En las últimas semanas, el gobierno venezolano ha arremetido con una nueva ola represiva contra dirigentes políticos, sindicalistas y líderes sociales pese a la presencia en el país de agentes de instancias internacionales dedicadas a la situación de los derechos humanos y con las cuales el Estado venezolano ha dicho que coopera. A criterio del coordinador nacional de Provea, Rafael Uzcátegui, se trata de una estrategia de control política pensada en las elecciones de 2024
Con la presencia de oficiales de ONU y la Fiscalía de la CPI en Venezuela, y tras los compromisos internacionales adquiridos por el Estado venezolano sorprende la arremetida en la persecución contra líderes sociales que ha ocurrido recientemente. ¿Cuál es su lectura de estos hechos?
Creo que estamos siendo testigos de un proceso de represión preventiva. El gobierno no tiene estrategia paralela para controlar a la población, uno va viendo cómo intenta promover la narrativa en la que supuestamente los problemas de los venezolanos se resolvieron, ese “Venezuela se arregló” de alguna manera intenta aprovechar esa necesidad de cambio que tenemos, de percibir algo de certidumbre luego de dos años de cuarentena, de años de crisis económica y de conflictividad social y política. Creo que el gobierno está cabalgando sobre la pobreza, pero está intentando decir que los venezolanos hemos pasado la página del conflicto, que ahora estamos en un nuevo comienzo donde vamos a arreglarlo, y que además si no nos metemos en problemas políticos, si no lo criticamos ni le protestamos y nos enfocamos en la posibilidad de aprovechar tener una mejor calidad de vida con dólares circulando, nos va a ir bien.
Pero esa estrategia de “Venezuela se arregló” es insuficiente por sí sola, necesita ser complementada con la represión sistemática y selectiva contra líderes sociales y políticos que pudieran promover un proceso de rearticulación política de cara a las elecciones de 2024. El gobierno sabe que ante un proceso electoral tiene ventajas que son precarias porque es minoría, y sabe que necesita repetir la fórmula de las últimas elecciones para ganar elecciones siendo minoría. Por eso necesita dividir a los contrarios y evitar que los venezolanos puedan ponerse de acuerdo para participar en un proceso comicial. De manera que está intentando, de manera muy temprana, mandar mensajes sobre la represión, debilitar las fuerzas políticas y sociales que quedan porque cuando ponen preso a un compañero la organización o partido tiene que dedicar mucho esfuerzo, mucha energía a defenderlo y dejan de operar al 100%. Esa ha sido una estrategia que le ha sido efectiva al gobierno.
En ese panorama hay que tener en cuenta a Javier Tarazona, director de FundaRedes que recientemente cumplió un año de detención arbitraria siendo un defensor de derechos humanos
En el caso de Javier Tarazona ha funcionado muchísimo el mensaje intimidante del castigo ejemplar, pues en un estudio reciente que hicimos en Provea en el que aplicamos una encuesta a 74 defensores de derechos humanos se revela que aun cuando admiten que casi nunca han recibido amenazas personales por su trabajo sí sienten temor de presentarse frente a una persona extraña como defensores de derechos humanos, y eso tiene que ver precisamente con represalias y con la posibilidad de que pueda haber consecuencias por su labor. Entonces, eso reitera que el mensaje del castigo ejemplar ha sido muy efectivo, el gobierno manda un mensaje importante para todo el conjunto a través de un defensor que no tiene tan alto perfil. Nosotros hemos identificado el “efecto Tarazona” en organizaciones del interior del país, especialmente las que están en zonas de frontera que a partir de esa detención han bajado la cantidad y el tono de sus denuncias, sienten temor, intentan evitar la confrontación y trabajar en temas que puedan ser sensibles para las autoridades. Por eso vemos que ese castigo ejemplar ha sido muy efectivo como mecanismo de control hacia el liderazgo social y político del país.
¿Cómo evalúa el costo político y el costo internacional para el Estado de este recrudecimiento de la ola represiva?
Creo que el gobierno trabaja en función de dos escenarios, uno de intentar simular un proceso de cooperación con los organismos de protección a los derechos humanos, de hecho es muy curioso que está diciendo a nivel internacional que como ejemplo de su voluntad política ha permitido la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela, porque es muy hábil para presentar la derrota como supuesta victoria mediante el uso del lenguaje y de la diplomacia internacional. Entonces, sí les importan los mecanismos internacionales que han estado trabajando el caso Venezuela, están haciendo esfuerzos para evitar que se renueve el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, además actualmente para el gobierno es un signo de interrogación la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos porque desarrolló una lógica basada de la figura de Michelle Bachelet, pero ella ya no será más la comisionada, tiene que ser electa una nueva persona en el cargo. Entonces, por un lado ante la comunidad internacional maneja esa narrativa de supuesta colaboración, pero por otro lado también tiene el garrote, necesita mantener control sobre la población mediante la represión ya que no puede resolver los problemas de la ciudadanía, sabemos que hay una gran insatisfacción en el área social, a la gente no le alcanza el dinero para vivir, persiste la crisis en los servicios básicos y el gobierno sabe que eso es una situación potencialmente explosiva o incontrolable, por eso también necesita un nivel de represión selectiva para intentar mantener ese mecanismo efectivo de dominación sobre la población diciendo que son hechos puntuales.
