¿Cuánto se cobra por un hijo? Una semana después del asesinato de David Vallenilla cuando participaba en una manifestación antigubernamental en los alrededores de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, en Caracas, el 22 de junio de 2017, su padre fue llamado al Viceministerio de Interior y Justicia. Allí, una viceministra le ofreció dinero para silenciar su voz por la muerte del joven a manos de un sargento de la Aviación, en un hecho que fue visto casi en vivo por millones de venezolanos que seguían los acontecimientos por esos días. Una vez que el señor Vallenilla se dio cuenta de que la reunión tenía como propósito ofrecerle dinero le preguntó a la funcionaria por qué no le hablaba de responsabilidades, pero la respuesta de la militar fue una palmada en el hombro y la frase: “El dinerito siempre hace falta”. El padre se dio media vuelta para salir del despacho y se preguntó cuánto vale la vida de un hijo, sabiendo que no hay precio material por alto que sea, solo el de la justicia plena y verdadera.
No fue la única reunión de alto nivel que tuvo David Vallenilla tras haber perdido a su hijo por la represión contra los manifestantes. El entonces defensor del Pueblo, Tarek William Saab, lo recibió en su oficina dos meses después del crimen en respuesta a una audiencia que solicitó. Allí, estando solos y a puertas cerradas Saab admitió que el joven enfermero había sido víctima de una ejecución extrajudicial. Sin embargo, de nada han servido esas palabras porque el funcionario no las ha dicho ante la opinión pública ni cuando ejercía ese cargo ni desde que pasó a ser fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente.
Finalmente, después de cuatro años del asesinato, el sargento Arli Cleiwi Méndez Terán fue sentenciado a 23 años de prisión, un fallo que se dio después de haber sido absuelto en una audiencia previa que dejó atónitos e indignados a millones de venezolanos, y poco antes de que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visitara Venezuela. No obstante, para este padre la condena es una justicia a medias porque, como en los demás juicios que se han llevado a cabo de víctimas de las protestas, no se ha tomado en cuenta la cadena de mando que ordenó la represión.
“Indudablemente que no estoy conforme, es una justicia parcial porque hay responsabilidades que van más allá del autor material, pues ese argento actuó dentro de una base militar con un arma cargada de manera indebida y disparó contra los civiles siguiendo órdenes del Poder Ejecutivo, que eran activar el Plan Guaicaipuro en Caracas y el Plan Zamora a nivel nacional para matar a la población disidente”, afirma el padre del joven asesinado.
En la memoria de David Vallenilla está fresco cada detalle de la serie de irregularidades que siguieron a la muerte de su hijo. Repasa milimétricamente con gran facilidad cada etapa del suceso y del proceso judicial plagado de arbitrariedades y saltos a las normas que obstaculizaban la posibilidad de justicia y buscaban quebrar su voluntad. Conoce con precisión cada quebrantamiento a las leyes no sólo por ser el padre de la víctima, sino porque además es abogado. El desinterés, la inacción y el olvido judicial se impusieron hasta que el Estado vio de cerca la lupa de la justicia internacional.
Su enumeración comienza por el sargento primero que disparó a quemarropa contra su hijo, quien pertenece a una fuerza que no tiene injerencia en control de manifestaciones como es la Aviación. El arma que usó estaba cargada con balines de plomo y no de goma como indica la norma para este tipo de eventos. El autor de los disparos no fue detenido de inmediato aunque fue plenamente identificado por el entonces defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, públicamente a través de las redes sociales. Al día siguiente a los hechos, el fiscal 126° de Derechos Fundamentales, Luis Dordelli, asignado para las investigaciones del caso, fue impedido de entrar a La Carlota “por órdenes superiores” según le informó el comandante de la base militar siguiendo instrucciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. En la autopsia también se presentaron obstáculos, pues para el traslado a la morgue se suscitó un impasse entre el Ministerio Público y la policía científica que pretendía llevarse el cadáver sin seguir los protocolos legales; luego ya en la morgue se intentó impedir la presencia del fiscal en el examen forense, de allí que la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público tuvo que trasladarse a la morgue a hacer valer ese requisito legal. Sin embargo, se pretendió negar la entrega de las evidencias a la Fiscalía hasta que se emitió una orden firmada por un superior. En ese momento el señor Vallenilla vio las cuatro esferas metálicas extraídas al cuerpo de su hijo metidas en una bolsa plástica que se llevó la Fiscalía. Pocas horas después, el jefe de la Medicatura Forense fue destituido por haber entregado las pruebas al Ministerio Público y lo sustituyó un militar. Una vez que Tarek William Saab llegó a cargo de Fiscal General también fue destituido el fiscal que llevó adelante las investigaciones.
