La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó su
último informe con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, el cual abarca la
documentación realizada por su oficina desde el 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022.
En el informe se puede observar que según lo documentado por la ACNUDH, el Estado venezolano
continua cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos en diversas dimensiones,
incluyendo derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos. Las reformas
realizadas a nivel nacional no han sido suficientes para cesar dichas violaciones ni para llevar a cabo
una investigación adecuada sobre las violaciones cometidas en el país en los últimos años.
Situación de violencia en el Arco Minero del Orinoco, desplazamiento y asesinato de miembros de
comunidades indígenas
El informe alerta sobre la situación en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas mineras de los
estados Bolivar y Amazonas. Según lo narrado en el informe, en estas zonas se han generado
enfrentamientos entre grupos armados no estatales y bandas criminales por el control de la minería,
en el marco de lo cual continua utilizándose mercurio y cianuro afectando los ríos que son la
principal fuente de agua en la región. El informe advierte que continúan también las prácticas
sistemáticas de trabajo infantil, explotación sexual y trata de personas.
Estas situaciones de violencia has impactado desproporcionalmente a los pueblos indígenas, en
particular durante el periodo de evaluación analizado, el pueblo indígwna Samena se vio
parcialmente desplazado por la violencia en la zona. La oficina también documentó el asesinato de
cuatro personas Yanomami en un incidente con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB).
Criminalización y persecución contra disidentes o percibidos como tal, incluyendo a miembros de
la sociedad civil
Uno de los datos mas alarmantes presentados en el informe son los asociados al cierre del espacio
cívico y en especifico el ataque y control a las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de
derechos humanos. La oficina afirmó que hubo un aumento en los actos en la estigmatización y
criminalización de los representantes de la sociedad civil, incluyendo a personas defensoras de
derechos humanos , periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
Solo en el periodo bajo examen, la oficina documentó 154 casos de estigmatización, hostigamiento y
amenazas contra dichos grupos así como al menos 5 detenciones arbitrarias de miembros de la
oposición política.
La oficina mencionó también la detención arbitraria de tres miembros de la organización Fundaredes, incluyendo a su director Javier Tarazona, quien en el mes de julio cumplirá un año de
detención arbitraria en el Helicoide a pesar de su situación de salud delicada. En especial la oficina
alertó sobre el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizadas contra el
trabaja legítimo de los defensores de derechos humanos y los trabajadores de medios de
comunicación.
Detenciones arbitrarias, retardo procesal y utilización indebida de la prisión preventiva
El criterio de la oficina es que persisten los desafíos para garantizar el derecho de las personas
acusadas a la libertad y a un juicio justo sin demoras indebidas. Específicamente, el informe hace
mención de 35 casos de privación arbitraria de la libertad de las cuales 22 continúan con medidas
coercitivas. Entre los casos documentados por la ACNUDH, se encuentra el de una víctima que pasó
mas de 5 años en prisión preventiva y a quien aun no se le ha otorgado la libertad incondicional.
El informe también señala que continúan los retrasos en la aplicaciones de las ordenes de liberación,
en específico documentó al menos siete casos en los cuales no se han implementado las órdenes de
liberación emitidas por los tribunales. Por último, con respecto a este punto, la oficina también
afirmó que las autoridades incurrieron en demoras judiciales indebidas en al menos 74 casos.
Violaciones a la integridad personal en los centros de detención
El informe menciona denuncias de tortura y malos tratos de al menos 14 personas privadas de
libertad durante el periodo de análisis así como 5 otras denuncias de personas que ya se
encontraban detenidas. Asimismo, señala que en al menos 29 casos las autoridades no atendieron
con prontitud las solicitudes de exámenes de salud y traslados médicos. Entre estos casos el informe
afirma que en agosto de 2021, un recluso del centro de detención del Estado Monagas La Pica, que
había contraído tuberculosis murió por insuficiencia respiratoria, asimismo que en octubre de 2021
falleció en custodia el preso político Raúl Isaias Baduel.
Falta de investigaciones reales por violaciones sistemáticas de derechos humanos
El informe de la ACNUDH afirma que las autoridades venezolanas han realizado avances en algunos
casos específicos de violaciones graves de derechos humanos. Entre estos casos, la oficina menciona
el del capitán corbeta Rafael Acosta Arévalo, el exconcejal Fernando Albán, dos trabajadores del
medio de comunicación La Guacamaya TV y el estudiante Fabián Alfonso Urbina Barrios.