Ahora que habrá cambio de Alto Comisionado, ¿hacia dónde debería ir enfocado, en su opinión, el trabajo del próximo comisionado para que el Estado venezolano se sienta más comprometido en cumplir las recomendaciones que emanan de esa oficina?
La presencia del Alto Comisionado en Venezuela tiene varios mandatos y hasta ahora se ha privilegiado el de la cooperación técnica con las autoridades y el mandato de protección de la situación de los derechos humanos ha quedado subordinado, entonces yo le diría al nuevo Alto Comisionado o a la nueva Alta Comisionada que debe haber un equilibrio entre la protección y la cooperación técnica porque como lo tuvo que reconocer Michelle Bachelet en su última actualización oral ella no pudo resolver algunas situaciones graves en materia de derechos humanos en Venezuela, situaciones que dependen de la voluntad política de las autoridades; por ejemplo, personas privadas de libertad por razones políticas que siguen en prisión a pesar de tener órdenes de excarcelación, eso es algo inaudito que refleja la grave situación de los derechos humanos en el país, eso es muy importante porque contrarresta el argumento del Estado de que colabora y que no hacen falta mecanismos internacionales adicionales. Nosotros decimos que todos esos otros mecanismos como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos son complementarios y es muy necesario mantenerlos todos, más aún cuando se hizo evidente que hay muchas situaciones que no se han podido resolver y por eso es necesario mantener la máxima presión posible sobre las autoridades.
¿Y hacia dónde debería ir enfocado el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en ese sentido teniendo en cuenta las diversas formas en que se intenta cerrar el espacio cívico y acciones como la prolongada detención de defensores como es el caso de Javier Tarazona?
Como en estos momentos el mecanismo más importante es la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos porque tiene un mandato de presentar informes donde se determine la responsabilidad de la cadena de mando de las graves violaciones a los derechos humanos, por eso la gran tarea que nos hemos propuesto para este año es lograr la renovación de ese mecanismo porque es el más contundente que tenemos sobre la verdad de lo que ha sucedido en Venezuela. Precisamente esos informes han obligado al gobierno a tomar algunas decisiones en materia de derechos humanos para beneficiar a personas concretas; por ejemplo, luego del informe sobre la situación del sistema de administración de justicia las autoridades se vieron obligadas a agilizar procesos con algunas personas privadas de libertad por razones políticas, es el caso del trabajador Rodney Álvarez, que estuvo nueve años en un proceso penal injusto y luego de ese informe se cerró su juicio en tres meses y finalmente se determinó y reconoció lo que nosotros habíamos argumentado durante todos esos años: que él era inocente y no tenía ninguna vinculación por los hechos que lo tuvieron nueve años preso.
Como es tan importante mantener la denuncia pero estamos en un ambiente hostil quizás necesitamos que sean terceros los que denuncien por nosotros; por ejemplo, todas las posibles consecuencias y represalias que pueda haber dentro de Venezuela por una denuncia de posibles responsabilidades en casos de ejecuciones extrajudiciales, entonces, quizás necesitaríamos que organizaciones fuera de Venezuela asuman esa denuncia para proteger la identidad no sólo de la víctima sino de los activistas de las organizaciones de derechos humanos. Así que en este momento las organizaciones necesitamos repensar muchas estrategias porque este es un conflicto que no va a tener resolución en corto plazo, en este conflicto de larga duración no solamente tenemos que seguir manteniendo los mecanismos de denuncia efectivos, porque la idea no es dejar de denunciar como quisieran las autoridades de Maduro, sino también mantener los temas de derechos humanos de interés para la población venezolana, hacerlos cercanos, generar empatía, lograr la diversificación de las audiencias y hablar en términos que la gente entienda y no solamente eso, sino que sean cercanos para sus vidas cotidianas. Entonces, los desafíos son muchos en un contexto donde las autoridades van a intentar avanzar en el camino para erosionar la legitimidad y la eficacia con la que los defensores de derechos humanos hacemos nuestro trabajo. Estamos en tiempos en que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que repensar el trabajo que hemos hecho en los últimos 20 años para poder seguir acompañando a los venezolanos.
