Informes de organismos e instancias internacionales han dejado en evidencia la debilidad institucional para evitar y castigar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ante las presiones cada vez mayores, a las que se suma el anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de iniciar una investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos, el Estado ha dado giros inesperados en sus acciones de justicia. Estos cambios y sus repercusiones fueron analizados por Laura Louza, directora ejecutiva de la ONG Acceso a la Justicia, en un foro chat el 3 de noviembre de 2021 del cual compartimos su presentación y algunas preguntas de los participantes con las respectivas respuestas
¿Los juicios de casos de violaciones a DDHH que se han reactivado recientemente son una muestra de que llegó la hora de la justicia para las víctimas?
¿Estos juicios podrían frenar la investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad?
¿El plan de regularización de fiscales provisorios “para el fortalecimiento del Ministerio Público y en la lucha por la justicia y los derechos humanos”, es suficiente para garantizar un mejor manejo de los casos de violaciones a los DDHH?
¿Cuál podría ser un verdadero gesto de compromiso del Ministerio Público con las víctimas y sus familiares?
¿El Ministerio Publico debería tener acercamiento con las ONG de DDHH que trabajan con víctimas de violaciones?
Compartimos preguntas de los participantes con sus respectivas respuestas.
¿El anuncio de hoy del fiscal de la CPI de abrir la investigación, aunque Venezuela debe dar muestras de su compromiso en mejorar los procesos de justicia interna, es confiable para las víctimas?
¿Qué etapa sigue una vez que se anunció que se abre la investigación en la CPI?
¿De reunirse las víctimas con el Fiscal podría perjudicar la investigación?
¿Cuáles casos son los que investigará la CPI?
