Un día de trabajo como cualquier otro representó la muerte para tres jóvenes profesionales que se toparon con un policía iracundo nada dispuesto a mediar. Ocurrió en el edificio El Puente de la avenida Fuerzas Armadas, en el centro de Caracas el 17 de febrero de 2017 adonde Simón Antonio Lozada Guía, ingeniero mecánico de 30 años de edad; y los técnicos Gustavo Adolfo Toussaint, de 26 años, y Julio Gámez, de 22 años, acudieron a reparar un ascensor. Los dos últimos habían ido días antes pero la falla persistía, por lo que llamaron a Lozada Guía, uno de los pocos especialistas en tarjetas MP3 de ascensores del país, para que los asesorara. El ingeniero terminó un trabajo en el este de la ciudad y se fue a apoyar a los técnicos que lo llamaron. En el edificio vivía un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que además era el presidente de la junta de condominio. Mientras llegaba Lozada Guía se suscitó una discusión entre los técnicos y el policía.
Norka Guía, madre de Simón Lozada, explica que en el proceso de investigación no se logró determinar si cuando su hijo llegó al lugar ya sus compañeros estaban muertos o si los mataron a todos cuando estaban los tres juntos. Una nota de prensa del diario El Nacional reseñó que cuando el ingeniero estaba por entrar al edificio oyó disparos, corrió a la calle y se topó con una comisión del Cicpc que fue llamada por el funcionario que vivía allí. “Esos policías le dispararon (a Lozada Guía) y recibió cuatro tiros en la región pectoral. Ya los dos técnicos estaban muertos a manos del funcionario; le dieron tres tiros a cada uno. El auto del ingeniero estaba en la calle y los policías lo llevaron al estacionamiento. Simularon un enfrentamiento, los tres jóvenes fueron golpeados con piedras. Además, fueron despojados de todas sus pertenencias, laptop, celulares, herramientas, cédulas de identidad, tarjetas de débito y crédito así como equipos”, indica el texto.
El funcionario residente del edificio y los que llegaron a apoyarlo se fueron tres meses de vacaciones después del triple crimen. Al regreso se pusieron a derecho y tenían armada su defensa. La jueza Judith Coello, titular de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones, les dio el beneficio de libertad condicional a todos y volvieron a sus funciones. Las familias de las víctimas comenzaron a sufrir amenazas. En el caso de la mamá del ingeniero ella recibía llamadas intimidantes, pero como vivía en Valencia, estado Carabobo, y no en Caracas donde ocurrieron los hechos, ella decidió no dejarse llevar por el miedo y continuar denunciando y adelante con el caso en tribunales.
Dos años después se inició la etapa de juicio en la cual la jueza segundo de Juicio, Cornelia Pérez, decidió otorgarles libertad plena a los policías involucrados, “pese a tener todos los elementos probatorios de que cometieron homicidio calificado”, afirma Norka Guía. Las familias apelaron el fallo, pero hasta ahora no ha habido ninguna actuación procesal al respecto. Uno de los uniformados fue asesinado supuestamente por una banda delictiva cuando estaba en servicio.
Simón Lozada estaba casado y era padre de dos niños, el mayor de ellos de 8 años, a veces lo acompañaba al trabajo, aún está afectado por el asesinato. Él tiene vivos en su memoria los recuerdos de su padre. Ahora vive con la abuela, pero tiende a ser callado, por las noches se encierra en su cuarto y llora. El primer año recibió ayuda psicológica, pero la familia no pudo costearlo más.
Norka Guía, madre del ingeniero Simón Lozada, somatizó su dolor y al mes del crimen estaba hospitalizada en terapia por una obstrucción intestinal. A casi 5 años de haber perdido a su hijo piensa que ella tuvo otra oportunidad de vida para sacar adelante a su nieto, pero aún sufre emocional y psicológicamente cuando habla de lo ocurrido a su hijo y a sus dos compañeros. Relata que la vida de la familia cambió desde el 17 de febrero de 2017. Ya no son iguales los Días de las Madres ni las Navidades ni ninguna fecha festiva.
La madre de uno de los técnicos asesinados, Gustavo Toussaint, murió de un infarto un año después del triple homicidio. En todo se tiempo no superó el dolor por la ejecución extrajudicial de su hijo. Al término de juicio en el que dieron libertad plena a los policías involucrados, el padre de Toussaint se sintió decepcionado con las alteraciones en el expediente y otros vicios en el juicio y perdió la confianza en que se obtendría justicia. Se fue del país.
Guía asegura que ninguno de los jóvenes asesinados tenía antecedentes. Simón Lozada, con apenas un año de graduado, tenía su propia empresa de reparación de ascensores, nunca dejó de estudiar y formarse. Para el juicio, su mamá reunió más de 150 referencias de clientes para quienes trabajó. Recuerda que su hijo se trasladaba a cualquier hora cuando lo llamaban por un ascensor averiado, sobre todo si se trataba de un edificio en el que había personas de la tercera edad.
Pero la hoja de vida de los policías involucrados en la triple ejecución extrajudicial no está así de limpia. Son señalados por la desaparición de cuatro jóvenes de entre 18 y 23 años de edad en 2009 en Palo Verde, Caracas. El vehículo en que las víctimas se trasladaban fue encontrado en una entrada de la Universidad Central de Venezuela y estaba desvalijado. Hasta la fecha nada se sabe de ellos.
¿Justicia? Aunque están a la espera de respuesta a la apelación, Norka Guía considera que con el actual sistema de justicia en Venezuela no será posible una sentencia que haga honor a la memoria de su hijo y de los otros dos jóvenes. Este 17 de febrero se cumplen 5 años del crimen y los victimarios siguen portando uniforme y chapa para matar. Entre 2016 y 2021 se contabilizaron 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Iniciando el año 2022, antes de llegar a la primera quincena ya sumaban casi 30 víctimas de la fuerza policial. //
