La posible instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas causa expectativas en víctimas, familiares y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, es poco lo que se ha informado al respecto. De allí que un grupo de ONG suscribieron un comunicado en el que le piden a la instancia mayor transparencia y expresan una serie de preocupaciones
–¿Qué beneficios tiene la instalación en Caracas de una oficina de la Corte Penal? ¿Es común esto en países que son investigados o donde hay probabilidades de iniciarse investigaciones?
–Sí, es algo que ha ocurrido en otros casos y me parece que es bueno. Un ejemplo muy cercano lo tenemos en el caso colombiano, donde hubo una experiencia parecida en el sentido de que se instaló una oficina de capacitación técnica para asesorar la creación de la justicia especial de paz. Esa oficina en Caracas no tendría ese alcance, pero sí busca capacitar a los funcionarios nacionales y transmitirles el know how de la Fiscalía en materia de levantamiento de casos de acuerdo con los estándares del Estatuto de Roma.
Recientemente varias organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado en el que expresan algunas preocupaciones respecto a la instalación de esa oficina en Caracas
Sí, en ese comunicado le pedimos a la Fiscalía de la Corte Penal que nos dé más información como ha ocurrido en otros casos; no estamos pidiendo un trato preferente, sino que se haga como es habitual que una vez que se concluye un examen preliminar y se pasa investigación el fiscal de la CPI presenta un documento donde expresa las conclusiones que lo llevaron a tomar la decisión de iniciar una investigación. Ese documento, en el caso de Venezuela, hasta el día de hoy y a pesar que el examen preliminar se cerró en noviembre, todavía no se ha hecho público. Ese documento es importante porque nos permite saber si el examen preliminar se cerró con los mismos delitos que se establecieron al principio o si se amplió el rango temporal. Recordemos que era a partir de los sucesos de abril del año 2017 cuando los seis países remitieron el caso a la CPI. Entonces lo que estamos pidiendo es más información y que se delimiten claramente las áreas de trabajo. Si, por ejemplo, va a ser una capacitación técnica estrictamente teórica o si va a ser una capacitación técnica para los casos que el Estado va a presentar como justicia cumplida, porque en ambos la situación es completamente diferente.
¿Es común que haya una representación de la Fiscalía de la CPI en el país investigado y que busque acercamiento con las víctimas como se pide en el comunicado?
Justamente eso es importante aclararlo, ya que el fiscal de la Corte Penal dijo en una entrevista con el diario español El País que en principio la oficina va a ser estrictamente de capacitación técnica y que no va a tener contacto con las víctimas pues no va a investigar los casos estando en Venezuela, lo que es una limitación importante para que la gente pueda entrevistarse con los funcionarios asignados. Eso no impide, sin embargo, que cualquier víctima, con oficina o sin oficina en Caracas y de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, pueda dirigir una comunicación para presentar un caso ante la Corte Penal Internacional. Esto lo digo porque se puede tener la falsa idea de que mientras los funcionarios de la CPI estén en Caracas la Fiscalía no va a trabajar en la investigación. En eso el fiscal ha sido muy consistente; tras la primera visita a Venezuela dijo que la fase de investigación era una vía de dos caminos, y más recientemente dijo que la complementariedad no es un camino de un solo sentido. Es decir, que así como el gobierno puede decir que es su potestad juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía de la Corte Penal también puede hacer lo mismo. Entonces, que no se piense en la existencia de una oficina en Venezuela como una paralización del trabajo de investigación de la Fiscalía de la CPI. Lo que sí es importante aclarar es que con la capacitación técnica está dando la posibilidad al gobierno de ejercer su potestad de juzgar a los máximos responsables en tribunales nacionales, pero eso requiere un importante esfuerzo que incluso podría conllevar a que se extienda de nuevo el plazo para que el gobierno presente pruebas de que está llevando a cabo las investigaciones y sanciones a los máximos responsables. Por eso es importante que el fiscal diga expresamente que mientras se esté dando la capacitación no se van a presentar casos hasta dentro de determinado tiempo.
En el comunicado las organizaciones firmantes señalan la necesidad de que la Fiscalía de la CPI interactúe con la sociedad civil, sobre todo con las víctimas y sus familiares. ¿Es común que haga eso cuando se trata de un tribunal cuya función es juzgar a diferencia, por ejemplo, de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU?
