Para la directora de la ONG Acceso a la Justicia es necesario que en Venezuela se emprenda la refundación del sistema de justicia para sanear e institucionalizar uno de los pilares fundamentales del Estado que actualmente funciona bajo la sombra del poder político y colabora con la comisión de violaciones a los derechos humanos, según revela el segundo informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela
En su reciente informe, la Alta Comisionada Michelle Bachelet dijo que su oficina ha prestado asistencia técnica evaluando el cumplimiento de los protocolos de Minnesota y Estambul. ¿Cree que los hechos demuestran que los órganos del Estado actúan en consonancia con esos protocolos?
No, no lo evidencian, lo que estamos viendo son reformas de leyes penales que probablemente tengan que ver con asistencia y también con lo que dicen los informes. Entonces, efectivamente, en la reforma al Código Orgánico Procesal Penal, al Código Orgánico de Justicia Militar, a otras leyes que han ido reformando y también en la nueva ley que es una parte de la ley de amparo en seguridad y libertad personal que tiene que ver con el habeas corpus, probablemente se vean reflejados esos cambios y a su vez tengan que ver con esa asistencia a la que se refiere la Alta Comisionada. Lo importante es ver si eso se mantiene, que no quede solo en el papel, porque muchos de esos aspectos ya están en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos que Venezuela ha firmado.
¿Comparte el criterio del informe de la Alta Comisionada de que Emergencia Humanitaria y el acceso a servicios de salud y medicamentos es crítico debido a las “medidas coercitivas”; es decir, las sanciones?
Aunque la crisis humanitaria no es nuestra área de trabajo, tenemos una opinión al respecto y lo hemos explicado varias veces, incluso ante la ONU y ante Bachelet. La crisis humanitaria en un tema anterior a las sanciones, lo que pasa es que se confunden las sanciones individuales, que datan de 2015 o quizá un poco antes algunas muy específicas, y las sanciones que tienen que ver con el país y que pueden afectar a los ciudadanos, que fueron a partir de 2017. Entonces, el gobierno de Maduro pretende hacer ver que las sanciones son anteriores de la crisis, pero la crisis humanitaria fue denunciada por las ONG en 2015, y el secretario general de la ONU en ese momento, Ban Ki moon lo declaró expresamente en 2016 cuando dijo que veía una crisis humanitaria en Venezuela a causa de la ruptura institucional relacionada con el tema político. Entonces, si las sanciones generales que impactan en la población son de 2017 cómo la crisis humanitaria que es de 2015 tiene que ver con las sanciones, no tiene que ver; ahora, que las sanciones hayan afectado a la población o la afecten es un tema real, eso lo sabemos, pero no son la causa. Pero además, en el informe la Alta Comisionada vemos que hay errores, como que 90% de la población tiene acceso a agua potable y 10% no, cuando esa cifra es al revés; y se basa en fuentes oficiales sin cotejar con otras fuentes, por lo menos es lo que se ve en el último informe, nos parece que no se dicen las cosas como son realmente.
De acuerdo con esa evaluación, ¿qué es lo más importante del informe de la Alta Comisionada y qué faltó en él?
Lo más importante es que habla de la criminalización de la sociedad civil, cita los casos de Azul Positivo y de FundaRedes, pero no queda claro en general su posición respecto a las causas de la crisis como sí lo había dicho en otros informes, que no son las sanciones, sino que el Estado venezolano abandonó su función y no atendió más a la población con el agravante de que es un Estado que se ha apoderado de todas las áreas económicas y también de los servicios básicos, porque en el país no hay casi empresas que presten estos servicios, pero no ha hecho mantenimiento en 20 años, eso no lo dice y es muy importante. Y luego la falta contexto de lo que ocurre realmente, por ejemplo, es muy grave no dar cuenta de la magnitud de la crisis que se vive en el país y que el gobierno, independientemente de las sanciones, tiene dinero invertido en otras áreas como seguridad, pero no para los ciudadanos, sino para mantenerse en el poder y para reprimir a los ciudadanos.
