Por más de 20 años Calixto Ávila, abogado colombiano, investigador especialista en derechos humanos con maestría en Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas, ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en Venezuela a través de su trabajo con la ONG Provea. Considera imprescindible la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela para ahondar en las investigaciones de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país con el foco principal en los más altos responsables. Opina que el nuevo titular de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas debe “respaldar claramente” el trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, cosa que no hizo Michelle Bachelet
¿Cuál es la importancia de la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en vista de que fue creada para un fin y período específico?
La Misión fue creada en 2019 y fue renovada en 2020 por un periodo de dos años más. Lo que buscamos las organizaciones de derechos humanos es que se mantenga su mandato actual y que sea renovado por un periodo de otros dos años. La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela es parte de lo que se conoce como mecanismos de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo de más alto nivel para investigar situaciones como la venezolana donde hay una crisis de derechos humanos y una Emergencia Humanitaria Compleja con consecuencias en los derechos humanos. Ha sido adoptado mediante resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y votado de acuerdo con los reglamentos del Consejo y aprobada mediante votación.
Desafortunadamente, el gobierno de Venezuela recurre permanentemente a un argumento de que la Misión no tiene fundamento en la normativa del Consejo y que se trata de una misión aprobada sin el consentimiento del Estado bajo investigación, en este caso el Estado venezolano. Pero ese argumento no tiene ningún asidero y, por el contrario, este tipo de resoluciones lo que permiten es justamente implementar los procedimientos establecidos por el Consejo y una vez aprobada mediante el voto debe ser aceptada de buena fe por parte del Estado investigado con base al principio que obliga a los Estados a cumplir sus compromisos internacionales.
La esperanza es que ahora en septiembre, cuando sea presentado un nuevo proyecto de resolución para ampliar la Misión por un periodo mínimo de dos años, sea nuevamente aprobado y así como también la presencia de la Oficina del Alto Comisionado, pues consideramos que esos dos mecanismos, son necesarios y complementarios para atender la situación en Venezuela.
¿De qué ha servido la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela?
Los mayores beneficios se reflejan en sus dos informes en los que se ha mostrado esencialmente la existencia de una serie de crímenes que pueden constituir crímenes internacionales, en particular de lesa humanidad que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional; no los crímenes específicos que ha investigado la Misión porque son mecanismos independientes, pero las investigaciones de la Misión concluyen que efectivamente se podrían haber producido crímenes de lesa humanidad. Esos son los resultados del primer informe presentado en 2020, y en el segundo informe de 2021, que hace relación al tema judicial, constató básicamente la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela, incluso, aún más grave, el uso del sistema judicial como parte de la estructura represiva y de persecución. Entonces, tenemos dos informes que han permitido ilustrar la situación de derechos humanos en temas clave y estructurales que afectan severamente la situación de derechos humanos en el país.
Otro gran beneficio de la Misión de Determinación de Hechos a partir de los informes es su efecto preventivo en términos de disminuir fenómenos de graves como, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales. Hay que tener en cuenta que el informe de la organización Lupa por la Vida determinó un descenso de estos casos respecto a años anteriores de más de 50%. Nosotros estamos convencidos de que eso se debe fundamentalmente a los efectos de las investigaciones de la Misión de Determinación de Hechos y, en particular, a que el foco principal de la Misión es establecer responsabilidades y que los responsables rindan cuentas ante la justicia, específicamente las cadenas de mando; es decir, los más altos responsables quienes dan las órdenes de cometer estas violaciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
¿Si se llega a renovar de la continuidad de la Misión cuáles temas considera que debería abordar en sus investigaciones?
En principio, queda un tercer informe que será presentado en septiembre y creemos que es probable que se centre en el Arco Minero del Orinoco, pero eso dependerá del enfoque que quieran presentar los comisionados y la actividad de su equipo técnico que está trabajando desde fuera del país. De todas maneras para nosotros como organizaciones de derechos humanos es importante que se mantenga la investigación y el mandato tal cual está; es decir, que se sigan investigando los mismos fenómenos de violaciones a los derechos humanos en el país, pueden ser abordados otros tópicos, pero el mandato sustancialmente debe mantenerse. Hay un elemento, por ejemplo, que fue incorporado en la segunda resolución y que fue desarrollado durante la primera investigación, que fue el tema de los crímenes de naturaleza sexual, especialmente en las personas privadas de libertad, ese es un tema que debería ser desarrollado de manera más profunda por la Misión en una eventual extensión del mandato.
Y en términos de oportunidades no hay que olvidar que en 2024 habrá elecciones a la Presidencia de la República y en 2025 habrá elecciones regionales, tenemos claro que la Misión de Determinación de los Hechos ha jugado un rol importante en la protección de quienes ejercen sus derechos políticos a elegir y a ser elegidos, en particular de quienes están en la oposición política. Entonces, la existencia de la Misión en estos dos años que vienen es crucial para garantizar que haya elecciones libres, justas y transparentes de acuerdo con los estándares internacionales.
En días pasados la Alta Comisionada Michelle Bachelet anunció que no se postulará a otro período en su cargo. ¿Qué opina de su mandato y qué expectativas habría en cuanto a la continuidad del trabajo sobre Venezuela que tendrá el sucesor?