El tema está en que esa oficina debe velar por la seguridad de las víctimas y familiares, pues estamos hablando de personas que por denunciar ante la Corte Penal pudieran sufrir algún tipo de daño o retaliación, pero hay mecanismos para salvaguardar la integridad de las víctimas. También hay que tomar en cuenta la posibilidad de que se creen falsas expectativas, la gente puede llegar a pensar que porque se entrevistó con la Fiscalía de la CPI su caso va a ser investigado, pero para aclarar eso están las organizaciones que acompañan a las víctimas. Creo que al final lo que las víctimas quieren del fiscal de la CPI es que las escuche, que asuma las decisiones que considere sobre los casos, pero por lo menos que las escuche y las tome en cuenta, para ellos sería muy importante.
¿Cree que la presencia de representantes de la Fiscalía de la CPI en Venezuela contenga la comisión de graves violaciones de los derechos humanos?
De acuerdo con la experiencia de Colombia, que es la que podemos citar, organizaciones hermanas nos han comentado que no es que el Estado dejó de violar derechos humanos de un día para otro, pero sí hubo una contención en cometer actos que pudieran considerarse crímenes de lesa humanidad. Lo mismo podría esperarse de la situación en Venezuela, no van a dejar de ocurrir las violaciones, pero sí puede haber un mayor miramiento a la hora de tomar decisiones, de hacer tan visibles acciones que puedan ser consideradas crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, en desarrollo existen situaciones que han sido denunciadas en los informes de instancias internacionales como graves violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo los tratos crueles, inhumanos, degradantes e incluso torturas a presos políticos…
Así es, además hay que tener claro que la persecución política es parte estructural del sistema; es decir, el gobierno necesita tener presos políticos, es parte de su esquema de gobierno. Entonces, a partir de ahí no es que las graves violaciones a los derechos humanos van a desaparecer, pero quizás se vaya a tener un mayor miramiento a las formas.
En el comunicado señalan que todo el trabajo entre la Fiscalía de la CPI y el gobierno debe ir más allá de la complementariedad. ¿Podría explicar a qué se refieren con eso?
Recordemos que la Corte Penal es un organismo que consume muchos recursos, que tiene casos literalmente de todo el mundo y que fue hecha para intervenir en aquellos casos donde efectivamente los tribunales nacionales no pueden cumplir con su labor, pero el primer escalón que establece el Estatuto de Roma –que rige a la CPI– es que sean los tribunales nacionales los que juzguen a los responsables. Es por eso que este tema de la “complementariedad positiva” lo que está diciendo es: ‘bueno, en lo posible trata de que los tribunales nacionales sean los que actúen, pues la Corte solamente va a actuar cuando sea estrictamente necesario’, porque la competencia de la Corte es complementaria, y de ahí viene la razón de ser de la palabra, no puede sustituir a los tribunales nacionales, solo los complementa. Lo que pasa es que las ONG estamos convencidas, y eso lo dice el comunicado, que ese esfuerzo va terminar en la conclusión de que el Poder Judicial venezolano no tiene la estructura ni los elementos suficientes para juzgar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, y por eso también llamamos la atención del fiscal de la Corte para que tome en consideración lo que ha dicho la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en torno a la corresponsabilidad del sistema de justicia con los crímenes de lesa humanidad.
Revisando los elementos que ha explicado y otros del comunicado suscrito por las ONG da la sensación de que tienen más preocupaciones que buenos augurios respecto a la posible existencia de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela
Lo que sucede es que se tiene la idea de que hacer pública cualquier preocupación implica una crítica. Estamos convencidos de que la Fiscalía de la Corte Penal es un órgano independiente y que está actuando acorde al Estatuto de Roma, eso queremos dejarlo claro. Lo que como sociedad civil estamos pidiendo es transparencia y que la Fiscalía sea más abierta con la sociedad civil, sobre todo más cercana a las víctimas que desde la primera visita que hizo el fiscal Khan están deseando contacto institucional con la Fiscalía, recordemos que es una obligación hablar con todos los involucrados en una investigación. En el comunicado valoramos positivamente la presencia de la oficina de la Corte en Venezuela porque cualquier información que tenga esa oficina, aunque su presencia sea por asistencia técnica, le va a permitir tener un mejor conocimiento de la situación venezolana, de los casos y de las denuncias que ha recibido en La Haya. //
