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Yurayma Carapaica y Antonio Garcés, padres de Marco Antonio Garcés: “Mi hijo no le veía fin a las torturas”

Marco Antonio Garcés Carapaica tiene casi dos años detenido de manera arbitraria sin pruebas en su contra, solo por el hecho de haber tenido de compañero de viaje a un ciudadano estadounidense. Junto con él hay otras 9 personas privadas de libertad, todos se conocieron tras el infortunio que marcó sus vidas el 9 de septiembre de 2020.

El joven de se trasladaba en un carro por puesto desde Maracaibo hasta Coro, donde lo esperaría un amigo de su padre para acercarlo a Valencia, estado Carabobo, donde vive. En el vehículo viajaba además un efectivo de la Guardia Nacional que iba a comprar mercancía en la zona franca de Falcón y Matthew John Heath, un estadounidense que estaba en Venezuela de turista. Cada uno había pagado su pasaje. Al pasar por la alcabala Los Pedros, municipio Mene Mauroa, entre Falcón y Zulia, el carro fue detenido para revisión de rutina. Cuando la GNB se percató de la presencia del extranjero los detuvieron. En las imágenes tomadas por los uniformados que realizaron el procedimiento y que fueron difundidas por la prensa regional y las redes sociales aparecen los tres hombres de espalda frente una mesa donde están sus documentos de identidad, sus teléfonos –incluido uno satelital que portaba el americano–, una caja de herramientas y el vehículo Chery Arauca como único material decomisado. Dos días después, cuando el fiscal general asignado por la ANC informaba sobre la detención, la imagen cambió considerablemente: ahora aparecían armas de alto calibre: un lanzagranadas, una subametralladora y explosivos C4, con los cuales, según la versión oficial, se planificaba atacar la industria petrolera y el sistema eléctrico venezolano.

Cuando lo detuvieron, Marco Antonio Garcés tenía 24 años de edad y estaba por graduarse de ingeniero en Producción de la Universidad Tecnológica del Centro (Unitec). Sus padres, que todas las semanas se trasladan a Caracas bien sea para acudir a las audiencias en el tribunal o para visitarlo en prisión, afirman que esa foto exhibida como “prueba” es un montaje para el cual hicieron subir a los detenidos en un avión donde metieron ese arsenal en tres bolsos.

Durante varios días el joven estuvo en desaparición forzada, fue trasladado junto con los demás a la DGCIM de Punto Fijo, inicialmente. A ellos se les sumó la esposa del conductor del vehículo –ya que el carro estaba a su nombre– y otro hombre que fue el enlace para el alquiler del carro por puesto. Todos fueron torturados repetidamente, aún a sabiendas de que no eran culpables de ningún delito.

“Esposados con los brazos hacia atrás los arrodillaron y les daban golpes en la cabeza y en la columna; les colocaban pistolas en la cabeza, los amarraron a una reja donde seguían los golpes y les lanzaban agua fría”, así pasaron varios días y con sus noches privados de alimentos y bebida hasta que los trasladaron a Caracas. “Los llevaron a unas casas de tortura que tienen en Caracas como en un cerro y los fueron ubicando uno por uno. A Matthew le hablaban, le gritaban pidiéndole la clave del teléfono satelital, pero él no entendía nada, fue tal la situación que lo iban a violar; mi hijo al ver eso intervino pues él es bilingüe desde 2010 cuando aprendió inglés y comenzó a traducirle y así evitó que lo violaran”, relata Yurayma Carapaica.

Hasta el día 17, desde el 9 cuando los detuvieron, no les dieron agua para beber ni comida. Les pegaron carpetas en la cabeza con cinta adhesiva para que no pudieran ver lo que ocurría a los lados. “Les daban tantos golpes que quedaban inconscientes y solo se despertaban con el ruido de cuando llegaban a golpearlos otra vez. Mi hijo dice que no le veía fin a esas torturas, que no entendía lo que estaba viviendo”.

Los padres de Marco Antonio pudieron verlo por primera vez en diciembre, tres meses después de haber sido detenido. Aún estaba aturdido por las torturas y su detención sin sentido. Tenía marcas de las esposas en las muñecas y no sentía los dedos de las manos.

