Durante años, Amnistía Internacional ha documentado y denunciado la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha tenido como objetivo silenciar la crítica y la disidencia. Los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza han sido sistemáticas y generalizadas, por lo que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Esta política de represión, que ha sido ampliamente documentada por organismos dentro y fuera de Venezuela, tiene como base fundamental la estigmatización de la disidencia. Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro han, por años, consolidado una narrativa en la que las críticas a las políticas públicas, o cualquier actuación que sea percibida como de oposición, sean rechazadas, censuradas y atacadas.
El Centro para los Defensores y la Justicia, el Foro Penal y Amnistía Internacional realizaron un análisis estadístico de actos de represión en Venezuela en el que se evidenció los distintos patrones en los que las detenciones arbitrarias por motivos políticos se interconectan con las estigmatizaciones de ataques hacia personas defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones que realizaron esta investigación consideran que la dependencia entre la narrativa discriminatoria (estigmatizaciones) y las violaciones a derechos humanos (detenciones arbitrarias y la criminalización) podría indicar la existencia del crimen de lesa humanidad de persecución, por lo que las autoridades venezolanas, incluido al más alto nivel, deben ser investigadas para determinar su responsabilidad penal en estos hechos.