Hace unos días también se dio a conocer el segundo informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Lo que expone es la continuidad de una práctica sistemática de graves violaciones a los derechos humanos, pues documentó nuevos casos de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridas en 2020 y 2021, eso pese a las advertencias y recomendaciones que se le han dado al Estado
El informe de la Misión es muy importante porque da una idea global e integral de lo que es el sistema de justicia. Es un informe muy completo porque muestra el panorama completo, pero también casos en concreto, y va mostrando que hay un patrón sistemático de represión, muestra que el sistema de justicia, como ya sabemos, está politizado, eso también lo ha dicho la Alta Comisionada, sabemos que los jueces, policías y fiscales en Venezuela no son independientes como manda la Constitución, sino que son escogidos a dedo, ideologizados y que son operadores políticos, pues no están capacitados para lo que están haciendo y no cumplen con su función. Pero además, el informe muestra que en Venezuela no hay un sistema de justicia en realidad, sino un sistema de represión. Eso tiene que ver con que el Estado venezolano a lo que se dedica es a mantenerse en el poder, incluso las pocas mejoras o lo poco que hace tiene que ver con eso, es el uso de la fuerza lo que lo mueve para controlar a la población, y lamentablemente esas instituciones tan importantes para el Estado de Derecho en cualquier país para que haya democracia y cada quien pueda ejercer sus derechos libremente, en Venezuela no solo no existen sino que cumplen un rol al revés, y eso lo hace ver de manera muy clara el informe de la Misión de Determinación de los Hechos.
¿Por qué cree que no se toman correctivos para evitar que estas prácticas continúen, más aun ante la amenaza de una investigación en la Corte Penal Internacional?
Bueno, se están tomando ciertos correctivos con las reformas penales, hay uno que se refiere al Estatuto de la Función Policial, pero no sabemos si es maquillaje o es algo real. Por otro lado, se están llevando adelante ciertos juicios. En estos días hubo la condena en el caso del joven Rufo Chacón, estudiante tachirense que fue cegado por agentes de seguridad del Estado, pero eso es un caso concreto, no vemos realmente que haya un cambio ni en las prácticas ni en la narrativa gubernamental, a nosotros nos sigue pareciendo maquillaje. No vemos una voluntad de cambio real, para que lo haya debería darse un concurso de oposición que conduzca al nombramiento de ese juez o jueza con participación de la sociedad civil, como lo indica la Constitución. El otro tema es que en esos juicios no se incluye a la alta autoridad, no se está investigando ni juzgando la cadena de mando, no vemos esa voluntad. Las prácticas continúan, el informe de la Misión cita patrones muy graves como, por ejemplo, uno que se usaba en la Alemania nazi y que los funcionarios de la DGCIM conocían, sabían el nombre, lo escribieron en el acta policial y lo aplicaron. Esa práctica, llamada Sippenhaft, consiste en que no solo se llevan presa a la persona que buscan y la torturan, sino también a su familia. Entonces, vemos que hay una distorsión muy grande entre el debe ser y la práctica de la función policial y de la función de la justicia en Venezuela.
Ahora, si toda la estructura del sistema de justicia está estrechamente vinculada con el partido de gobierno, recibe instrucciones y por ende contribuye con la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, según señala el informe ¿qué hacer para sanearlo y permitir que la población tenga acceso a la justicia?
Es complicado porque al perderse la institucionalidad, y eso tiene que ver con la Emergencia Humanitaria Compleja que vivimos, se rompe la institucionalidad y las instituciones públicas quedan en cascarones vacíos porque llega un momento en que el Estado abandona a sus funciones. El funcionario público dejó de realizar su labor porque no ganaba suficiente o no tenía servicios públicos o transporte para trasladarse o simplemente no hacía su labor porque no hay ninguna rendición de cuentas, no la hay arriba y tampoco desde abajo, eso va vaciando las instituciones, va haciendo que no haya respuesta; y si las autoridades que tienen que hacer justicia, la Defensoría, la Fiscalía, etcétera, no lo hacen y la policía está dedicada a la represión del ciudadano, al final, eso conlleva a una distorsión, esas prácticas se masifican y el ciudadano cuando necesita que lo atiendan, no es atendido, sino que es maltratado y muchas veces incluso es presa de la corrupción, porque también estas autoridades, cuando no son casos políticos, se manejan con otros estándares y terminan formando parte de un proceso sumamente corrupto porque no hay rendición de cuentas.
