El asesinato de la joven Geraldine Moreno y de otros manifestantes en el contexto de las protestas de 2014 en Venezuela fueron el punto de partida para la creación de la ONG Encuentro, Justicia y Perdón, organización que trabaja con víctimas de violaciones de DDHH bajo la coordinación general de la abogada Martha Tineo, quien está convencida de que pese a la gravedad de los crímenes perpetrados por el Estado contra una parte de la población la justicia no bastará si no va acompañada de procesos de reconstrucción del tejido social y de reconciliación nacional
¿Cuándo se creó Encuentro, Justicia y Perdón, y a qué se dedica?
Es una organización de derechos humanos en Venezuela que fue fundada en el año 2017, su fundación es la consecuencia de un trabajo que empezamos a hacer desde 2014 con nuestra fundadora y directora ejecutiva, la señora Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, joven asesinada en el contexto de las manifestaciones de 2014 por funcionarios de la Guardia Nacional. Ella empezó a denunciar y a visibilizar todo lo que estaba ocurriendo y a agruparse con otras víctimas de ese período y empezamos a mostrar la realidad de lo que estaba pasando ante instancias internacionales hasta que en 2017 se concretó la fundación de la organización. Nuestro trabajo está destinado a atender casos de violaciones a los derechos civiles y políticos, particularmente en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Eso nos ha llevado a trabajar con dos grupos de víctimas, uno tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones, les damos acompañamiento psicológico, documentamos esos casos para su presentación en instancias nacionales e internacionales de justicia y les ofrecemos formación en materia de derechos humanos para que tengan las herramientas necesarias para hacer vocería y asumir el protagonismo de todo este proceso. El otro grupo de víctimas con el que trabajamos es el de detenciones arbitrarias, privaciones ilegitimas de libertad, desapariciones forzadas y torturas por motivos políticos. Allí también hacemos acompañamiento jurídico, documentación y sustanciación de los casos con fines de justicia, además de la formación permanente a víctimas y acompañamiento psicológico a quienes así lo requieran.
¿A qué se refieren las palabras Encuentro y Perdón que forman parte del nombre de la organización?
Agradezco esa pregunta. La palabra justicia queda muy claro, ese es el objetivo principal. Pero evidentemente a partir de ahí comienza lo demás. Encuentro se refiere a la necesidad de reconstruir el tejido social a partir de ese proceso de justicia, somos unos convencidos de que hay que trabajar en ello, pues la conflictividad política social ha traído estos terribles saltos de violencia y de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Creemos en la necesidad de reconstruirnos como país desde el encuentro, desde el reconocimiento del otro, tenemos que avanzar en un proceso real de reconciliación nacional. Y el perdón entendido como una herramienta sumamente poderosa que no tiene nada que ver con religión, sino con la cultura de paz, un perdón que no representa olvido ni impunidad ni renunciar a la justicia, sino el perdón que nos salva de condenarnos a ciclos de permanente e interminable violencia, el perdón que impide que las víctimas de hoy sean los victimarios del futuro.
Rosa y yo tenemos años trabajando este tema, nos hemos formado con la Fundación del Perdón y la Reconciliación de Colombia que atiende a víctimas del conflicto armado y tiene más de 20 años de trayectoria. Hemos tenido la oportunidad de participar en las escuelas para el perdón y la reconciliación. En Venezuela hemos tenido suficientes demostraciones de que desde el resentimiento y la sed de venganza esas heridas sociales no sanan ni cesan, y pues definitivamente nos están condenando a la repetición.
¿Ustedes realizan algunas actividades con las comunidades para transmitir ese mensaje?
Permanentemente hacemos talleres, foros, conversatorios en las comunidades, universidades y con las víctimas principalmente porque hay que acompañarlas víctimas a superar esos procesos de duelo, y la invitación que siempre he hecho la organización a todas las víctimas que se van incorporando es que vamos a transformar el dolor en fuerza motora para impulsar procesos de justicia y además para masificar esos mensajes tan necesarios de encuentro, reconciliación y perdón. Hoy tenemos representación en seis estados del país donde se agrupa la mayor cantidad de víctimas de la represión: Caracas-Miranda, Carabobo, Lara, Mérida, Táchira y Zulia. Allí nuestros delegados regionales son justamente las víctimas.
Recientemente se dio la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela. ¿Qué es lo más importante del anuncio de que su oficina iniciará una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela?
Para nosotros como organización que agrupa a víctimas esto representa la ratificación de que habrá justicia. Somos conscientes de que será un proceso largo, esto apenas empieza, pero es un paso fundamental para que los procesos de justicia prosigan. Son muchos años e insistiendo en que se ha tratado de un patrón sistemático y generalizado de ataque contra grupos de la población civil. Recuerdo que cuando en los años 2014 y 2015 insistíamos en ello a mucha gente le pareció descabellado, creían exagerado decir que en Venezuela se cometían crímenes de lesa humanidad porque eso no tenía ninguna referencia histórica para nosotros. Así que sin duda, el anuncio es alentador, es esperanzador, la justicia dejará de ser una simple utopía y será una realidad.
