Estudiar Sociología despertó en Lexys Rendón su interés por los derechos humanos. Desde sus tiempos en la Universidad Central de Venezuela trabajó en temas de salud, específicamente de personas con VIH. Así comenzó sus vínculos con organizaciones de la sociedad civil que la llevaron a relacionarse con otros temas. «La Sociología me llevó al tema de cómo ser útil en un país con tantas posibilidades, pero también con tantas necesidades. Y encontré que los derechos humanos se parecían bastante a la ética que yo quería implementar».
Con el tiempo se acercó a grupos pacifistas a nivel internacional que trabajan en prácticas de no violencia y en formación para la exigencia de derechos a través del derecho asociativo de formas pacíficas. Esto la llevó al Laboratorio de Paz, del cual es coordinadora, se trata de un centro de investigación que trabaja con la cultura de paz y promueve la resolución no violenta de conflictos y la desmilitarización de la sociedad venezolana.
En las últimas semanas ha recrudecido la persecución contra activistas y organizaciones de derechos humanos aun cuando en el país están presentes representantes de instancias internacionales en materia de derechos humanos y la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre lo que ocurre en Venezuela. ¿Al régimen no le preocupa las consecuencias de estos actos?
Para nosotros ha sido bastante sorpresivo, y es parte de la incidencia que estamos haciendo ante la oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y en la oficina del Secretario General de Naciones Unidas, pues a pesar de que se llegó a un acuerdo de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para el tema de las violaciones a los derechos humanos lejos de ser mucho más abierto el espacio cívico las restricciones son cada vez mayores y más agresivas y violentas. ¿A qué nos referimos con eso? Aunque en Venezuela tenemos varios años con un ataque sistemático de parte del Estado a través de señalamientos, difamación, criminalización en la red de medios desde cuando Chávez estaba vivo tratando de horadar la credibilidad de las organizaciones y de defensores y defensoras haciendo ver que por su vinculación con la cooperación internacional no son independientes y que tienen una agenda de ataque al gobierno que atacarlo, lo que hemos encontrado y nos preocupa muchísimo es que a partir de los pronunciamientos de la Alta Comisionada y de la cooperación técnica que ellos mismos han aprobado para trabajar en Venezuela los ataques se han transformado en mucho más violentos; es decir, de acusaciones verbales y de hostigamiento en medios de comunicación se ha pasado a actuar de manera más restrictiva; por ejemplo, el aumento de hostigamiento en sitios de trabajo y casas de defensores, restricciones al acompañamiento de abogados a las víctimas o beneficiarios, presiones para que las víctimas renuncien a abogados que pertenecen a organizaciones de derechos humanos; por otro lado, el acoso y vigilancia policial, un aumento de las redes de inteligencia social, que son estos grupos vinculados al régimen y que también tienen como misión la territorialización del espacio.
Otra de las cosas que han sido muy graves a partir del año pasado es el aumento de las detenciones arbitrarias, un patrón que se repite en los 24 estados del país sobre todo a partir del estado de alarma por la pandemia del COVID-19 y el aumento alarmante de allanamientos y confiscaciones a activistas que tienen vinculación con órganos de humanitarios de Naciones Unidas, eso es gravísimo sobre todo estando presentes en el país representantes de los sistemas de protección, pues debería haber una mayor apertura y un trabajo de colaboración. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que toda la estructura del Estado se está modificando para restringir aún más y eso tiene que ver con que el Estado logró acallar a la Asamblea Nacional y ahora la mirada está principalmente en las organizaciones que hacen control de la gestión gubernamental y que pueden dejar documentadas las violaciones a derechos humanos. De allí el cerco y las acciones para restringirlas e intentar desarticularlas como lo vemos con la Providencia Administrativa.
El Estado necesita una política de silencio y de miedo, y ante ese escenario que cada vez se hace más agresivo las redes de base y de solidaridad tienen que fortalecerse más para evitar el miedo y que sea posible la construcción de un país con más democracia.
