“Siempre tuvimos ese temor de que se lo llevaran (detenido) porque Javier siempre fue asediado por los organismos de seguridad del Estado, pues para el poder es incómodo el tema que él trabaja, y ese temor estaba presente porque le ha ocurrido a otros defensores de derechos humanos”.
Con “incómodo” Kenny Molina, esposa del director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, se refiera a los temas de la guerrilla colombiana presente en nuestro país y a las violaciones de derechos humanos, por acción u omisión, contra la población que vive en los estados fronterizos por parte del Estado venezolano. Y es que ya era común ver a través de los medios de comunicación a este defensor de derechos humanos, oriundo del estado Táchira, hacer denuncias en el Ministerio Público o en la Defensoría del Pueblo sobre las graves vulneraciones que se suscitan en la frontera y pidiendo investigaciones para determinar la posible responsabilidad de Estado en esos hechos. Fue precisamente una de estas denuncias que interpuso en la sede de la Fiscalía en Caracas lo que conllevó a un mayor hostigamiento y finalmente su detención el 2 de julio de 2021.
Era su primer viaje a la capital desde que inició la cuarentena por la COVID-19.Iba en compañía de otros directivos de FundaRedes. Las pruebas que tenía en su poder lo motivaron a viajar desde Táchira para hacer la denuncia en la sede principal del Ministerio Público. Como es costumbre, la prensa reseñó sus palabras; luego se trasladó al estado Falcón, donde la organización tiene una coordinación y ha apoyado a las familias de las víctimas de naufragios. Allí participaron en una jornada de formación en derechos humanos y en una actividad de recreación con comunidades. Cuando intentaron regresar al hotel donde se alojaban fueron interceptados por funcionarios del Sebin y del Servicio de Inteligencia de la Policía de Falcón (SIEP) que les impidieron entrar al alojamiento y se llevaron sus pertenencias en un allanamiento sin orden judicial. Ordenaron a los demás hoteles de Coro impedirles la entrada. Al día siguiente, Tarazona, su hermano Rafael; el coordinador regional de la organización, Omar de Dios García; y el coordinador del Comité Nacional de Familias Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela (Mayday Confavidf) Jhonny Romero, acudieron a la Fiscalía de Coro a denunciar el hostigamiento. Un tuit escrito por Tarazona registró el momento. Pero lejos de ser recibida su denuncia fueron detenidos por el Sebin. A Romero lo liberaron poco después, a los demás los trasladaron a Caracas. Una foto tomada desde un vehículo en las afueras de la Fiscalía donde se ve a Tarazona esposado y custodiado por funcionarios se hizo viral en las redes sociales y encendió las alarmas en el movimiento de derechos humanos. Poco después la comunidad internacional y organismos como la OEA, la ONU y la UE expresaban su preocupación.
Hasta hace pocos años las noticias de encarcelamiento de defensores de derechos humanos llegaban desde países de Asia, Europa del Este y África. Pero los regímenes no conocen distancias ni límites en sus ataques contra las libertades. La criminalización a la labor de defensores y ONG se ha convertido en un patrón en Venezuela. A inicios de año el DGCIM detuvo a cinco trabajadores humanitarios de la organización Azul Positivo, con sede en el estado Zulia, por la distribución de tarjetas humanitarias entre población de alto riesgo alimentario. En 2020 varias organizaciones sufrieron allanamientos y detenciones. En abril de este año los enfrentamientos en el estado Apure entre fracciones de las guerrillas del ELN y las FARC con contingentes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas puso en mayor foco a FundaRedes y a su director, quien mantuvo informado al resto del país de lo que ocurría y dejó demostrado que sus denuncias de años tenían fundamento. Meses después, los temores que relata Kenny Molina se materializaron.
No solo fueron detenidos. A Javier, Rafael y Omar de Dios se les ha negado la posibilidad de nombrar defensa privada de su elección; se les ha mantenido incomunicados, salvo pocas excepciones. Hasta ahora no han surgido pruebas en su contra, pese a que días después de su detención altos funcionarios del gobierno anunciaron que las mostrarían. En los allanamientos a su casa y a la sede de la organización no obtuvieron ningún elemento probatorio que los comprometa.
Los tres defensores fueron presentados ante el Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo y les fueron imputados los delitos de instigación al odio, terrorismo y traición a la patria.
“Desde el momento de su detención la audiencia preliminar ha sido diferida siete veces. Ahora estamos muy preocupados porque supimos de un brote de COVID-19 en El Helicoide, sede del Sebin donde los tienen. Sabemos que a Rafael y a Omar los trasladaron a clínicas, pero los familiares no pudieron ingresar para verlos ni les dieron información de su estado de salud. En cuanto a Javier nos informaron que había dado negativo a la prueba, pero si hay COVID ahí adentro él corre el riesgo de contagiarse, y tampoco tenemos un informe del estado de salud de Javier”, afirma Molina.
Las preocupaciones de la familia se fundamentan en el delicado cuadro médico de Tarazona: sufre hipertensión arterial, hiperinsulinismo, arritmia cardíaca elevada y asma, ha sufrido neumonía. Su hermano Rafael ha perdido 10 kilos en prisión, es deportista y sufre problemas de intestino; mientras que Omar de Dios García padece de pie diabético.
Tanto la madre de los Tarazona, Teresa Sánchez, como su hijo de 14 años y Kenny Molina, esposa del director de FundaRedes, grabaron videos exhortando a las autoridades a respetar el debido proceso y a velar por la salud de los detenidos. Imploran la libertad de los tres recordando que defender derechos humanos no es delito.
La señora Teresa solo tiene dos hijos, ambos están presos en El Helicoide por su trabajo en FundaRedes. En el caso de los hijos Kenny afirma que “han sido días de mucha tristeza, es muy difícil explicarles por qué se llevaron a su papá si es una buena persona que está lleno de amor y solidaridad por los demás”.
Después de 117 días de detención Rafael Tarazona y Omar de Dios García fueron excarcelados con medida cautelar de presentación cada 8 días en tribunales. A Javier Tarazona lo mantienen preso.
“Javier es un ser humano de profundos valores humanistas, es un ciudadano ejemplar, un docente universitario que ha luchado y defendido al gremio por muchos años, y quien pese a los riegos continuó con su trabajo porque le mueve la fibra abogar y alzar la voz de los sin voz en este país”, dice Kenny Molina con voz entrecortada y lágrimas en los ojos.
“Esta es una pesadilla, no hay palabras para definir lo que es tener en Venezuela a un familiar privado de libertad y más injustamente y por motivos de consciencia. Mi mayor temor es que la salud de Javier se complique y no pueda salir con vida de allí, que como le ha ocurrido a otros presos políticos muera en la cárcel y no haya justicia; me preocupa y entristece que su libertad está comprometida sin deber nada, sin haberle hecho daño a nadie, sin haber cometido delito, y ellos lo saben, saben que defender derechos humanos no es un delito; y también temo al olvido, a que los organismos internacionales se olviden de ellos”.
