, pero llama la atención que no ha sido reemplazado como magistrado del TSJ sino que aparentemente, porque aquí hay mucha opacidad, se le aparta de su cargo temporalmente, como pasó con Gladys Gutiérrez, y cuando termina su mandato en ese otro cargo regresa al TSJ como si nada. Eso es sumamente irregular, no solo porque viola la ley, sino que además muestra que estos señores no son funcionarios que van a controlar al poder, sino que son parte el poder político y actúan a favor de él.
Hace unos días el Estado venezolano presentó unas cifras del sistema de justicia ante el Examen Periódico Universal en la ONU de las cuales ustedes detectaron inconsistencias. ¿Podría mencionar algunos de los hallazgos?
Más que todo lo que vimos es que son unas cifras que ni siquiera están actualizadas. En el caso de los fiscales presentaron cifras de 2019; es decir, pareciera que el Estado venezolano no sabe cuántos fiscales hay en la actualidad. Por otra parte, dio información sobre los tribunales, aunque con datos de 2020, pero no de los jueces, eso nos llamó la atención porque hace pensar que tampoco saben cuántos jueces hay porque se la pasan cambiándolos, y tampoco indica cuál es su condición. Entonces, vimos que esta información, aunque es más de lo que sabe, no está actualizada y deja en evidencia la situación de opacidad del Estado venezolano y del sistema de justicia en particular.
Aunque el gobierno de Maduro intenta hacer ver que está dispuesto a colaborar con instancias internacionales para mejorar las fallas en el sistema de justicia sus acciones van por otro lado al punto que pareciera que no le preocupan las posibles consecuencias que eso pudiera acarrear, incluso tras el anuncio de la investigación de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué cree que esto ocurre y si nada o poco funciona de contención por qué la importancia de mantener activos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos?
Efectivamente, este año hemos visto que no hay ese interés, una vez que el fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que el caso venezolano iba a investigación los esfuerzos aparentes por hacer cambios desaparecieron, aunque como nosotros explicamos al final no cambió lo estructural, que es lo importante, tanto así que ahora tenemos este Tribunal Supremo donde se consolidó el partido de gobierno, porque las personas de confianza que había de la etapa anterior resultaron reelegidas y los demás son cercanos al partido de gobierno de alguna manera, no son independientes.
Entonces estamos ante decisiones que son más de lo mismo y que son un indicador de que no hay voluntad de cambio en cuanto al sistema de justicia, es un problema trasversal y estructural como dijo la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que si no hay independencia judicial y no hay Estado de Derecho no hay cambio real en Venezuela; igual lo que señaló recientemente la Alta Comisionada Michelle Bachelet que reconoció que no ha habido cambios importantes y que se mantienen las violaciones a los derechos humanos y los juicios a los presos políticos sin respetar el debido proceso, situaciones que fueron muy bien explicadas también en el informe de la Misión de Determinación de Hechos en el que se precisa cómo el sistema de justicia es cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Entonces vemos que efectivamente no ha habido cambios, parece más bien que lo que hay es un estatus quo del régimen y no hay ninguna intención de cambiar y eso obviamente desincentiva, además que ha hecho alianzas bien peligrosas con regímenes complicados a nivel mundial como el ruso, el chino, el iraní, entonces por todo eso no está de más tener un ojo sobre lo que pasa en Venezuela y la única manera de tenerlo es estando presentes las ONG, los medios independientes y los mecanismos internacionales. Además, nunca se sabe si en algún momento va a venir un cambio, yo sí creo que el mismo gobierno va a tener que ir haciéndolos de una manera u otra porque el mundo va a su velocidad y el propio país también, hay unas exigencias cada vez mayores, hay una actitud de reclamo claro y de búsqueda de mayor institucionalidad, la gente dice: ‘ok, tu mandas y no te quieres ir, entonces has bien tu trabajo’, para mí hay eso indica que hay cierta visión distinta del ciudadano, lo cual es muy importante porque las exigencias para que haya más Estado de Derecho –y eso está estudiado por la sociología jurídica– tienen que venir del ciudadano, y en Venezuela el ciudadano se ha dado cuenta de lo importante que es el Estado para su supervivencia y ha tomado mayor conciencia de sus exigencias.
