¿Cómo puede una persona estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada dentro de su propia casa? Pedro Araujo, habitante de la parroquia La Vega, no se lo explica. Difícilmente lo entienda cualquiera de nosotros. Pero fue lo que le respondieron en una comisaría policial cuando preguntó por qué unos funcionarios mataron a sus dos sobrinos y lo llevaron detenido a él y a otro familiar. Había pasado un día de la masacre del 8 de enero de 2021 cuando 23 hombres fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales tras la violenta incursión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en ese sector del suroeste caraqueño en un operativo para, presuntamente, dar con el paradero de miembros de bandas delictivas, aunque de acuerdo con expertos y defensores de derechos humanos se trató de un procedimiento sin trabajo previo de inteligencia, como se ha vuelto costumbre desde los tiempos de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).
Pedro Araujo tiene una venta de verduras y frutas afuera de su casa donde vive con su esposa, dos hijos menores de edad y algunos de sus sobrinos adultos. Dos de ellos –Giovani Palma y Ángel Palma, de 33 y 27 años de edad, respectivamente– estaban en sus cuartos, así como otro sobrino, mientras el señor Araujo atendía el negocio, cuando la policía comenzó una balacera en la zona. Se metió a su casa y dio refugio a una vecina con su niño. Allí llegaron los funcionarios, eran las 10:30 de la mañana, sacaron a las mujeres y a los niños, a los hombres les preguntaron quiénes tenían antecedentes policiales. Dos sobrinos de Pedro Araujo admitieron que en el pasado habían estado detenidos. Obligaron a uno de ellos a acercarse a la puerta de entrada y sin mediar palabra le dispararon en el pecho, allí cayó muerto. Luego llamaron a otro que mientras caminaba recibió su primer disparo en un pie. Lo llevaron al baño donde le hacían preguntas que no sabía responder, después lo trasladaron a la cocina donde lo golpearon salvajemente, lo insultaban, aunque él les suplicaba y les decía que no había hecho nada malo, que no pertenecía a ninguna banda. Le volvieron a disparar, también en el pecho como a su hermano, pero él no murió tan rápido. Los funcionarios se sorprendían de que aguantara tantas heridas, pensaron que era santero, incluso debatían entre sí cómo matarlo, uno de ellos sugirió ahogarlo. Pero Giovani, lleno de sangre y adolorido los retó: “Dispárame, mátame, pero no me ahogues”. Lo llevaron a uno de los cuartos de la casa, allí las torturas se extendieron por horas, le permitieron fumar dos cigarrillos que les pidió.
“Desde la cocina yo veía cómo torturaban a mi sobrino, cómo le hacían maldades, patadas, golpes en el cuerpo, en la cara. Él solo les peguntaba ‘¿por qué si ustedes saben que nosotros no tenemos nada que ver?’ y les decía “cónchale, mataste a mi hermano”. Antes de matarlo le preguntaron con qué mano hacía sus cosas, lo arrodillaron, le pusieron una pistola en la mano y lo hicieron disparar. Arrodillado le dieron otra paliza y le dispararon un tiro de gracia en la cabeza”, recuerda Pedro Araujo los hechos de ese día.
Las paredes de diversas áreas de la casa quedaron perforadas tras los disparos de armas de diverso calibre. Algunos los tapan con adornos o muebles en un intento por disimular las marcas de la matanza ocurrida.
Los funcionarios comieron al lado de los cadáveres, les hacían bromas y se tomaron fotos con Giovany y Ángel muertos. Los sacaron de la casa (“los tiraron por las escaleras como si fuesen perros”) a las 3:30 de la tarde, cinco horas después de haber llegado. Agarraron todas las telas que encontraron en la casa para limpiar la sangre, se encargaron de dejar todo limpio “para no tener encima a la Fiscalía”, se les oyó decir.
Pero los funcionarios permanecieron en la casa hasta aproximadamente las 3:00 de la madrugada, allí volvieron a comer, revisaron todo, se llevaron enseres, víveres y todo cuanto pudieron.
A Pedro Araujo y al otro sobrino que quedó vivo los llevaron detenidos, en el módulo policial de La Vega los montaron junto a otras personas más, entre ellas varias mujeres, en una camioneta y los trasladaron a la Comisaría de Nuevo Circo: “Presos sin hacer nada, porque no habíamos cometido ningún delito”. Allí comenzó el segundo calvario porque ratificaron la detención y fueron trasladados sin explicación a la sede de la PNB zona 7 Miranda. Varios días después sacaron a todos los detenidos ese día, hombres y mujeres, y los pusieron frente a una mesa donde había todo tipo de armas, municiones y drogas y les dijeron que formaba parte del expediente en su contra. “Estábamos sembrados. Nos quedamos sorprendidos. A las mujeres y a los más jóvenes los señalaron de tráfico de drogas y tráfico de municiones, a mí posesión de artefacto explosivo, pero nunca jamás he agarrado un arma ni un triki-traqui, no se nada de explosivos, yo lo que sé es pelar yuca y atender mi bodega. A cualquiera que le pregunten en La Vega quién soy yo dirá que soy un hombre trabajador, sano, de buena familia a pesar de que somos pobres”, afirma Araujo.
El expediente se armó sin haber declarado ante un fiscal porque no les fue permitido, aunque los detenidos lo pidieron. Pasaron 4 meses y 10 días para salir libres, aunque nunca estuvieron en una audiencia ante un juez y tanto su sobrino como él tuvieron que admitir los delitos imputados que nunca cometieron. Volvieron a su casa a continuar con su vida como de costumbre: “Muchos me preguntan si me voy a ir, pero para dónde si esta es mi casa, toda la vida he vivido aquí, tengo mis hijos y lo que quiero es darles educación y una vida para que nunca tengan esa experiencia que tuvimos mis sobrinos y yo”.
Sobre la muerte de Giovani y Ángel Palma no ha habido investigación, como tampoco en los casos de las otras 21 personas asesinadas ese 8 de enero en un hecho donde confluyen varios tipos de violaciones a los derechos humanos. En el caso de Ángel el acta de defunción no refleja el tiro recibido en la cabeza. La impunidad ha imperado a un año de ocurrida la masacre. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no se pronunciaron ni cumplieron su labor de apoyo a las familias e investigación de los hechos. Ninguna familia tiene respuesta, ninguna víctima estaba armada, no hubo enfrentamiento, de allí que todas las víctimas son civiles residentes de La Vega.
“Fue una cosa espeluznante, yo quedé en shock el primer día… A veces me dan escalofríos al recordar que mataron a mis sobrinos de esa manera en mi cara, los ejecutaron de una manera bestial, salvaje; distinto es si hubiesen llegado nos piden cédula, traen una orden de allanamiento, pero no que de repente lleguen y los maten de una manera así. Nunca dijeron por qué los mataron, no les dijeron ‘es que tú estás metido en esto o aquello; ellos simplemente los mataron y ya… Todo el tiempo que estuvieron en la casa pensaba en si yo saldría vivo… Uno entiende que la delincuencia está alborotada y hay que combatirla, pero somos la gente sana y humilde la que pagamos las consecuencias. Denunciar esto no va a revivir a mis sobrinos, pero por lo menos alguien en algún momento debe hacer justicia”. //
