Desde 1985, Marcos Gómez se ha dedicado a la labor de defensa de derechos humanos como miembro de Amnistía Internacional, organización que actualmente dirige en Venezuela. También ha desarrollado su trabajo en países de Centroamérica
Los últimos años han sido de enormes desafíos para las organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo ve el panorama para 2022 y cuáles son a su juicio los mayores retos que deberán afrontar?
Creo que lo más importante para el movimiento de derechos humanos, la sociedad civil organizada y las personas defensoras es que su espacio de trabajo, su propia existencia, no sea impedida en Venezuela, pues al parecer algunas autoridades y personas que legislan ponen una serie de trabas administrativas y pareciera que esas trabas se estaban concretando con mucha fuerza el año pasado tanto por vía de instituciones que deberían ser independientes a los juegos políticos y facilitar la actividad de la sociedad civil como por leyes existentes que tienen tipos penales muy generales que son peligrosos para todo aquel que quiera desarrollar la propia Constitución, más allá de los pactos y acuerdos de derechos humanos, como la Ley de Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional y una serie de disposiciones como el proyecto de Ley de Cooperación Internacional y proyecto de ley de un Cuerpo Nacional contra el Terrorismo y un registro automatizado de organizaciones no gubernamentales.
Lo que vimos el año pasado fue bastante vergonzoso. Una serie de ataques a organizaciones humanitarias prisión para defensores de derechos humanos, incluso actualmente hay un defensor de FundaRedes, Javier Tarazona, que está preso. Me parece que la vocación de las autoridades es impedir el trabajo de apoyo a las personas víctimas de violaciones de derechos humanos masivas. Lo vimos en el caso de Azul Positivo, por ejemplo. Entonces, ¿que cuál es el desafío? Seguir con la guía de denuncia y defensa del espacio de la sociedad civil organizada y del trabajo de los defensores que juegan un papel sumamente importante, incluso por el acompañamiento que hacen a las personas que son más vulnerables por las políticas públicas.
Será clave trabajar en el área de no impunidad y memoria sobre todo de los crímenes graves que han ocurrido en Venezuela. Si bien la sociedad civil trabaja en ello sobre todo desde el punto de vista temático con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es muy probable que sigamos viendo como principal actor de promoción y defensa de derechos humanos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Alta Comisionada y a los relatores que tienen previsto visitar el país este año.
Además está el asunto humanitario y la migración. Se espera que el número de personas venezolanas buscando refugio se incremente. Hay estadísticas y proyecciones que pueden parecer un poco alarmistas pero que están basadas en informes técnicos que indican que pudiéramos llegar a 8,9 millones de venezolanos buscando protección internacional. O sea, esto ha causado que la migración venezolana sea utilizada por la disputa política y en los momentos clave de los países, como campañas electorales. de allí que a nosotros, a la sociedad civil venezolana, nos toca movilizar y apoyar a las organizaciones que están dedicadas a reducir la discriminación y a promover igualdad de oportunidades para personas venezolanas en los países de acogida.
Hay otros temas, como por ejemplo que en Venezuela la cifra de homicidios por uso de armas de fuego se mantiene alta, nos preocupa muchísimo potenciales conflictos entre bandas organizadas y grupos armados. Para este año están anunciando la creación de una fábrica de fusiles Kalashnikov y creo que es muy probable que eso vaya a estar en el centro de la alerta por las consecuencias en el incremento de la violencia armada en Venezuela.
Como parte de su labor de visibilización, Amnistía Internacional hace campañas mundiales cuando la defensa de los derechos humanos en el mundo y la labor de los defensores se ven amenazados. En Venezuela cada vez es mayor el cierre del espacio cívico y tanto organizaciones como defensores son víctimas diferentes tipos de acosos y amenazas. ¿De qué manera ha afrontado su organización esta situación en el caso venezolano?
Cuando las personas son detenidas por razones de conciencia o por defender derechos de otras personas, normalmente para Amnistía Internacional se convierten en presos de conciencia y son el centro del trabajo de cada sección de nuestro movimiento. En el caso de Javier Tarazona, de FundaRedes, por ejemplo, nosotros procuramos al máximo que fuese liberado. En el caso de Azul Positivo también lo trabajamos como presos de conciencia hasta que se logró documentar el caso y conseguir las autorizaciones para que fuesen liberados, pues buena parte de la membresía iberoamericana de Amnistía Internacional logró movilizarse para ello y afortunadamente consiguieron por lo menos la libertad limitada, pues las personas detenidas por razones de conciencia en Venezuela lamentablemente no gozan de libertad plena.
