El militar de la Aviación que disparó al joven manifestante David Vallenilla fue sentenciado a 23 años de prisión; el policía que le disparó a César Pereira en Anzoátegui fue condenado a 26 años de cárcel; el guardia nacional que disparó a quemarropa contra Geraldine Moreno está pagando 30 años de prisión; los policías que mataron a Leonardo González en Valencia recientemente fueron sentenciados a 28 años de cárcel; los policías que mataron al liceísta Kluiverth Roa en Táchira cumplen condena de 18 años. Hay otros –pocos– casos con sentencia, todos juzgados como homicidios, como acciones individuales y espontáneas, no como violaciones a derechos humanos que formaron parte de un patrón sistemático de ataque a una parte de la población. Los juicios tampoco incluyeron la cadena de mando.
Es por ello que Carmen Elena Bracho, madre de Miguel Castillo, joven comunicador social asesinado en las protestas antigubernamentales de 2017 en Caracas, desconfía de los procesos judiciales que se están llevando a cabo después de varios años de ocurridos los hechos. El caso de su hijo, casi cuatro años y medio de asesinado, aún sigue en fase de investigación. “Hay casos en los que están haciendo ver que hay justicia, pero realmente se trata de un parapeto, no es justicia real para la magnitud de los asesinatos. Y en el caso de Miguel la denegación de justicia ha llegado a tal punto que ni copia del expediente tengo”, asevera.
“Hay un video de un servicio de vigilancia que tiene cámaras en las calles que depende del Ministerio de Interior y Justicia que fue entregado a las autoridades y donde se ve que un guardia nacional asesinó a Miguel, pero en este momento no se si ese video está en el expediente porque la última vez que fui a la Fiscalía sólo estaba el informe de la autopsia”.
El caso ha pasado por cuatro cambios de fiscal. En septiembre pasado acudió a la Fiscalía donde le dijeron que había órdenes de acelerar los casos que estaban pendientes de las protestas de 2017, pero hasta entonces había estado engavetado, ahora es que vienen a sacarlo. “En esa entrevista me volvieron a preguntar todo como si él tuviese días de haber sido asesinado. Le dije al fiscal que yo no quiero que agarren la primer malandro y lo hagan pasar por guardia nacional y digan que fue quien mató a Miguel, yo quiero la cadena de mando porque es verdad que las responsabilidades son individuales pero en 2017 estaba activado el Plan Zamora por instrucciones de Nicolás Maduro y la orden era matar, acabar con las marchas”.
Como ha ocurrido con la mayoría de las familias de las víctimas de la represión los representantes del Estado no han mostrado interés por establecer contacto con ella: “La única vez que tuve una reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo fue en noviembre de 2019 cuando estuvieron las delegadas de la oficina de la señora Bachelet, que se quedaron sorprendidas al saber por boca de nosotros los familiares que había muchas más víctimas de las que el gobierno les había dicho”.
Por eso esta madre celebró cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció en su visita a Venezuela que su oficina iniciará una investigación por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, pues considera que sólo así serán investigada y juzgada la cadena de mando: “Es hora de empezar a tener un poquito de esperanza, y como se lo dije al fiscal del caso, esto no es político, es un proceso legal, y sí, ese día lo celebré y llamé a mi otro hijo que está en Chile y le dije ‘hijo , al fin como que vamos a empezar a ver justicia”.
También tiene en mente que la justicia va más allá de la condena a los responsables material e intelectual de la muerte de su hijo, juzgados no como homicidas, sino como perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual está tipificado de manera diferenciada en las leyes venezolanas y en los convenios internacionales en materia de derechos humanos. “Tiene que haber reparación moral y para eso pido que el nombre de Miguel quede reivindicado, que se diga públicamente que a él lo asesinó un guardia nacional al dispararle una metra de plomo que le llegó al corazón, y Diosdado Cabello recoja sus palabras de cuando dijo que mi hijo era drogadicto y lo había matado un compañero que estaba drogado. Mi hijo no era ningún drogadicto ni lo mató otro manifestante, Miguel tenía media hora de haber salido de la casa a ver cómo estaba la marcha en el puente de Las Mercedes y solo llevaba un morral con una camisa y su billetera; además mi hermano médico estuvo en la autopsia y preguntó a la forense si había drogas y ella le dijo ‘aquí no hay caso de drogas’. Pienso que una manera de limpiar su memoria es creando una cátedra de derechos humanos que lleve el nombre de Miguel Castillo, porque por salir a defender sus derechos fue asesinado vilmente”.
Carmen Elena Bracho es psicólogo clínico, eso le ha permitido llevar su proceso de duelo con ciertas herramientas de superación, además se define como una persona positiva; sin embargo admite que la vida cambió tras el asesinato de su hijo: “Tengo un hueco en el alma, ya no soy la misma de antes porque Miguel era la alegría de la casa, desde siempre, él era un ángel, su muerte me dejó un vacío inmenso, un dolor grandísimo, y toda la familia quedó muy afectada… Pero en estos cuatro años he trabajado para que no haya odio en mi corazón, y al escuchar a Diosdado hablar así de mi hijo en la televisión fue lo que le pedí a Dios, que no se instalara el odio en mi corazón porque así no podré perdonar ni tener fuerzas para seguir adelante en la búsqueda de justicia y en que hechos como estos se repitan”.
Es una mujer fuerte, segura de cada afirmación de su relato, pero el dolor está presente en cada oración, su voz temblorosa y sus ojos parpadeantes dejan entrever el sufrimiento de una madre que no ha logrado justicia y que ha sido ignorada por el Estado que le quitó a su hijo, un joven que estuvo a punto de ser fichado como pelotero profesional hasta que una lesión se lo impidió, y quien se estaba preparando para cursar estudios de periodismo deportivo en Argentina porque en Venezuela veía estrecho el espacio para expresarse libremente como periodista.
“En Venezuela no hay justicia, por eso las familias la buscamos afuera porque aquí no vamos a conseguir nada. Con el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional sabemos que no habrá obtener justicia el año que viene, pero va a llegar”.