Creo que hay que hacer una aclaratoria. El Alto o la Alta Comisionada asume ese cargo de manera temporal por cuatro años y efectivamente el mandato puede ser renovado si la persona presenta su candidatura nuevamente, pero es algo que decide el Secretario General de Naciones Unidas y que debe ser aprobado por la Asamblea General. Es un cargo de acuerdo con la Resolución 48/141 de 1993, la cual establece ese procedimiento y le da un mandato al Alto Comisionado para fortalecer el tema de los derechos humanos, incluido el apoyo al sistema de los órganos de protección, entre los que está la Misión de Determinación de Hechos. Y ese es precisamente uno de los aspectos que más criticamos las organizaciones a la señora Bachelet, que en todo este tiempo no haya dado un pronunciamiento de apoyo a la Misión cuando es parte del sistema de Naciones Unidas y ha sido creada por el Consejo. Otra de las diferencias que tenemos con la gestión de la Alta Comisionada es el tono bajo en sus actualizaciones orales durante el Consejo de Derechos Humanos, creemos que ha tenido un lenguaje bastante condescendiente con el gobierno venezolano. Pero es importante distinguir la institución de la persona que la lidera. El Alto Comisionado como institución tiene presencia de funcionarios temporales en el territorio, la idea es que evolucione hacia una oficina permanente, eso es algo que debería ser parte de la agenda de la persona que asuma las funciones en septiembre cuando será el próximo periodo de sesiones. El nuevo o la nueva Alta Comisionada no será de la región de las Américas porque hay una rotación geográfica, pero en su agenda debería estar el establecimiento de esa oficina permanente en Venezuela con un mandato muy fuerte, no puede ser un mandato débil; y segundo tener una visión más global del sistema de Naciones Unidas, en particular mediante el respaldo a los mecanismos de investigación, como lo es la Misión de Determinación de Hechos, que esperamos sea renovada. Por lo tanto, esperamos que el nuevo Alto Comisionado o la nueva Alta Comisionada respalde claramente el trabajo de la Misión.
El tercer aspecto tiene que ver con la importancia de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, que son piedra angular del sistema, por ende el nuevo Alto Comisionado debe mantener una política de acompañamiento y de protección a las organizaciones de derechos humanos. Y como cuarto punto es importante decir que el nuevo Alto Comisionado tiene como misión también hacer mucho más transparente las relaciones con el Estado venezolano. Actualmente, la relación de la Alta Comisionada y la oficina se basa en un memorándum de entendimiento confidencial cuando no hay ninguna razón según las normativas de Naciones Unidas para que sea así, en particular porque el Estado venezolano se ha caracterizado por su falta de transparencia en la gestión pública y eso se ilustra en la falta de informes públicos que incluyan estadística y data.
¿Cómo se vinculó al trabajo en defensa de los derechos humanos y cómo se dio su interés por la situación en Venezuela, ya que no es un país de origen?
Mis inicios se remontan a mi época de estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Externado de Bogotá ante la situación de derechos humanos en mi país, que es Colombia, que me llevó a un trabajo en favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de crímenes en el conflicto armado interno que vivió y que vive Colombia todavía. Posteriormente, la vida me permitió trabajar en Europa, en particular hacer un trabajo de cabildeo hacia la Unión Europea en Naciones Unidas sobre temas de derechos humanos; también tuve oportunidad de trabajar en algunos países de la región, específicamente en Haití y en El Salvador con misiones de organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Desde 1996 he estado vinculado al tema de Venezuela, he vivido en Venezuela durante muchos años, mi familia es venezolana y la situación de derechos humanos allí es algo en lo que he mantenido un compromiso, en particular a través de un vínculo muy estrecho con Provea, organización de la cual soy parte de la Asamblea General desde hace años y con la que he desarrollado innumerables investigaciones y períodos de trabajo muy gratos. También he tenido relaciones con el resto de organizaciones de derechos humanos venezolanas y con muchos y muchas colegas que trabajan en otras organizaciones a nivel nacional y regional.
¿Qué cambios observa en los años transcurridos desde que usted comenzó a seguir de cerca la situación de los derechos humanos en Venezuela?
En la década de los noventa, cuando comencé a trabajar de cerca el tema Venezuela, había una grave situación de derechos económicos, sociales y culturales en el país, también existía una gran violencia policial y ocurrían muchas ejecuciones extrajudiciales en el país. Con la llegada del gobierno de Chávez una de las promesas fue resolver la inequidad social y el problema de violencia estructural en las policías; sin embargo, con el paso del tiempo hemos visto que el país se ha sumido en una Emergencia Humanitaria Compleja que tiene más de 6 millones de migrantes forzados y la situación de las ejecuciones extrajudiciales y la violencia policial ha aumentado considerablemente.
¿Y en cuanto al movimiento de derechos humanos venezolano, cómo ha visto su evolución?
También en la década de los noventa en Venezuela había un movimiento de DDHH vigoroso, pero marginal para la realidad nacional. Actualmente es un protagonista de primer orden en la vida nacional tanto en el plano interno mediante la documentación y acompañamiento a las víctimas como en el plano externo mediante la documentación y activación de instancias internacionales. En ese sentido, el movimiento de derechos humanos ha hecho un enorme aporte al país con la activación del sistema interamericano y del sistema universal, con mecanismos de investigación como la Misión de determinación de los Hechos, la Organización Internacional del Trabajo y la primera investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. De manera que el movimiento de derechos humanos ha evolucionado, se ha fortalecido, se ha especializado y ha continuado haciendo el trabajo que deben hacer las organizaciones de acompañar a las víctimas sin importar el gobierno de turno.