En el caso de Javier Tarazona, que aún está preso, enfocamos su importante la labor que realiza, la medida desproporcionada del Estado en su contra, la falta de tratamiento médico para sus patologías, pues él tiene problemas de hipertensión, entre otros, y como muchos detenidos en Venezuela no recibe una alimentación adecuada y todo eso sirve para que nuestros activistas a nivel global actúen ante las autoridades locales.
A su juicio, cuáles deberían ser los pasos que debe dar el Estado para demostrar que tiene compromiso de colaborar con la Corte Penal Internacional?
Creo que a la sociedad civil tendrá que resaltar la importancia de que otros Estados cooperen con la Corte Penal Internacional para que esté fortalecida para llevar adelante el caso de Venezuela. Es complejo porque el Estado venezolano está intentando evadir cualquier tipo de cumplimiento de la ley internacional, pues bien sea que existan casos documentados por la sociedad civil o nuevos casos que logre levantar la Corte Penal Internacional lo que se va a tratar de establecer es el patrón que lleva a que ese hecho haya ocurrido, para este tipo de instancias lo importante es que las sanciones sean a la cadena de mando responsable. Y bueno, lo que hemos visto como acciones del Estado es una serie de legislaciones o ajustes a legislaciones sin consultar a la sociedad civil, que es algo obligatorio por la Constitución. Si no incluye una participación de sectores académicos, juristas y expertos, así como del movimiento de derechos humanos es poco probable que tengan algún tipo de voluntad de cumplimiento, muy probable será letra muerta.
Por el otro lado, se han estado desarrollando juicios rápidos de personas vinculadas a casos de alta visibilidad para hacer propaganda y sobre todo con condenas que dejan por fuera la tortura y en ocasiones con penas menores para personas muertas bajo custodia, juicios sin ninguna vinculación con algún tipo de reparación y garantías de no repetición, algo que incluso sirve para la paz de la sociedad. Entonces, es poco probable que lo que están haciendo, que genera indignación en los familiares de las víctimas, sirva como un instrumento de lucha contra crímenes de lesa humanidad. Es importante dar un paso pensando en el futuro, en la estabilidad de todos, en toda esa serie de cosas que pueden hacer que una sociedad avance hacia el progreso y la estabilidad o simplemente se mantenga bajo la división y la polarización permanente.
¿Entre eso incluye la «Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación a las Víctimas de Delitos contra los DDHH» que la AN nombró a mediados de diciembre de manera express. ¿Qué opina al respecto, podría confiarse en esa instancia?
Claro, definitivamente lo que va a quedar demostrado es que las víctimas no van a estar satisfechas ni con sensación de haber obtenido justicia, quizás algunas logren reparar algunos hechos concretos, pero hay muchísimas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de torturas, cómo puede haber confianza en las personas que integran esas comisiones, que integran esos esfuerzos, si no hay ningún jefe, ninguna persona con cargo importante en la toma de decisión y en el desarrollo de las violaciones de derechos humanos que no esté siendo procesada, acusada ni nombrada.
Pese a las adversidades para las organizaciones defensoras de derechos humanos hay poblaciones vulnerables que dependen de la labor de ustedes más en un país que sufre una Emergencia Humanitaria Compleja y tiene sus libertades restringidas. ¿Cómo abordar esa labor y mantener el espíritu y el compromiso en alto y la esperanza en la población?
Es clave que la sociedad civil venezolana siga contando con el apoyo de las organizaciones internacionales, de las organizaciones que forman parte de ese entramado que multiplica y amplifica las voces de las personas defensoras locales. Es sumamente importante trabajar en redes con estas organizaciones, bien sea de base del movimiento latinoamericano y de toda Iberoamérica, de los países nórdicos o de Estados Unidos, etcétera, es fundamental porque la incidencia es la garantía de protección y de que no sean aniquilados los esfuerzos que llevan adelante las organizaciones. Sin organizaciones de derechos humanos no habrá soluciones de políticas públicas a largo plazo, eso es imposible. Sin ellas no va a haber justicia. Y bueno, hoy en día es casi imposible parar porque en Venezuela las organizaciones muy sólidas que tienen trabajo muy complejo casi no han incrementado en número, por otra parte las organizaciones de trabajo humanitario están bastante bloqueadas y controladas, no les permiten llegar efectivamente a las comunidades desposeídas que están sufriendo de hambres, pero hay muchísimas organizaciones nuevas de familiares de víctimas que están llevando su verdad y esas van a seguir creciendo como en cualquier país, mientras haya funcionarios dedicados a la opresión. //
