La profundización del deterioro de la calidad de vida con servicios públicos cada vez más ineficientes, menos libertades y un indetenible declive económico sigue impulsando a venezolanos a emprender rutas migratorias en condiciones precarias pese a los riesgos y la pandemia. La especialista en derechos humanos, ex directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y actual coordinadora general en Alerta Venezuela –un equipo de análisis e incidencia internacional en DDHH– considera que el aprendizaje para migrantes y países receptores aún está en proceso
Transcurridos algunos años desde que se inició la migración forzada y masiva de venezolanos ¿han mejorado las condiciones para estas personas en los países de América Latina?
Dependiendo de las condiciones de las que hablemos. Las condiciones de acceso al territorio son peores porque exigir visa y poner en marcha más requisitos para ingresar, salvó Colombia y Brasil, todos los demás han impuesto nuevos requisitos, entonces en ese sentido, la situación de los migrantes es peor. Por otro lado, los países por fin ya entendieron que esto es un proceso que va para largo, algunos de entendieron que esto no es temporal, que no era cuestión de dos años y que por lo tanto hacen falta otro tipo de medidas a largo plazo y soluciones más duraderas, eso es positivo. Quizás lo más importante en esa materia es la decisión anunciada por el gobierno de Colombia del Estatuto Temporal para migrantes venezolanos que permite la regularización masiva.
Lo que han hecho los demás es algo inaceptable, pero es lo que está ocurriendo, una política de carácter migratorio basada en registros, lo que impone limitaciones para las personas que requieren protección como solicitantes de refugio y a quienes se les pone a escoger entre la posibilidad del refugio o sus derechos, es algo inaceptable. En general, lo que está pasando es que las condiciones de acceso son más difíciles, se están dando algunas políticas favorables a la regularización para los que ya están adentro de los países, aún está pendiente qué va a pasar con lo que siguen saliendo, porque la política de regularización es para los que ya están, y obviamente el flujo de venezolanos no va a parar.
Países como Perú, Ecuador y Chile han incumplido sus compromisos para permitir el ingreso de los venezolanos que se ven forzados a emigrar
Sí, en una Emergencia Humanitaria Compleja no le pueden cerrar el acceso a estas personas porque hay una obligación de protección, el refugio es un derecho y el tránsito también es un derecho. Entonces, la medida de cerrar las fronteras es muy negativa. Ciertamente, dos grandes problemas que tenemos son el cierre de frontera en el marco de la pandemia y que se ha reforzado la política de militarización de las fronteras justo en los países por donde más circula la población venezolana, que son Ecuador, Perú, incluso Colombia, que también lo hizo, y Chile. A eso se suman las expresiones de xenofobia que en algunos casos son impulsados por personas del Estado, del sector público, con influencia porque son voceros, alcaldes, gobernadores o hasta presidentes u otros altos oficiales del Estados, y además, todo ese tema de la xenofobia está muy relacionado con las deportaciones que en algunos casos son masivas y sistemáticas, como en el caso de Chile, y en menor medida también en México. En fin, es un panorama de la región que muestra que no hay coherencia entre el discurso sobre la migración proveniente de Venezuela y las medidas de contención a estas personas.
Hace años atrás se pensaba que los países tomaban estas decisiones porque no estaban preparados para las olas de migrantes, era una situación que los sobrepasaba, pero transcurridos unos años y con los recursos que han recibido para atender a estas poblaciones ¿por qué cree usted que los países toman estas decisiones?
Bueno, es un riesgo tratar de interpretar los motivos, lo que sí se puede decir claramente es que son decisiones que no responden a la protección que se le debe dar a estas personas, pues son contrarias a los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre este tema.
¿Ha sido escuchado el llamado de las organizaciones de derechos humanos para que los países den tratamiento de refugiados a estas personas y no solo sean tratadas como simples migrantes?
No, para nada. Por eso digo que el Estatuto Temporal de Protección que estableció Colombia es una excelente medida de regularización migratoria, pero todavía no contempla un enfoque de protección para solicitar refugio; me explico mejor, una vez que la persona tiene el Permiso Temporal de Protección –que es lo que se le expide después de que hace el registro para el Estatuto, ese registro está en proceso–tiene acceso a salud, puede trabajar legalmente, tienen acceso a educación y, en general, acceso a los derechos, pero eso no está contemplado para los solicitantes de refugio, pues para esas personas hay un salvoconducto que no les permite trabajar ni acceder a la seguridad social o acceder de manera muy restringida, y si la persona quiere tener acceso a todo eso tiene que renunciar a su condición de solicitante de refugio y acogerse al Estatuto. Entonces, por eso es que se está obligando a la persona solicitante de refugio a escoger entre la protección, que es lo que realmente necesita por su situación jurídica en Venezuela, y el acceso a derechos. Entonces, para nada se ha solucionado el problema. No hay un enfoque de protección y por lo tanto la persona sigue estando en esa disyuntiva.