Sin embargo, la oficina recalca que en ninguno de estos casos, realizados por el SEBIN, la DGCIM y la
FAES fueron investigadas las cadenas de mando. Esto es de especial relevancia considerando que la
Misión de Determinación de los Hechos señaló que estos casos respondían a patrones de
persecución que involucran a otras altas autoridades nacionales.
La oficina también afirma que en algunos casos como los de Juan Pablo Pernalete y Diego Arellano
los fiscales han sido cambiados al menos 15 veces causando retrasos judiciales, trauma y
revictimización. Asimismo que los casos de desaparición forzada a los cuales le ha dado seguimiento
los progresos en las investigaciones han sido limitados. La oficina llamó al Estado a que se realicen
esfuerzos adicionales para fortalecer el marco nacional, en particular la rendición de cuentas de
todos los autores, incluida la responsabilidad superior y de mando y una reparación a las victimas. Es
importante recordar que en abril de 2022, el Fiscal de la Corte Penal Internacional afirmó que el
poder judicial venezolano no ha realizado investigaciones a la fecha sobre posibles crímenes de lesa
humanidad ocurridos en el país.
Operativos de seguridad y violaciones al derecho a la vida
Si bien el informe menciona que ha habido una reducción significativa del número de muertes en
operativos de seguridad, establece también que dichas operaciones continuaron durante el periodo
bajo evaluación. El informe señala que durante un operativo de gran escala en julio de 2021
murieron 22 personas y 28 resultaron heridas en La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, Petare, San Juan
y El Valle. Asimismo, documentó 6 casos con el mismo patrón de ejecución extrajudicial realizado
por fuerzas de seguridad en Caracas y El Tocuyo, Lara. En el informe la oficina también afirma que en
al menos tres casos, antes de ser ejecutada extrajudicialmente, las fuerzas de seguridad los
sometieron a tortura o malos tratos. Entre las fuerzas involucradas la oficina afirma que se
encuentran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el ComandoNacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Bolivariana, la FAES y las policía municipal de Sucre.
La oficina también afirmó que durante el periodo de evaluación se documentó la detención
arbitraria de al menos 13 personas en el marco de los operativos de seguridad que habrían sido
cometidas juntos con torturas o tratos inhumanos o degradantes, régimen de incomunicación y que
los familiares no recibieron información sobre el paradero de las victimas durante hasta un mes.
Violación del derecho a la salud y a la alimentación.
Según la documentación realizada por la oficina, en Venezuela se sigue reportando falta de
medicamentos, de suministros y de personal calificado en el sistema de salud. El informe aclara que
la pandemia del Covid agravó el sistema de salud pero que éste ya se encontraba en un estado de
fragilidad antes de la misma. En especial, se hace referencia a las situación de niños y niñas con
enfermedades crónicas, la vacunación contra enfermedades prevenibles, y la salud sexual y
reproductiva de mujeres y adolescentes. Además alerta que las irregularidades en el servicio de
electricidad han impactado al sistema de salud ya los centros sufren apagones regulares.
Si bien el informe hace mención a una desaceleración de la inflación, aclara también que
actualmente el salario mínimo en Venezuela cubre solo el 8 por cierto del costo de la canasta básica
de alimentos.
Control de la información oficial
De acuerdo a lo documentos por la oficina de la ACNUDH, un problema transversal en la protección
de diversos derechos es la falta de información pública y desglosada sobre diversas violaciones a
derechos humanos o a las acciones tomadas por el Estado para garantizar dichos derechos. El
informe hace mención a falta de información con respecto a la implementación del Plan Nacional de
Vacunación, a investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y a la situación de violencia
contra la mujer que se vive en el país.
Si bien el informe incluye un reconocimiento por parte de la ACNUDH de medidas adoptadas por
Venezuela para aplicar recomendaciones anteriores, el mismo no analiza de forma detalladas en que
medida dichas recomendaciones fueron implementadas en el país. La mayoría de las reformas
incluidas en el informe y reconocidas como avance por parte de la OACNUDH se refieren a
enmiendas legales cuyo impacto aun no puede ser evaluado. La oficina incluso advierte que muchas
de estas enmiendas fueron llevadas a cabo sin consultas previas y amplias con la sociedad civil, la
cual es esencial para mantener la transparencia en todos los procesos legislativos.
Los venezolanos necesitan que los mecanismos de derechos humanos continúen con sus
mandatados sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Tanto la presencia de la Oficina
de la ACNUDH como la investigación de la Misión de Determinación de los Hechos permitirá luchar
contra la impunidad en el país.