Como ocurre con los procesos judiciales de los asesinados en protestas, el de David Vallenilla también estuvo plagado de irregularidades. En los dos años que duró la etapa de juicio prevalecieron los obstáculos y la estigmatización, como cuando un juez de Control le dijo al padre que por qué su hijo en vez de protestar no estaba estudiando en la universidad. Finalmente, en septiembre se dio la sentencia absolutoria por parte de la jueza Kenia Carrillo Galvao. Al padre de la víctima le llama la atención que al conocerse la decisión, el fiscal general asignado por la ANC expresara consternación y se apresurara en anunciar que apelaría la sentencia cuando en el expediente consta que el Ministerio Público estuvo de acuerdo con la decisión. “Es una contradicción, pero ya estaba anunciada la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan. Pero hay que aclarar que la anulación de esa sentencia no se logró por alguna actuación del Ministerio Público, sino por la apelación de mi abogada de la cual la Sala de Apelaciones respondió que se violó derecho de la víctima, por lo tanto queda anulada la sentencia”.
Arli Cleiwi Méndez Terán fue sentenciado a 23 años de prisión. Pero aún falta la cadena de mando. En su momento, la Fiscalía solicitó información al respecto a la Base Aérea La Carlota, pero cuatro años después esa respuesta no está en el expediente.
“David era un joven muy activo en muchas cosas, se había graduado en febrero de ese año, solo le faltaba recibir el título, en esos días estaba haciendo pasantías en un quirófano, que era su pasión. Sus planes eran irse a España, pues tenía la nacionalidad por parte de su madre. Su pérdida ha sido algo irreparable. Él descubrió su pasión por la salud a los 16 años cuando salvó la vida de una cachorra, pasó toda la noche hidratándola y al día siguiente me dijo que quería hacer un curso de auxiliar de enfermería, lo hizo y se graduó en eso antes de ser bachiller, incluso trabajaba en un dispensario en Charallave, estado Miranda, no tenía ni 18 años, ya a esa edad ayudaba a salvar vidas. También fue voluntario en los Bomberos de la Universidad Central de Venezuela”, recuerda su padre entre sonrisas, voz entrecortada y lágrimas.
“Lo que deseo es que las nuevas generaciones conozcan la historia del país, pues un pueblo que no la conoce está destinado a repetirla, y que sepan que hubo miles de jóvenes que murieron inocentes al querer vivir en un país libre. Me sentiría satisfecho de que David José sea recordado de esa manera. Incluso me he pensado que me gustaría que se cree una escuela de enfermería con su nombre”.
La lucha de David Vallenilla en la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo lo llevó a ser activista de la organización Encuentro, Justicia y Perdón, fundada por Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, asesinada en las protestas de 2014 por la Guardia Nacional. Sufrió acosos por mantener su voz en alto por la muerte de su hijo, fue desmantelada la oficina de administración de condominios que tenía, lo robaron al salir de una organización le ofreció ayuda, se sentía perseguido. Es pensionado del Metro de Caracas, donde conoció a Nicolás Maduro, incluso asegura que el jefe del régimen, ex conductor del sistema subterráneo, conoció a David José de pequeño.
Tiene problemas de salud, dice que saca energías y fuerzas de donde creía que no tenía para poder llevar adelante la lucha por la justicia plena. “Deberíamos tener ayuda, estamos desamparados porque perdimos a nuestros hijos, pueden pasar muchos años para un pronunciamiento, mientras tanto cómo hacemos para sobrevivir y tener un poco de tranquilidad…”
Habla de su hijo y su lucha en un pequeño espacio rodeado de fotos, pertenencias y hasta juguetes de cuando su único hijo era niño. Es inevitable que su voz se quiebre: “Todos los días lo lloro, creo que aprendí y sigo aprendiendo a vivir con dolor… Esta lucha ya no es sólo por David José, sino por la vida de todos los jóvenes que perdieron la vida en las protestas, la vida de quienes están privados de libertad y son torturados, la vida de todos los venezolanos que de alguna manera han perdido la vida porque no han tenido atención médica en los hospitales o por falta de medicinas, y por la vida de muchos otros. Mi lucha va más allá, es por el país que no les pudimos dar a nuestros hijos. A lo mejor los padres no estemos vivos cuando se logre justicia, pero no podemos dejar de buscarla”.
