Los movimientos migratorios han sido una constante en el desarrollo de la historia de la humanidad; su herencia es la piedra angular de nuestra sociedad actual. Como práctica cotidiana, los seres humanos se movilizan, incluso cruzan fronteras, en búsqueda de condiciones diferentes a las del lugar habitual de residencia.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se entiende como migración a cualquier movimiento de personas que no pretende ser de corta duración o temporal, ya sea a través de una frontera internacional -“migración internacional”- o dentro de un mismo Estado; además, el término se emplea para incluir tanto los movimientos forzados como los voluntarios.
En este sentido, la migración voluntaria se refiere, tal como su nombre lo indica, a la movilidad por decisión propia sin influencia de factores externos, en esencia, sin ningún tipo de coacción. Así, la migración forzosa responde a aquellos movimientos o desplazamientos humanos en donde las personas involucradas se ven obligadas o coaccionadas a desplazarse por factores externos –ajenos a su voluntad-. La diferencia entre estas se hace visible cuando se analiza la migración desde la perspectiva de los procesos sociales, económicos, ecológicos y políticos de la sociedad en la que aparecen, con especial énfasis en las necesidades, riesgos y vulnerabilidades específicas de las personas como su edad, género, su pertenencia étnico-racial, la etapa del ciclo de vida en la que se encuentran, y las condiciones o el contexto en el que se movilizan.
Precisamente el carácter forzado, es en Venezuela, el elemento fundamental de la actual crisis de movilidad humana, entendido como una consecuencia directa de la emergencia humanitaria compleja multinivel que afronta el país.
En el caso venezolano, la severa crisis de servicios básicos, desmejoras en las condiciones laborales, la violación de derechos humanos y la búsqueda de mejoras en la condiciones de subsistencia y vida de las personas, así como la violencia, la inseguridad generalizada o ataques y situaciones de amenazas o transgresiones manifiestas en contra de su libertad, su integridad, su vida y su propio desarrollo, son circunstancias que han forzado un éxodo exorbitante de personas venezolanas que salen de las fronteras en búsqueda de refugio y de protección internacional.
Durante los últimos veinte años, Venezuela ha presenciado una transformación en las dinámicas movilidad humana, que tienen un trasfondo político, social y económico. Esta transformación se ha desarrollado en dos etapas: la primera, que se desarrolló en el periodo 1999 -2014, con 768.181 personas; y la segunda, en el periodo 2015- 2021, con 5.4 millones de personas migrantes y refugiadas1 , de las cuales, la mayoría vive en países de América Latina y el Caribe, de acuerdo a cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Como consecuencia, Venezuela pasó de ser un país que tradicionalmente era receptor de migrantes, a un país de expulsión de la población, donde sus habitantes huyen de la crisis. Para el 2021, más de 5.4 millones de personas venezolanas están en las cifras de personas migrantes2 , refugiadas y solicitantes de asilo reportadas por los países anfitriones, lo que corresponde a más del 18% de la población censada en el país. Es imprescindible destacar que estas cifras, en oportunidades, no logran englobar a personas que se encuentran en situación irregular o en tránsito.
Tal y como lo reconoce ACNUR, las personas salen de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, y en este contexto, la vulnerabilidad de base se presenta como fuerza impulsora de la salida del país. Esta realidad hizo que, en el 2018, ACNUR publicara una nota de orientación sobre el flujo de venezolanos3 en la que reconoce las consideraciones de protección internacional para las personas venezolanas y exhorta a los Estados receptores y/o de acogida a que les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección que estas personas tanto necesitan y basadas en las buenas prácticas existentes en la región.
A pesar de los esfuerzos realizados en materia internacional, las condiciones internas del país y su agravamiento con base en la crisis estructural y las medidas de restricción horaria y de movilidad a razón de la pandemia por Covid-19, han tenido como resultado el aumento de la vulnerabilidad de la población en Venezuela y quienes salen del país.
La omisión de respuestas institucionales se convierten en una clara situación de vulnerabilidad que decanta en flagelos como el sometimiento a condiciones y formas análogas a la esclavitud -en esencia esclavitud moderna- sobre esta población, tanto en su país de origen como en países receptores.
El objetivo del presente informe es dar a conocer la conexión entre la precariedad de la situación de movilidad humana de la población venezolana, en conjunto con los elementos de su entorno, y las dinámicas de esclavitud moderna en el país y en los países receptores. La metodología utilizada muestra aspectos cualitativos, documentales y de campo. A razón de ello se refieren fuentes primarias y secundarias, es decir; legislación en materia internacional y nacional y, como secundarias, informes de organismos internacionales y de la sociedad civil, así como información periodística disponible en diversos medios de comunicación.
Al ser una investigación cualitativa y de campo, se soporta en el manejo y análisis de datos obtenidos a través del uso de diversas técnicas, incluidas entrevistas con actores clave y visitas in situ.
