En enero se cumplió un año de la brutal incursión policial que terminó en el asesinato de 23 personas, en su mayoría hombres jóvenes, en la parroquia La Vega, una de las 22 que forman parte del municipio Libertador del Distrito Capital. Allí el padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla y de Lupa por la Vida ha establecido su epicentro de trabajo pastoral por la comunidad. Forma parte de la iniciativa Lupa por la Vida, un proyecto del Centro Gumilla y Provea que nació con el objetivo de sistematizar y analizar información de violencia para diseñar políticas públicas con perspectivas de derechos humanos. Su perspectiva desde adentro de la comunidad con la que hace vida permite tener una visión cercana a lo que allí sucede tras los hechos que marcaron la cotidianidad del sector.
Recientemente, Lupa por la Vida publicó el informe A un año de la masacre de La Vega los responsables siguen sin rendir cuentas. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este documento?
En primer lugar, a un año de la masacre hay absoluta impunidad ante los sucesos, no se ha iniciado la investigación, por lo menos que se conozca, por parte de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que por mandato tendría que acercarse y acompañar a las familias y educar en materia de defensa de los derechos humanos. Pero el Poder Ciudadano, representado por la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, ha tenido una omisión tremenda en este caso, por no decir una complicidad.
Hay algo destacable en el informe que más que un hallazgo es la confirmación de que en las políticas de seguridad del Estado hay una evidente discriminación y criminalización hacia los jóvenes varones de los sectores populares que se repite como un patrón en los operativos represivos. Pareciera que en Venezuela haber nacido en un sector popular es equivalente a ser criminal, en el imaginario de los cuerpos policiales está presente esa ecuación. Otro elemento que se evidencia es la impunidad estructural en las instituciones del Estado venezolano, pues son las instituciones las que no tienen voluntad política para defender los derechos humanos de la población, si no que pareciera que hay una complicidad o una estrategia conjunta entre las instituciones como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y los Cuerpos de Seguridad del Estado.
¿Cómo se sienten las familias de las víctimas y los sobrevivientes de esa masacre hoy día?
Hay heridas profundas, hay miedo, y creemos que este tipo de situaciones que se mantienen en la impunidad y en el olvido terminan haciendo mucho daño a la población. Por eso nos parece que la defensa de la dignidad de las personas y la defensa de sus derechos humanos es fundamental para mantener a la gente en pie ¡Porque se trata de una masacre! Ni siquiera es solo una violación más a los derechos humanos que ya de por sí es una situación dolorosa, indignante e injusta. Al tratarse de una masacre estamos ante un presunto delito de lesa humanidad. Entonces, si logramos que el Estado abra una investigación imparcial, que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo asuman su rol sería un momento en el que pudieran demostrar la voluntad de cooperar con los principios de la Corte Penal Internacional; entendiendo que uno de los principios tiene que ver con la reforma institucional y otro con la voluntad política, en ese sentido el Estado debe activar las instituciones para que los autores de la masacre ejerzan su responsabilidad, independientemente de quiénes sean los culpables.
Una constatación del estudio que dio origen al informe es que los familiares de las víctimas son revictimizados, pues por la manera como abordan el asunto las instituciones en vez de acompañarlas y protegerlas terminan por hacer más daño al ignorarlas y descalificarlas, eso genera más miedo, profundiza el dolor, todo con la pretensión de desmovilizar a los familiares en su búsqueda de justicia. Los funcionarios entraron a las casas y asesinaron a jóvenes delante de sus familias, patrones de ejecuciones extrajudiciales que tienen que ser investigados porque la creación de falsos positivos y la alteración de la escena del crimen es algo muy grave, muchas de las personas que fueron ejecutadas aparecieron después como que se enfrentaron cuando en realidad estaban en sus casas, incluso algunos durmiendo. Nos preocupa mucho el hecho de que la masacre en la que ocurrieron esas presuntas ejecuciones extrajudiciales se dio en un momento en que la comunidad estaba movilizándose para reclamar las fallas en los servicios públicos, había habido una serie de protestas sociales por el tema de la falta de agua y de gas doméstico cuando se dio esa confrontación entre bandas delictivas y cuerpos de seguridad del Estado, y los resultados no fueron bajas en los cuerpos de seguridad ni entre los delincuentes, sino que las víctimas fueron personas que nada tenían que ver con ese problema. Entonces, esa masacre en un escenario de protesta social por los servicios públicos se interpreta en la comunidad también como un amedrentamiento y de allí que se inicia una etapa de miedo y una desmovilización social. Eso es algo que queremos seguir monitoreando para determinar esa correlación.
