En las últimas semanas se ha ordenado la detención de varios dirigentes políticos de oposición, incluso de quienes habían sido indultados, en lo que constituye un recrudecimiento de los patrones de acoso y hostigamiento a factores que disienten con quienes detentan el poder. Ante estos hechos han surgido diversas expresiones ciudadanas que motivan el análisis.
La persecución política en el país y las consecuencias para la sociedad fue analizado por Marino Alvarado, coordinador de Investigación de la ONG Provea, en un foro chat realizado el 28 de julio de 2021 del cual compartimos su presentación y algunas de las preguntas de los participantes con las respuestas del invitado
¿La persecución política es una violación de derechos humanos?
¿Cómo se explica el recrudecimiento de la persecución a dirigentes políticos en medio de una “negociación” de cara a las elecciones de diciembre?
¿Las instancias internacionales que monitorean las violaciones de DDHH en Venezuela incluyen en su trabajo la persecución a dirigentes políticos y tiene efecto la presión que buscan ejercer?
¿Qué hacer para que la ciudadanía comprenda que perseguir, encarcelar y enjuiciar dirigentes políticos es una violación de DDHH y un delito de lesa humanidad, y rechace esos actos?
¿Qué debemos hacer como sociedad ante la persecución por motivos políticos?
Compartimos preguntas de los participantes con sus respectivas respuestas.
El régimen envía un mensaje cada vez que persigue y encarcela a quien se le ocurra reclamar sus derechos o disentir de su revolución, ¿cómo sensibilizar nuevamente a la población?
Para la mayoría está claro que Venezuela tiene un régimen represor, pero tal vez mucha gente no percibe cómo afecta la persecución a los dirigentes políticos más allá de a ellos mismos, a su familia y a sus partidos. ¿Hay una afectación a la sociedad, todos nosotros nos vemos afectados cuando persiguen o detienen a un político sea cual sea su bando o tendencia?
Usted menciona las instancias y mecanismos internacionales que están trabajando en el tema de Venezuela, pero aun así parece que esas presiones son insuficientes para detener la persecución. ¿Por qué cree que ocurre eso?
El gobierno criminaliza la denuncia y monta falsos positivos a defensores, evidencias de ello constan incluso en los informes de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU. ¿Qué nos falta hacer como sociedad y como organizaciones para que la comunidad internacional haga más que exhortar y sugerir a los Estados?
¿De qué manera las instancias internacionales protegen el trabajo de los defensores de derechos humanos y cuáles serían las estrategias para que al denunciar las violaciones no sean descalificados por su trabajo?