En la opinión pública hay la idea de que al régimen no le preocupan las consecuencias, pero por ejemplo con la presión de la Corte Penal sobre ciertos casos emblemáticos la Fiscalía General ha dado impensables giros a sus narrativas, lo que daría una muestra de que sí les preocupa lo que pueda ocurrir en el plano internacional
Pasan dos cosas, el régimen y la oficina de la Alta Comisionada tienen un acuerdo de cooperación técnica que se aprobó para trabajar en el país, pero lamentablemente no es formal la presencia de los funcionarios de esa instancia aquí, pues no se ha creado la oficina en Venezuela, y eso crea cierto condicionamiento para permanecer en el país de manera que no hagan declaraciones que pudieran cuestionar la acción gubernamental. Y para las organizaciones de derechos humanos eso es muy grave, se lo hemos comunicado a la Alta Comisionada, que por mantenerse en el país no se puede dejar de hablar alto y claro, que es el mandato de toda instancia internacional de derechos humanos darle prioridad a la defensa y garantía de los derechos humanos donde se esté, no el mantenimiento de una oficina de cooperación técnica. Por otra parte, uno de los acuerdos a los que se llegó con la Oficina de la Alta Comisionada es que daría unas asesorías para las investigaciones de los casos con estándares de derechos humanos, entre ellos, por supuesto estaban los casos en los que se habían cometido violaciones graves y que seguían estancados. Sin embargo, la Fiscalía no ha avanzado en esta meta de investigaciones, sino que ha tomado algunos casos emblemáticos para dar la apariencia de que se hay investigación, seguimiento y que sea ha resarcido a las víctimas. Cuando viene un pronunciamiento de la CPI o de la Alta Comisionada de Naciones Unidas hacen un acto donde dan determinados resultados de casos muy emblemáticos, pero el resto queda paralizado y cuando pasan los informes nuevamente se paraliza la acción. Entonces, no hay voluntad política real y eso lo hemos advertido, la necesidad de solventar las falencias no solo del trabajo de investigación, de justicia, de que no haya impunidad, sino lo que respecta al hacer cotidiano, que se sigue reprimiendo y se siguen cometiendo abusos y violaciones.
Todo eso engrosa los expedientes y abre la posibilidad a que se inicien más investigaciones por violaciones a los derechos humanos
Absolutamente, nosotros pensábamos que la Oficina del Alto Comisionado podía servir como muro de contención frente a algunos de las graves violaciones a los derechos humanos, así como cada pronunciamiento del sistema de Naciones Unidas y sus relatores, pero lo que tenemos es un sistema cada vez más autoritario. Para nosotros ha representado una incógnita; con la llegada de Michelle Bachelet y su primer informe quedamos bastante satisfechos por lo que allí decía, porque era mucho del trabajo que se había realizado con víctimas. Nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos estábamos muy esperanzados de que con la presencia de oficiales aquí y con una cooperación responsable con una metodología clara en los estándares en derechos humanos se comenzaría un camino de garantías, de amplitud del espacio cívico; sin embargo eso no ha sido así y nos ha costado más porque aun cuando los informes siguen siendo bastante buenos, porque no se puede negar que se señalan casos que son reales, el cumplimiento del Estado a las recomendaciones no se está dando, no han sido asumidas con voluntad política, con voluntad institucional para garantizar en la práctica los derechos de los venezolanos.
La persecución también se ha agudizado en el ámbito político. Estamos en un año electoral y quienes están en el poder han convocado a factores de oposición a un diálogo, pero al tiempo está deteniendo a dirigentes de los partidos. ¿Qué lectura tiene de esto?
Esto es un proceso que tiene años en Venezuela en el que de alguna forma el gobierno se encarga de crear una oposición necesaria para simular que existe democracia en el país, que hay condiciones para un juego político sano, que hay diversidad en los factores políticos, pero al final se trata de partidos o personas que están vinculadas también al proyecto del gobierno; es decir, no son independientes, no son los que realmente tienen influencia en las bases de los partidos, y también se crean otras organizaciones políticas que son minoritarias y no son representativos de lo que la gente está demandando. En las pasadas elecciones el gobierno logró simular que hubo una participación de opositores, pero fueron personas que no son los referentes de los partidos ni los líderes reales de cada una de esas organizaciones políticas.
Para la sociedad civil la puerta para retomar la democracia y el Estado de Derecho tiene que ser pacífica y electoral; entonces, hay sectores que de alguna forma han venido trabajando, entre ellos organizaciones de la sociedad civil, para lograr un acuerdo que permita por lo menos las condiciones mínimas para ir a unas elecciones que sean creíbles, transparentes, con observación internacional, con estándares de derechos, y que la gente pueda ir verdaderamente a manifestar su voluntad sobre lo que quiere para que el país transite en un espacio donde todas las partes tengan voz y podamos comenzar a reestructurar un Estado que está siendo hegemónico para una fuerza política.