Meses después, previo a las elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores en noviembre hubo otro gran operativo policial denominado Gran Cacique Indio Guaicaipuro en el que también quedaron en evidencia los abusos policiales, el excesivo uso de la fuerza y una gran violación a los derechos humanos.
Sí, en el contexto de las elecciones primarias del PSUV, en la disputa interna entre Érika Farías y Carmen Menéndez Meléndez para ese entonces ministra de Interior, lanzaron ese operativo para mostrar mano dura en materia de seguridad. Esa contienda interna la ganó Meléndez; estamos observando ese fenómeno porque tenemos una hipótesis que queremos seguir indagando y es si estos operativos se están utilizando como estrategia para capitalizar al electorado, como fue en el caso de las primarias del PSUV, porque pese a la masiva violación de derechos humanos en esos procedimientos también es cierto que el tema de la delincuencia organizada, que cada vez toma más fuerza y ha ido fragmentando el país, convoca a la población que se siente rehén de grupos violentos, y eso demanda “mano dura”. La sociedad reclama seguridad, pero estos operativos no son de seguridad, ni responden a políticas integrales, solo son acciones absolutamente represivas.
En el informe, además de exigir una investigación de los hechos que conlleve al fin de la impunidad, también hablan de la necesidad indemnizar a las víctimas. ¿Qué tipo de resarcimiento creen ustedes posible acorde con lo ocurrido en La Vega?
Hablar de indemnización siempre es un tema delicado cuando se trata de ejecuciones extrajudiciales y la violación del derecho a la vida, porque la vida es irreparable. Sin embargo, desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, una indemnización tiene en, primer lugar, el componente simbólico que es cuando el Estado reconoce sus responsabilidades y se solidariza con la familia. Lo segundo, que también es un aspecto simbólico, es pedir perdón público y mostrar voluntad de que habrá garantías de no repetición. También tiene que iniciar un proceso de verdadera justicia para cerrar, el círculo de impunidad para que en la medida de lo posible se vaya reduciendo la cifra de ejecuciones extrajudiciales.
Cuando ocurrió la masacre de La Vega usted habló de un necesario acercamiento con los cuerpos policiales para formar a los funcionarios en materia de derechos humanos, pero siguen dándose este tipo de operativos. ¿No hay interés en esto?
No sabemos, pero es un pendiente importante, creo que es fundamental el trabajo con los victimarios, la reeducación de los policías en materia de seguridad ciudadana desde una perspectiva de derechos humanos. Pero eso implica un acuerdo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que lamentablemente no se ha dado. Sin embargo, esa formación es un papel fundamental de la Defensoría del Pueblo, que hasta ahora no ha tomado parte en el asunto; pues la Defensoría tiene que dar acompañamiento no solo a las víctimas, sino también debe tomarse en serio la formación en derechos humanos a los cuerpos policiales.
¿Hechos como la masacre de enero de 2021 y otros operativos policiales en la zona han cambiado la percepción de la comunidad hacia los cuerpos policiales?
En primer lugar, las víctimas o los familiares de las víctimas de esta masacre aún se encuentran en duelo profundo mientras persista la cultura de impunidad y de presencia policial en la zona que profundizan el duelo y las heridas. Por supuesto que estos hechos generan, especialmente en las madres y las abuelas de adolescente varones, una tensión interna, una ansiedad y constante miedo a que a sus hijos o nietos les pueda ocurrir lo mismo por la repetición del patrón de actuación policial que se da en los barrios. Yo suelo decir que las madres y abuelas en nuestro barrio viven entre dos violencias: la policial y la de las bandas delictivas, sobre todo porque los jóvenes no siempre son conscientes de los riesgos que corren al estar en la calle, ellos tienen necesidades de recreación, muchos trabajan, estudian, y se exponen constantemente.
Organizaciones de la sociedad, incluso organismos internacionales de protección a los derechos humanos, han insistido en sus llamados a evitar este tipo de operativos y en formar a los funcionarios para evitar actuaciones que terminan en muerte de civiles inocentes; sin embargo los sectores populares siguen en constante situación de vulnerabilidad. ¿Qué hacer para afrontar esta situación?
Creo que algo importantísimo es la educación en derechos humanos a toda la sociedad, eso es fundamental. En todas las clases sociales, en los barrios, en los funcionarios de las instituciones y de los cuerpos de seguridad. Es la única manera en que se pueda dar un cambio a largo plazo para generar un muro de contención ante la violación sistemática de los derechos humanos. Creo que los programas educativos en escuelas públicas, desde el preescolar hasta el bachillerato, en la universidad, en las comunidades, para ir creando conciencia y para que quienes lamentablemente validan la manera de imponer “mano dura” en seguridad transformen su visión a partir de una cultura de derechos humanos. //