Además, es un reconocimiento a las víctimas. Nosotros, los defensores, activistas y organizaciones de derechos humanos no somos más que instrumentos, sus guías, estamos llamados a ofrecerles herramientas, pero sin duda ellos son los dueños de este proceso y son ellos quienes van a alcanzar ese objetivo.
¿El memorándum o acuerdo firmado entre el Estado y la Fiscalía de la CPI puede interpretarse como un triunfo para la institucionalidad en Venezuela como ha afirmado Tarek William Saab?
Realmente, ese memorándum no contiene nada distinto a lo que está establecido en el Estatuto de Roma, que es la norma fundacional de la Corte Penal Internacional. Sabemos que existe un principio de cooperación y que los Estados signatarios están comprometidos con la justicia porque se supone todos tienen la misma necesidad y el mismo interés en la justicia. Entonces, este memorándum que se firmó es la corroboración de lo que establece el propio Estatuto.
Y en cuanto a la complementariedad positiva que también está generando mucho ruido y escandaliza a mucha gente porque el memorándum dice que dependiendo en algún momento la Fiscalía de la CPI pudiera revertir esta investigación dependiendo de cómo avance la justicia nacional, pues es que eso es así porque si un Estado determinado puede juzgar los crímenes que se han cometido en su territorio está haciendo lo correcto, de eso se trata la administración de justicia. Pero ¿dónde hay que poner el foco? En que ya esto no podrá seguir siendo meros anuncios, meros gestos de buenas intenciones, ya no se trata de ornamentos en el sistema justicia venezolano o de crear nuevas legislaciones que luego no se cumplen. Sino que ahora que está siendo objeto de una investigación internacional toca hacer las reformas necesarias y respetarlas; es decir, dar avances legislativos para luego cumplir con lo que establece la norma.
¿Las investigaciones se llevarán a cabo en Venezuela como afirmó Tarek William Saab?
Para ello habría que reinstitucionalizar el sistema de justicia venezolano, ya no puede ser fiscal, acusador y juez la misma persona. Tenemos que volver a la separación de poderes, tienen que legitimarse esas autoridades porque, como lo ha señalado recientemente el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, los órganos que integran el sistema judicial no solo no han hecho su trabajo de investigar y condenar estos crímenes, sino que han participado a manera de cómplices en la comisión de los mismos. Si ciertamente el Estado venezolano quiere asumir la responsabilidad en la investigación seria, genuina e imparcial y en la condena de los responsables pues definitivamente tendrá que realizar un proceso de reinstitucionalización de todos los órganos del sistema justicia, legitimar las autoridades, hacer reformas legislativas y garantizar su cumplimiento. Si eso ocurriera que sería maravilloso, porque eso significaría el restablecimiento del Estado de Derecho y de justicia en nuestro país, sería volver a la separación de poderes y volver a un sistema democrático serio, si eso ocurre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pudiera decir que ya no hace falta que complemente porque el Estado está impartiendo verdadera justicia.
Sin embargo, el fiscal nombrado por la ANC insiste en que se ha impartido justicia en varios casos y que eso no ha sido tomado en cuenta por la CPI.
Lo que el Estado debe tener claro es que las investigaciones tienen que cumplir los estándares que establece el Estatuto de Roma, no la justicia impartida como a ti se te ocurra, que es como lo han hecho durante todos estos años. Según la documentación que tenemos existe 95 por ciento de impunidad respecto a los autores materiales de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas y 100 por ciento de impunidad respecto a las cadenas de mando. Entonces, ¿se está haciendo justicia? En solo 5 por ciento de los casos ha habido enjuiciamiento y condena a los perpetradores o autores materiales, pero no responde a los estándares de la Corte Penal porque lo que se ha hecho acá son juicios conducidos desde la premisa de que se trata de delitos autónomos e inconexos; es decir, que los funcionarios mataron a esas personas de manera espontánea, que fueron decisiones autónomas y arbitrarias de forma aislada, y no como lo que se ha logrado demostrar, y por eso estamos donde estamos, que se trata de un patrón sistemático y generalizado de ataque ordenado por máximas autoridades.
¿Es posible que algunos casos en los que recientemente ha habido condena a perpetradores directos se reabran para incorporar a la cadena de mando y cumplir con los compromisos adquiridos con la CIP?
Es que ni siquiera se tienen que reabrir porque en los debates de juicio los propios funcionarios que estaban siendo juzgados y que finalmente fueron condenados asumieron haber recibido órdenes superiores. Eso ha pasado en todo los casos. Por ejemplo, en el de Geraldine Moreno consta en las actas del juicio los nombres de quienes dieron esas órdenes y sin embargo al día de hoy aún la señora Rosa va al Ministerio Público a pedir que concluya la investigación respecto a esos otros guardias nacionales. Entonces, no es que se tengan que reabrir los casos en los que ya hay condena a los autores materiales, lo que se tiene que hacer es proseguir las investigaciones respecto a la cadena de mando, presentar las acusaciones y llevar a esas personas a juicio.
