En marzo de 2020, a pocos días del inicio de la cuarentena por el COVID-19, la fachada de la casa del defensor de derechos humanos Javier Tarazona amaneció marcada con un graffiti de la “Furia Bolivariana”. Antes de eso, este docente tachirense, fundador y director de la ONG FundaRedes, había recibido amenazas y hostigamientos desde el poder en reiteradas ocasiones, incluso su nombre y el de su organización ya ocupaban un espacio en la cartelera de criminalización que exhibe el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en su programa de televisión “Con el mazo dando”. Muchas veces vehículos de algún organismo de seguridad rodeaba los lugares donde el defensor realizaba sus actividades de activismo.
Así que eran latentes los riesgos y amenazas por cumplir su labor de documentar, visibilizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en la frontera venezolana, así como la acción de los grupos armados irregulares (guerrillas y paramilitares) ante la mirada pasiva del Estado venezolano. Sin embargo, nada lo detenía, denunciaba lo que nadie más hacía porque contaba con información de primera mano que confirmaba cada una de sus aseveraciones. Por esa labor la organización fue víctima de 11 actos de hostigamiento sólo entre marzo de 2020 y junio de 2021.
El 2 de julio de 2021 fue detenido cuando denunciaba en la Fiscalía del Ministerio Público del estado Falcón que él y parte de su equipo estaban siendo víctimas de persecución y hostigamiento durante su estadía en esa entidad, adonde se trasladaron para cumplir con una agenda de formación de activistas. La noche anterior vehículos del Sebin y la DIEP (antigua FAES) llegaron al hotel donde se hospedaban y al ver que los activistas llegaron intentaron abordarlos. Se inició una persecución que duró más de una hora, recuerda Clara Ramírez, coordinadora de Documentación de FundaRedes, quien se encontraba con ellos. “Intentamos hospedarnos en otros hoteles y en todos nos dijeron que la gente del Sebin había dado la orden de no alojarnos. Tuvimos que salir de la ciudad y resguardarnos en una casa lejos que nos facilitaron”.
¿Qué detonó esta persecución? Un par de días antes Tarazona y parte de su equipo estuvieron en Caracas en la sede de la Fiscalía General para solicitar que se investigara al ex ministro de Interior y ex gobernador del estado Guárico Ramón Rodríguez Chacín por su presunto vínculo con la guerrilla colombiana, ofreciendo como pruebas unas fotografías en las que aparece el ex alto funcionario y su esposa, Carola de Rodríguez, reunidos con algunos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, las denuncias de la presencia de los grupos armados irregulares en Venezuela y la inacción del Estado venezolano para impedir su presencia han sido denunciadas públicamente por el director de FundaRedes desde hace varios años, incluso entregando pruebas a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General y del estado Táchira, y a algunas instancias internacionales.
Paradójicamente, Tarazona fue detenido mientras denunciaba acoso en su contra. Con él estaban su hermano Rafael; el coordinador de la organización en Falcón, Omar de Dios García, y Jhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela (Cofavidf). Ese día, Clara Ramírez y otro miembro de la organización que acompañaban a Tarazona en su viaje desde Táchira estaban impartiendo una jornada de formación y esperando a que sus compañeros llegaran de formular la denuncia cuando un periodista que estaba en el lugar le informó sobre la detención de sus compañeros.
“¡Pero si él estaba en la Fiscalía poniendo una denuncia! ¿Cómo se lo van a llevar preso de la Fiscalía? No me cuadraba que los detuvieran justo cuando estaban denunciando que eran víctimas de hostigamiento. Un hermano de Omar de Dios García se trasladó a la sede del Ministerio Público donde confirmó que se los llevaron presos a los tres. Luego supimos que Rafael Tarazona, que no había entrado con ellos, al ver que se los llevaban detenidos se acercó con el carro, pero fue interceptado, lo bajaron y también se lo llevaron. Dijeron que los trasladarían al Sebin en Punto Fijo, pero cuando los familiares fueron hasta allá se los negaron y también fueron a las FAES donde les dijeron que ellos serían incapaces de detener a defensores de derechos humanos. En la tarde los periodistas del estado Falcón hicieron alertas de que había un helicóptero en el aeropuerto de Coro donde se estaban llevando a tres personas detenidas. Esos eran Javier, Rafael y Omar de Dios, al señor Jhonny Romero lo dejaron en libertad porque en la Fiscalía lo conocen por su organización que no es FundaRedes.
Desde 2019 Clara Ramírez forma parte de FundaRedes, trabajó desde Colombia para establecer alianzas con organizaciones de ese país a fin de dar apoyo a los migrantes venezolanos y hacer que su tránsito fuese menos riesgoso y traumático. A finales de ese año se incorporó el equipo en el estado Táchira. Es abogada, por lo que conoce las leyes venezolanas y los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado venezolano en materia de derechos humanos. Ese conocimiento le aporta a la organización el fundamento legal de las violaciones de derechos humanos en la frontera que denuncian constantemente.