Pero por otro lado, no se ve la intencionalidad de lograr condiciones realmente transparentes, justas, creíbles, de igualdad, pluralidad y con estándares porque eso conllevaría a que pierdan, entonces ante eso la comunidad internacional y la sociedad civil presionan al Estado para que retome el camino de las garantías del derecho al sufragio en condiciones, y el Estado como parte de sus obligaciones internacionales dice ‘bueno, vamos a reunirnos y a tratar de ir a unas elecciones medianamente limpias, sobre todo porque son elecciones regionales y municipales, no son presidenciales’. Pero en ese acuerdo cuando se le pide la colaboración a otro Estado y a personas que pudieran mediar como árbitro independiente, y por otro lado la oposición, aun con su diversidad y su propia fragmentación, acude a ese diálogo se abre la posibilidad de lograr mejores condiciones, entonces el gobierno ve que no podrá controlarlo y que pudiera perder muchísimo poder en alcaldías y gobernaciones, entonces inicia la persecución y activa los mecanismos para boicotear la posibilidad de garantizar condiciones electorales que abran el tránsito hacia la democracia. Esa es una política de Estado. Aquí lo más importante es que la comunidad internacional tiene que ejercer un rol fundamental para que el Estado venezolano vaya a un diálogo real y también tiene que haber sectores de la oposición política partidista comprometidos con la transición a la democracia, con construir una política garante de derechos donde haya justicia sin impunidad, sin retaliaciones, que se haga memoria, que cambiemos y podamos comenzar un nuevo proceso entre todos dando la posibilidad de que el gobierno siga siendo una fuerza política.
Desde el Laboratorio de Paz, ¿qué recomendaciones hacen para que el Estado garantice plenamente el derecho al sufragio en procesos electorales en los que la población recupere la confianza?
La recomendación es que si el Estado venezolano tiene tantos condicionamientos tiene que haber una cooperación técnica internacional con las oficinas ad hoc y tiene que haber un esfuerzo porque el derecho al voto en Venezuela se logre acorde a los estándares, debe haber buena voluntad, no sirve que haya convenios de cooperación técnica con Naciones Unidas si no hay un cumplimiento real. Creemos que la comunidad internacional tiene que presionar más para que se logren mejores condiciones más allá de solo hacer sugerencias al Estado y por otro lado tiene que haber verdadera voluntad política.
En la medida que haya un cambio real, con autoridades confiables, con veedores internacionales que tengan la autoridad para garantizar que sí se van a lograr condiciones idóneas con base en los derechos electorales y que la propia sociedad civil participe y sea garante del proceso y pueda legitimar un evento que cumpla con esas condiciones la gente se va a animar a participar y va a ser muy significativo para la redemocratización. Pero si el Estado sigue persiguiendo a los opositores, restringiendo el paso a la sociedad civil, manteniendo una policía autoritaria cada vez más violadora de los derechos humanos y no se dan condiciones reales para que las elecciones sean legítimas, creíbles, y transparentes, la respuesta no va a ser lo que realmente se espera.
¿En qué está trabajando actualmente el Laboratorio de Paz?
Para nosotros una de las premisas del trabajo es la posibilidad de resolver conflictos a través de mecanismos de no violencia y de paz en espacios democráticos, la posibilidad de encontrar de forma pacífica, no violenta, el camino para retomar la democracia, que conlleve a la participación amplia y a la garantía de los derechos fundamentales, y por eso también nos enfocamos más en la comunidades vulnerables, en el acompañamiento a víctimas, la atención a pueblos indígenas. En este momento también estamos haciendo un esfuerzo común con las ONG Civilis y Provea en el mantenimiento y posibilidad de amplitud del espacio cívico, y eso tiene que ver con herramientas para defender derechos y con el acompañamiento a organizaciones, a defensores y defensoras de derechos humanos en el abordaje de la protección, el monitoreo de los estándares y la incidencia que haya que hacer.
En el tema ambiental tenemos una línea de trabajo con monitoreos e incidencias en cuanto al Arco Minero del Orinoco.
¿Cuáles serían algunos de esos mecanismos para afrontar el conflicto interno que vive Venezuela desde hace años de manera pacífica?
Nosotros creemos en la capacidad de resiliencia, para nosotros ese es un valor fundamental y el compromiso que se tiene con la sociedad con la que uno sueña, con la que uno cree, no se construye a futuro, se construye ahora, y esa construcción es con prácticas democráticas, con prácticas horizontales y garantes de derecho que generen pluralidad, no discriminación e igualdad, en eso todos como sociedad debemos avanzar. Entonces, para nosotros la posibilidad de aprender aún en los momentos más atroces y salir adelante con mecanismos que puedan demostrar el compromiso con la paz, con la democracia, con los derechos humanos es algo fundamental, y es en lo que hemos venido trabajando y tratando de implementar en cada uno de los espacios donde estamos. Es de las mejores armas que podemos tener como personas y como organización, guiados por los principios y valores éticos para el país y para la sociedad, y eso tiene que ser una práctica cotidiana. El diálogo es fundamental, el respeto por las opiniones diversas, la pluralidad es parte del accionar del planeta. Es necesario convertirlo en práctica habitual en la vida de cada uno.