Pero además esto tiene otras aristas, y es la parte que no se ha querido atacar. En varios casos, por ejemplo en el de David Vallenilla, así como en el de Geraldine Moreno, hubo una acusación privada que señala a los responsables de quebrantamiento a los pactos internacionales en materia de derechos humanos porque esos delitos dejaron claro que se trató de violaciones a los derechos humanos, pero la jueza desestimó esa acusación y condenó solo por homicidio, y en el mejor de los casos las condenas han sido por homicidio intencional como si se tratara de cualquier particular que mató a otro, sin calificar la violación a los derechos humanos.
Ya se ha explicado que los tiempos de la justicia internacional son lentos y sus caminos largos, aun así ¿cuáles son las expectativas “reales o realizables” que pueden tener las víctimas tras el anuncio del fiscal de la CPI?
Lo primero es tener conciencia de que esto apenas significa un avance, falta mucho por hacer. Así como el examen preliminar duró casi cuatro años la investigación puede durar tanto más o menos. Eso es impredecible. Sabemos que no está establecido un tiempo. Debemos ser conscientes, y se lo hemos hecho saber a las víctimas, que no todos los casos necesariamente van a ser juzgados en la corte, no hay capacidad real y quizás ni siquiera las pruebas necesarias para avanzar en todos los casos. Nuestra organización tiene un número de 331 víctimas de la represión en nuestro país desde 2014 hasta la presente. Sabemos que es imposible adelantar juicio de todos esos casos, entonces hay ‘casos luz’, por decirlo de una manera; es decir, casos que demuestran lo que ocurrió con otros, entonces a través de una cantidad equis de casos se estará juzgando a los máximos responsables de ese patrón de ataque, lo que en definitiva hace justicia a las demás víctimas.
¿Cuál sería para las víctimas una reparación integral?
Cuando hablamos de reparación integral nos referimos no solo a una justicia material; es decir, la condena al responsable, eso obviamente forma parte del derecho a la verdad, si tienen acceso a la justicia y a la verdad de algún modo están siendo reparadas. Pero además hay otros elementos más subjetivos que también son necesarios, y me refiero al tributo, por eso nosotros permanentemente, desde todas las plataformas de la organización rendimos tributo a las víctimas, enaltecer sus victorias, contamos su victoria. Eso dignifica las historias de vida porque sabemos también que como parte de toda esta terrible situación de violación de derechos humanos muchas de las víctimas han sido revictimizadas e irrespetadas.
La construcción de memoria histórica es fundamental, el recordatorio permanente desde la sensibilización social, que de eso tan terrible que como sociedad hemos sufrido genere garantías de no repetición, pues no se trata solamente de ‘prohibido olvidar’, sino también de ‘nunca jamás’, de asegurar que como sociedad salgamos fortalecidos de todo esto, que juntos reconstruyamos tejido social, reconstruyamos país y jamás nos permitamos que estos episodios tan terribles se repitan. Entonces, digamos que justicia, tributo, memoria histórica, garantías de no repetición forman parte de la reparación integral a las víctimas. Pero también hay daños de índole económico, pues muchos de estos muchachos eran hijos únicos, muchos aportaban a su familia, algunos eran soporte económico de hogar. Entonces, en algún momento habrá que pensar y que trabajar en función de indemnizaciones y reparaciones de ese tipo, pero entendiendo que es apenas forma parte de un todo que va mucho más allá.
¿Qué sigue después de anunciado el inicio de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional para ustedes como organizaciones de derechos humanos?
Trabajar más que nunca, pues apenas logramos lo primero. Finalmente se reconoció que en nuestro país se han cometido crímenes de lesa humanidad y se demostró que el sistema justicia venezolano no está operando a favor de investigar y juzgar esos crímenes. De tal manera que ahora viene el trabajo más grande. En este proceso de investigación las víctimas tendrán un rol mucho más activo, podrán participar en esa investigación, rendir testimonio, la propia Fiscalía de la CPI podrá llamarlas, recabar información. Y todo eso representa un inmenso trabajo de recolección de pruebas, es un reto que supone una grandísima responsabilidad. Y evidentemente las organizaciones de derechos humanos estamos comprometidas en estar a la altura de las legítimas demandas de justicia de las víctimas y en general de Venezuela, porque todos terminamos siendo víctimas indirectas de esta crisis.
Ahora se impone el trabajo colaborativo de todas las organizaciones de derechos humanos, ya no se trata de los casos de una u otra organización, de una u otra víctima, sino de trabajar de forma coordinada, conjunta por las víctimas. Las organizaciones que tienen más fortalezas sumarán a las debilidades que puedan tener otras pero solo juntos, trabajando de forma coordinada vamos a poder seguir avanzando.