Tras la detención de los activistas fueron trasladados a Caracas para someterlos a juicio. Se les señaló de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria. Por tres meses estuvieron incomunicados ni familiares ni abogados pudieron verlos. Les fue asignado un defensor público ante la negativa de que asignaran defensa privada.
Dos semanas después de la detención, el Sebin allanó de noche la sede de la organización en Táchira y paralelamente la casa de Tarazona, donde solo se encontraban la mamá y su hijo de 14 años de edad. Relata Clara Ramírez que voltearon todo lo que encontraron a su paso, se llevaron computadoras, agendas, hojas sueltas y hasta libros que –según ellos– constituían elementos probatorios. La verdad es que ningún funcionario del Estado nunca ha revelado ni mostrado algo que hayan conseguido que incrimine a Javier Tarazona con los delitos por los que lo señalan: “Igual hicieron en la sede de FundaRedes, donde rompieron vidrios, candados, se llevaron lo que había en las gavetas, pero todo lo que allí teníamos es información pública que mostramos en nuestros boletines e informes”, afirma Ramírez.
La primera vez que la familia pudo ver a Javier Tarazona, 90 días después, se le veía bastante desmejorado, con pérdida de peso, marcas alrededor del cuello y golpes en varias partes del cuerpo, hasta en los dedos de los pies, por las torturas y tratos crueles que ha sufrido. Este defensor tachirense es un paciente con un cuadro clínico delicado debido a varias patologías y condiciones médicas que padece como asma, hipertensión y diabetes, entre otras, que requieren tratamiento y observación médica constante. Durante su reclusión en el Sebin del Helicoide también ha sido sometido a tortura psicológica y sigue recibiendo golpes y arremetidas en su celda a cualquier hora del día o la noche. Además, sus allegados han tenido conocimiento de que le han suministrado sustancias estupefacientes para que declare algo que pueda perjudicarlo a él o incriminar a terceros. Clara Ramírez afirma que pese a todo esto el defensor del Pueblo no ha atendido el caso ni lo ha visitado para constatar su estado de salud.
La audiencia de presentación se difirió 13 veces, hasta el 9 de diciembre cuando ordenaron mantener a Javier Tarazona privado de libertad y su pase a juicio por los delitos de terrorismo e instigación al odio –retiraron los cargos de traición a la patria–, ratificaron la presentación ante tribunales cada 8 días para su hermano Rafael y para el coordinador de la organización en el estado Falcón que habían sido excarcelados en octubre, poco después de haber contraído COVID-19.
Han transcurrido 8 meses de la detención arbitraria de este defensor de derechos humanos. El caso ha sido denunciado en instancias internacionales. Recientemente, la Alta Comisionada Michelle Bachelet se pronunció al respecto al presentar su actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Expresó preocupación ante la privación de libertad y el deterioro del estado de salud de Tarazona en el contexto de las amenazas que sufre el espacio cívico en el país. También se refirió al caso Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, iniciativa ante la cual Clara Ramírez tuvo la oportunidad de enviar un mensaje el pasado 18 de marzo de 2022 en el que explica las circunstancias de la detención arbitraria y la situación actual del director de FundaRedes.
“Seguimos siendo la misma organización que viene monitoreando, documentando, denunciando y visibilizando las violaciones de derechos humanos en la frontera, y ahora con mayor fuerza porque por años hemos sido la voz de las víctimas de violaciones a derechos humanos y hoy la víctima de una detención arbitraria, de tratos crueles y torturas es nuestro director general. Así que sin lugar a dudas seguiremos trabajando, visibilizando a las víctimas para que tengan justicia. Esto nos ha servido de impulso porque es claro que lo que buscan con la detención de Javier es amedrentar, cerrar el espacio cívico, que no existan más defensores, que sientan temor al verse amenazados”.
Recientemente, FundaRedes cumplió 20 años, una fecha que tomó a su fundador y director tras las rejas. La organización se ha mantenido presentando sus diversos informes en las áreas de trabajo que abarca, así como sus reportes anuales. Clara Ramírez explica que el correspondiente a 2021 dedicará un capítulo a la situación de las amenazas y hostigamientos sufridos por los activistas y defensores de derechos humanos de los estados fronterizos del país. “Lo que más nos afecta es no tener comunicación con Javier, pues él es el corazón de la organización, porque está su familia y los miembros de la organización, pero podemos vernos o llamarnos para saber cómo estamos y nos sentimos con esto, pero no podemos hablar con Javier, los meses en que estuvo incomunicado no teníamos ni cómo saber si estaba vivo, eso causó un gran impacto… Ha sido muy difícil para todos que se lo hayan llevado y por tanto tiempo, perder comunicación con él, y saber que lo ha estado pasado muy mal. El Estado venezolano ha sido totalmente indolente con el sufrimiento de una madre y de toda una familia cuando lo único que ha hecho Javier es defender a otros, alzar la voz por otros, es lo que hace FundaRedes ya que hay mucha gente que no sabe que tiene derechos y que uno de ellos es reclamar y pedir justicia, por eso educamos a la gente para que conozcan cuáles son sus derechos y qué debe hacer ante una violación de derechos humanos, y eso no es un crimen”. //