Ahora, ¿cómo lograr esa institucionalidad? Debe haber una voluntad política real y obviamente una capacitación técnica verdadera que cambie completamente la cultura de esas instituciones, acompañada de una revisión de quiénes están ahí y que los procesos de selección de personal reúnan estándares técnicos y no de otro tipo, y para eso nosotros proponemos la refundación de la justicia, Acceso a la Justicia ha trabajado en esa propuesta, pues consideramos que debe haber una comisión internacional que nos apoye para la capacitación y para supervisar que estos procesos se hagan como debe ser y no haya distorsiones ni manejos indebidos.
Pese a los informes de instancias internacionales en la población hay mucha ansiedad, desesperanza y desconfianza porque no hay respuestas y sobre todo no hay justicia, la gente quiere ver cambios. ¿Qué decirle a las personas que piensan que estos informes no sirven?
Bueno, tanto sirven que el gobierno de Maduro está muy preocupado y está tratando de hacer justicia, aunque sea una justicia parcial eso para las víctimas de los horribles crímenes es algo muy importante. Entonces, la justicia aunque llega tarde en algún momento va a llegar, tanto para las personas que son víctimas como para los responsables de los crímenes. Aunque claro, el problema, por ejemplo, en el caso del informe de la Alta Comisionada es que ella cita solo cifras oficiales, no tomó como referencia las cifras de las ONG que han hecho un trabajo extraordinario de documentación, por ende su informe no refleja la situación real ni la desesperanza que hay en Venezuela. Pero bueno, por allí está también el proceso de negociación y entiendo que el plan que hay es ir tratando de institucionalizar una cosa a la vez, de lograr que pueda haber un pluralismo para empezar, por lo menos una contienda real entre las partes con representación y además con cierta proporcionalidad. Lo que tiene que haber es verdadera voluntad política. Que el gobierno tenga todo el poder y el control no es bueno, pero igual hay que seguir trabajando y denunciando.
¿Cuál es su mayor preocupación sobre la situación actual de los derechos humanos en Venezuela?
Bueno, obviamente la mayor preocupación es la situación humanitaria porque en la medida en que prácticamente la tercera partes de la población del país no come suficiente, no tiene acceso a la educación, no tiene servicios básicos y devenga un sueldo precario eso crea una situación desesperante y va a tener secuelas, además la pandemia ha empeorado eso aún más. Y la preocupación también tiene que ver con que el gobierno no se dedica a mejorar la infraestructura eléctrica, de agua, tecnológica y general del país, y eso puede causar estragos enormes en la salud.
En cuanto a nuestra área de trabajo, que está dirigida más que todo a los derechos civiles y políticos, es muy preocupante que se sigan cometiendo las prácticas que se señalan en los informes, como las torturas de los presos y que aunque los jueces tienen conocimiento de eso mandan de vuelta a los prisioneros con sus torturadores; nos preocupan en general las condiciones de los presos políticos. Si esas situaciones dejaran de ocurrir tendríamos un gran terreno ganado, porque las violaciones de derechos humanos nada tienen que ver con las sanciones, esas situaciones causan un gran sufrimiento, además de desinstitucionalización. También vemos que pese al argumento de las sanciones hay gran inversión del gobierno en defenderse, en limpiar su imagen, en salir adelante, y al final eso no le aporta nada al ciudadano, es decir que se ha invertido en lo que no es realmente importante para el país, se supone que los gobiernos son para gobernar, ese es su rol, servir al ciudadano, y no para sí mismos, que es lo que ocurre en Venezuela. Eso debe cambiar.
