Recientemente, se dio a conocer un informe elaborado de manera conjunta por el Foro Penal y Amnistía Internacional titulado “Venezuela, represión calculada” en el cual se ofrece el producto de una investigación realizada a partir de algoritmos científicos sobre la correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país. Como explica Gonzalo Himiob, director del FP– esto aporta una base sólida al análisis sobre los patrones de persecución aplicados desde el poder. El informe fue enviado a la Corte Penal Internacional y a otras instancias internacionales
¿Qué motivó el informe recientemente publicado por el Foro Penal en alianza con Amnistía Internacional sobre la correlación entre la estigmatización y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela y cuáles son los principales hallazgos?
Básicamente, lo que nos motivó a hacer este informe es demostrar que las responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos en Venezuela van mucho más allá de los simples ejecutores, pues están presentes diferentes niveles de la estructura de poder, lo que podríamos llamar la cadena de mando, los cargos más arriba. Y eso está atado a la impunidad cuando estos hechos de persecución son ordenados, instigados o sugeridos por personas que tienen algo importante de poder en Venezuela. Uno de los argumentos principales del poder en Venezuela ha sido que las violaciones a los derechos humanos son supuestos hechos aislados, y nosotros desde hace mucho tiempo somos conscientes de que eso no es así, pero no teníamos una base académica y científica para demostrarlo. En este informe contamos con esa base y gracias a ella hemos detectado que por lo menos desde 2019, hablando en números generales, de cada cuatro veces que se materializa una estigmatización, intimidación o amenaza a través de los medios oficiales en tres casos se produce un acto de persecución, básicamente detención arbitraria por motivos políticos o por lo menos el inicio de una investigación penal arbitraria contra personas señaladas por el poder como enemiga.
En el informe señalan que las estigmatizaciones varían dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados en la detención y que a medida que pasa el tiempo los órganos enfocados en la represión varían, se turnan…
Si eso demuestra una hipótesis que venimos manejando hace tiempo y que es que, por decirlo de una manera muy coloquial, cada preso, cada perseguido político tiene un dueño y dependiendo de la estructura del poder, porque el poder está dividido en diferentes grupos. Podríamos decir que existe una rama militar que se articula a través de la Fiscalía y los tribunales militares; pilotada militares y una rama civil que se articula con los tribunales con competencia en terrorismo, de los tribunales ordinarios penales y del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana. Cuando se revisa cómo funciona esto uno se da cuenta de que dependiendo de la persona o de la entidad que instigue un acto de persecución se activan diferentes organismos del Estado, bien sea de la rama militar o de la civil, el informe demuestra que hay diferentes factores de poder que mueven diferentes instituciones.
¿Hicieron llegar a este informe digamos a instancias nacionales como la Fiscalía o a la Defensoría del Pueblo o internacionales?
Por nuestra parte lo hicimos llegar a la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Un aspecto presente en el informe es el tema de la aplicación de la jurisdicción militar en casos de civiles. En los últimos años han disminuido estos casos. ¿Qué análisis hacen al respecto?
La razón principal por la cual se empezó a utilizar la jurisdicción militar contra civiles está relacionada con el momento en que quien era fiscal general Luisa Ortega Díaz –que fue la gran persecutora de las personas que de alguna manera alzaban su voz contra el poder– dejó de estar de lado de la línea oficialista y fue cuando ella estaba dando algunos pasos hacia una consideración digamos un poco más benigna, evitando mantener encarceladas a las personas incluso a costa de lo que decía la norma, etcétera, y eso al gobierno no le gustó y en ese ínterin como la rama militar seguía en control absoluto de la autoridad pues se empezó a recurrir a la jurisdicción militar. Una vez que sale Luisa Ortega y el poder vuelve a tener el control del Ministerio Público ordinario los casos volvieron a pasar a la jurisdicción civil. Esa es básicamente la razón por la que todo esto pasó. Así es como tenemos civiles que han sido juzgados y que están siendo investigados por instancias militares y esa situación todavía no se ha corregido plenamente aunque hubo un esfuerzo cuando se anunció que todos esos casos iban a pasar a tribunales ordinarios, pero al final eso no se dio.
Desde el poder se suele cuestionar la veracidad y la rigurosidad de este tipo de informes. ¿Cuáles fueron las fuentes en las que se basaron para realizar este trabajo?
Se analizó la base de datos del Foro Penal de los casos de 2019 hasta el presente y se analizó también la base de datos del Centro para los Defensores y la Justicia de la Universidad Católica Andrés Bello. De esas dos bases de datos a través de un algoritmo –ni siquiera fue una persona que lo hizo– por un algoritmo se establecieron una base para determinar con precisión la correlación de los patrones. La rigurosidad científica de este informe es que más allá de que los datos son suministrados por organizaciones los datos no fueron analizados del punto de vista cuantitativo por ellas, sino que lo hizo un algoritmo. Después de ahí se derivan otros análisis que son propios de las organizaciones, pero a partir de los datos que fueron arrojados por ese algoritmo. Es decir, este informe está elaborado con una base científica muy sólida, es muy difícil de atacar.
En los últimos años se han denunciado estos hechos en informes de organizaciones de derechos humanos y de organismos e instancias internacionales; sin embargo, estos patrones continúan presentes. ¿Qué esperan con este informe reciente para que cese la persecución en Venezuela?
Creo que con este informe lo que se va a lograr es que se abran nuevas líneas o hipótesis de investigación, particularmente ante la Corte Penal Internacional. Una de las cosas más difíciles de lograr ante un tribunal internacional es demostrar que los hechos no se presentan de manera aislada, sino que responden a una política de Estado y que normalmente los referentes no son los que ejecutan directamente a la violación de los derechos humanos, sino sus superiores o jerarcas. Esta investigación va a permitir que se abra ese abanico de posibilidades investigativas hasta que sean quienes están en esas esferas superiores quienes sean juzgados, aunque si bien no son los que, por ejemplo, torturan directamente, sí son los que de alguna manera ilícita la promueven como parte de la política de Estado. Creo que es lo que se va a lograr esto, que se amplíe la posibilidad investigativa hacia personas que no son los ejecutores materiales, pero son quienes de alguna manera promueven las violaciones.
¿Puede mencionar las recomendaciones que hacen en el informe?
Que se investiguen esas otras líneas de conducta que están directamente relacionadas o correlacionadas con los actos de persecución que no constituye la violación del derecho humano en sí, sino la instigación a que se violen derechos humanos como política de Estado. También solicitamos formalmente que este informe sea especialmente tomado en cuenta por autoridades internacionales que están revisando la situación de Venezuela como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU; la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y el Tribunal Penal Internacional. Y con eso lo que se está solicitando es que se amplíe el repertorio investigativo a diferentes niveles de la cadena de mando que hasta este momento quizá habían sido los más difíciles de precisar.
