A inicios del año 2021 se mantenían las restricciones de movilidad para frenar la propagación de la COVID-19, un escenario restrictivo que favoreció la trata de personas ante la reducción de los ingresos económicos, la clandestinidad exacerbada por los controles y los cierres de fronteras. Todos estos factores pudieron aumentar la incidencia de la trata sin que esto se reflejara en la visibilidad de los casos. Para la segunda mitad del año se inició la reapertura de las fronteras terrestres, sin que esto implicara una reducción efectiva de la cantidad de personas que recurren a los pasos irregulares o trochas para sus tránsitos por otras razones como la falta de documentación legal o trámites migratorios requeridos.
L a trata de personas no es un hecho aislado, sino que debe ser abordado dentro de un continuo de violencias basadas en género, tal como describe el informe 2021 del Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander (Colombia), implica comprender la continuidad de las violencias, su permanencia en el tiempo y su afectación al proyecto de vida de las mujeres. Las migrantes mujeres y niñas venezolanas en condiciones de movilidad sufren de forma particular diversas expresiones sistemáticas y sostenidas de la violencia basada en género