Yurayma Carapaica sufre fibrosis pulmonar, no se ha dejado vencer ni por la enfermedad ni por la adversidad de ver convertido en preso político a su único hijo. Aún con sus problemas para respirar ha asistido a todas las audiencias que se han dado en este caso. Relata con voz entrecortada, sentada al lado de su esposo, lo que el joven ha vivido en casi dos años de prisión, primero en la DGCIM y luego en las cárceles comunes adonde ha sido trasladado: Yare y ahora en El Rodeo II, señalado de  terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y porte ilícito de arma. Pasó a juicio sin pruebas en su contra por decisión de la jueza Karol Padilla, quien hizo el anuncio pasada la medianoche en la audiencia preliminar, después de todo el día en el tribunal.

“El juicio comenzó el 17 de junio de 2021, 9 meses después de la detención, se realizaron 10 audiencias, pero el proceso se suspendió el 26 de octubre por incumplimiento en las boletas de traslado porque los 10 detenidos están dispersos en diferentes centros de reclusión, y las audiencias no se pueden efectuar si no están todos los involucrados presentes. Entonces el juez del Tribunal Octavo de Juicio con competencia en Terrorismo, Ignacio Vera, decidió arrancar de nuevo cero, eso fue el 16 de noviembre de 2021. Hasta ahora en esta etapa se han realizado 37 audiencias”, relata Antonio Garcés, padre de Marco Antonio, para quien la vida también dio un oscuro giro que no parece tener fin.

Este año las audiencias han aportado elementos de gran valor, aunque de profundo impacto para los detenidos y sus familiares, pues han sido convocados los testigos del DGCIM. Entre ellos los detenidos reconocieron a sus torturadores, el mayor impacto fue para Matthew John Heath, quien reconoció al funcionario que intentó abusar sexualmente de él. “Mi hijo y Matthew se alteraron mucho al verlo, yo tuve que abrazar a mi hijo para que se calmara… Ese hombre cayó en muchas contradicciones en esa audiencia, le evacuaron siete órganos de prueba en esa oportunidad, y así como él otros de los torturadores, pero aún faltan 17 personas del DGCIM por declarar, entre ellos el teniente Abel Angola, quien se encargó de colocar las falsas evidencias para la segunda foto del montaje”. Este militar, también conocido por alias “Aureliano”, ha sido señalado en reiteradas ocasiones de ser uno de los más crueles torturadores en Venezuela y denunciado ante instancias internacionales.

Con el paso de las semanas y al ver que no avanza el proceso judicial el joven estadounidense no desea volver a las audiencias, incluso tuvo un Intento de suicidio hace pocos días, ya desprendido de toda esperanza. Él es el único del grupo que queda detenido en el DGCIM, eso ha profundizado sus crisis depresivas. Y su decisión afecta el juicio a los demás detenidos, es la gran preocupación de los padres de Marco Antonio.

“Él es un muchacho de la casa, bien portado, es chef, juega fútbol, estaba por graduarse… Ahora está en una cárcel ha perdido como 20 kilos de peso, nos cobran por todo para dejarnos pasar hasta lo más elemental que es el agua potable y la comida para algunos días de la semana, por el lugar donde él duerme también hay que pagar; no sabemos exactamente quién cobra, para quién va la plata, pero nos dan una lista de pagos mensuales en dólares, nosotros somos pensionados, es muy difícil pero no podemos dejar de luchar… Todo ha sido tan incoherente que uno en el juicio piensa ‘esto ya está ganado’ porque todo se cae por su propio peso, pero no ha sido así”.

Antonio Garcés piensa en el futuro: “La vida se le va, con todo lo que tratamos de ayudar las condiciones allá adentro son infrahumanas, se va debilitando su sistema inmune, su autoestima y su estabilidad emocional, pues cuando mi hijo salga tendrá que ver a un psicólogo para que lo ayude, solo con escuchar unas llaves puede reaccionar mal porque le recuerda el sonido de las llaves cuando lo torturaron porque con ese sonido lo despertaban, y así otros traumas… Mi hijo sueña con hacer cosas tan elementales como bañarse debajo de una regadera y que el agua corra sobre él… La Corte Penal Internacional está haciendo un trabajo pero más que todo de las personas que murieron en 2017, ¿cuándo va a llegar a los hechos de 2020 y de quienes permanecen presos solo por haber estado en el momento y lugar menos indicado sin haber cometido ningún delito? Porque la justicia acá da dos pasos para adelante y tres pasos para atrás”.

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