¿Decisiones como las recientes sentencias por el caso del dron no complicarían aún más a funcionarios del gobierno en la investigación en la Corte Penal Internacional, pues familiares de los detenidos y abogados defensores aseguraron que no se presentaron pruebas que los impliquen, además que esas personas fueron sometidas a detenciones arbitrarias, desaparición forzada y torturas?
Lo que pasa es que el régimen quiere mantenerse en el poder y es muy de la filosofía que debe enviar un mensaje a quienes eventualmente pudieran representar una amenaza, entonces sigue siendo represivo a través del sistema de justicia, por eso justamente ahí es donde no hay cambio porque este es el campo que mantiene al gobierno en el poder, ya que es el Tribunal Supremo de Justicia el que pudiera eventualmente hacer un antejuicio de mérito a Maduro y compañía. Por eso el sistema de justicia se convirtió en un instrumento clave en la represión, es lo que dijo la Misión de Determinación de Hechos, pues así le permite al gobierno su continuidad. Entonces, mientras la investigación avanza en la CPI, cosa que puede tomar años, el gobierno tiene que seguir ejerciendo control a través de la represión para mantenerse en el poder y así va ganando tiempo en el poder, mandando un mensaje a quienes se le oponen, hay como varias estrategias al mismo tiempo. Es importante ver que aun cuando hay indicadores menores en varios aspectos, como también en las ejecuciones extrajudiciales, los patrones de represión se mantienen y eso es lo grave.
Otro ejemplo muy importante de que las cosas no han cambiado es el proyecto de ley de cooperación internacional, que busca cerrar aún más el espacio cívico en el país, aunque todavía no se ha aprobado se mantiene en suspenso, debe haber algunas razones de peso para ello. Hay muchos indicadores, Estado de Derecho, transparencia y de realidad en Venezuela que muestran que todo sigue igual. Efectivamente, ha habido una leve mejora económica, pero estamos viendo que tampoco es estructural y que también va cayendo.
Hizo mención al cierre del espacio cívico, ¿cuál es la labor y los retos que afrontan las organizaciones de la sociedad civil ante las constantes amenazas y patrones de persecución? Hay un defensor, Javier Tarazona, que cumplió un año detenido de manera arbitraria
Sí, claramente ese tipo de situaciones genera mucha incertidumbre y hace que las organizaciones tengan que poner mayor atención, analizar esos mecanismos de presión para continuar su trabajo, y además pueden representar un desincentivo para que surjan nuevas organizaciones, pues existen muchas maneras que ha ido creando el gobierno y situaciones que han ocurrido que llevan a cerrar cada vez más el espacio cívico. Y el caso de Javier Tarazona es muy ejemplarizante, genera mucha ansiedad, y tenemos otro caso, otro ejemplo, también con la represión del Poder Judicial, como lo fueron las amenazas a Marino Alvarado, de Provea, y al Padre Alfredo Infante, de Lupa por la Vida, porque ellos hicieron una denuncia de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Carabobo que podrían involucrar a la policía regional; entonces el gobernador se sintió ofendido y los denunció en vez de rendir cuentas para demostrar lo contrario, ya que es un funcionario público. Es el mismo patrón utilizado contra algunos medios que ahora se aplica a los defensores de derechos humanos y a las ONG. También hay seis personas detenidas de manera arbitraria del área gremial y sindical, miembros de partidos políticos de extrema izquierda y personas que estaban en la función pública y que podrían ser incluso cercanos al gobierno. O sea, si en el año 2021 hubo un pequeño avance este año ha habido un gran retroceso y una repetición de patrones con personas perseguidas, detenidas, desaparecidas arbitrariamente por horas o días; es decir, el mismo patrón de los crímenes que se han denunciado ante la Corte Penal Internacional. //
