Cumplir con su deber y hacer lo que le correspondía. Ser un trabajador responsable llevó a Derbys Rodríguez Sánchez a la cárcel hace más de un año, desde junio de 2020. Se desempeñaba como controlador aéreo en la torre de control del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El 4 de junio al terminar su jornada laboral fue abordado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para “llevarlo a una entrevista”; su esposa, Oriana Rojas, también controladora aérea, comenzó a grabar con su celular lo que pasaba y por eso se la llevaron detenida. El motivo de la detención fue haber reportado ante su superior a un militar que pretendía sacar unos aviones sin que apareciera en los registros. La irregularidad se la notificó a Derbys Rodríguez otro trabajador de la torre de control que también está preso.
Pasadas las 48 horas reglamentarias para la audiencia de presentación fue trasladado al Juzgado Especial Primero de Primera Instancia de Control con competencia en casos vinculados con delitos de terrorismo a cargo de la juez Carol Padilla, quien difirió la audiencia al percatarse de que los abogados privados Joel García y Charity Flores esperaban en la sala. Fue hasta el 8 de junio (cuatro días después de la detención) cuando finalmente se dio la sesión, aunque como se ha vuelto costumbre le impusieron un defensor público que responde a los intereses de sus captores. Le imputaron los cargos de divulgación de información confidencial y asociación para delinquir, mientras que a su pareja le imputaron los delitos de resistencia a la autoridad y le concedieron una medida de presentación ante un tribunal.
En julio de 2020 venció el lapso de 45 días para solicitar las diligencias de investigación que permitieran desvirtuar la imputación pero, según denunció el abogado Joel García, “la juez Carol Padilla, a pesar de ser una ‘juez de garantías’, negó el derecho a la defensa”.
Fue hasta noviembre cuando el tribunal autorizó la juramentación de la defensa privada que hasta ese momento tuvo acceso al expediente. Luego, la audiencia preliminar fue diferida nueve veces, hasta el 7 de julio de 2021 cuando, sin pruebas, se decidió el pase a juicio aunque hasta la fecha no se ha asignado el tribunal que tendrá a cargo el caso.
En agosto de 2020 un médico que lo atendió en la DGCIM de Boleíta, en Caracas, donde estaba recluido, recomendó que lo evaluara un cardiólogo, pues para ese momento ya presentaba problemas de salud derivadas de la hipertensión que padece desde los 38 años de edad debido al estrés del trabajo. Un año después aún espera esa revisión médica. El traslado que sí le autorizaron fue a la cárcel del Rodeo II en marzo de 2021 tras la decisión del régimen de poner en manos del Ministerio de Servicios Penitenciarios a un grupo de presos políticos. Eso, haciendo caso omiso a la recomendación médica hecha en el mismo centro de reclusión donde se encontraba.
“En su caso ha habido toda una cadena de violaciones desde la detención arbitraria, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la celeridad procesal, el debido proceso y el derecho a la salud al impedirle que lo vea un cardiólogo. Obviamente nosotros tememos por su vida y más ahora que de manera arbitraria y sin avisarnos a la familia lo trasladaron al Rodeo II, con presos comunes, todos sabemos las condiciones de las cárceles venezolanas y ahora más aún con el riesgo del COVID siendo él una persona vulnerable por su condición médica”, afirma Janeth Sánchez, tía de Derbys.
Pese a su condición, el controlador aéreo busca proteger a su familia, de allí que aun cuando la familia debe llevarle los alimentos que no provee el sistema penitenciario él prefiere que su esposa los deje en la entrada centro penitenciario ubicado en Guatire para evitarle que sufra las humillantes requisas que aplican a las esposas o familiares mujeres de los presos por motivos políticos.
Las víctimas de la detención arbitraria de Derbys Rodríguez se extienden a la familia, sus dos hijos adolescentes y su padre que quedó cuadripléjico tras un accidente laboral en la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), de quien Derbys se hace cargo a raíz de que sus otros hermanos emigraron hace años del país. Ahora está sin ese apoyo y con una gran angustia.
“Yo no podía creer cuando supe que estaba preso, cómo es posible si él es un hombre ejemplar en todas sus facetas, una persona honorable, correcto, un pilar para todos en la familia, un trabajador intachable, un ser muy noble, solidario e incondicional. No es justo lo que le está ocurriendo a Derbys. Por eso, ya que fue pasado a juicio a pesar de no haber pruebas en su contra lo que pido es que haya un proceso judicial justo, apegado a las leyes, a la Constitución y a los derechos humanos, pues con un juicio como debe ser él va a obtener su libertad plena”. //