Eso aun cuando la ONU oficializó la calificación de refugiados para los migrantes venezolanos y por ende su protección
Bueno, la decisión vino de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y lo que hicieron fue recomendar –porque es lo único que puede hacer– a los Estados que consideren a la población venezolana como refugiados de acuerdo con el concepto amplio de refugio, pero la decisión de adoptar viene de los Estados. Y en la práctica, salvo Brasil y en menor medida Paraguay, ningún otro Estado lo aplica.
¿Y la calificación que surgió también de ACNUR en 2019 que generó tanta polémica que asignaba a los migrantes venezolanos la categoría de “desplazados en el extranjero” ha tenido alguna repercusión, los Estados lo aplicaron?
Bueno, en la práctica está teniendo efecto, y en el informe que recién salió hace poco este año vuelve con esa calificación que no tiene ninguna base jurídica porque además ni siquiera lo explica, simplemente la dejan allí. El año pasado la aplicaron y fue algo muy infeliz porque decía que eran personas que debían tener acceso a servicios, cuando la definición original se refería a que son personas titulares de derecho, algo muy grave. Sin embargo, mantienen esa posición y eso también genera un mensaje ambiguo que resulta muy cómodo para los Estados porque por un lado, por ejemplo, reconocen a los solicitantes de refugio como personas que cumplen los requisitos de acuerdo con la definición ampliada de la Declaración de Cartagena y por otro lado dicen que hay unas personas que todavía ni siquiera califican y que eventualmente tendrían que tener el beneficio de amparo para acceder a servicios. Por eso las cifras que presenta ACNUR en el último informe son contradictorias, porque muestra cifras con la nueva calificación a la población venezolana cuando ya existía una calificación, lo grave es que se trata de un fenómeno internacional, me temo que se da en muchas partes del mundo, dando una calificación especial que confunde.
Pese a la cuarentena siguen saliendo venezolanos del país incluso de manera masiva y por pasos ilegales no solo por la frontera con Colombia, sino que recientemente vimos imágenes de venezolanos llegando a Estados Unidos cruzando ríos. ¿Qué análisis tiene de esto teniendo en cuenta que cada vez se agudizan las políticas migratorias, la contracción económica por el COVID-19 en todo el mundo y que aún persiste el virus?
Es una situación que impresiona pero no es nueva, el paso de población venezolana por nuevos pasos que conducen a Colombia y Estados Unidos en condiciones precarias ya se venía dando. Desde diciembre de 2019 y enero de 2020 advertimos que se estaban generando nuevas rutas. No se dio como pensábamos que iba a suceder por la pandemia que desaceleró ese proceso migratorio. Lo que pasa es que en la medida en que se intenta imponer más control sobre esos pasos surge un mercado paralelo y quienes ofrecen ayudar a cruzar a cambio de pago. Eso ya lo hemos visto mil veces, en la medida en que comenzaron a cerrar fronteras, a exigir pasaporte y a ponerse más severos con los controles aumentó el uso de los pasos ilegales para lograr la movilidad. Eso es algo que también hace tan horrible la experiencia migratoria, el surgimiento de traficantes de personas que se aprovechan de la necesidad de la gente y no les importa cobrarles cantidades importantes de dinero.
Recientemente, el secretario general de la ONU expresó preocupación por la creciente xenofobia y discriminación que sufren los venezolanos, pues les resulta más difícil acceder a la protección institucional. ¿Viniendo el llamado de la ONU, cree que habría interés de los países por enfocar sus esfuerzos a mejorar esta realidad cuando muchas veces la discriminación viene de funcionarios y actores políticos que ejercen cargos públicos?
Estamos hablando de la comisión de un delito por parte de funcionarios de alto rango, de presidentes para abajo, y lo más grave que tiene ese tipo de discurso es que no se quedan ahí, sino que baja hacia la población y ahí es donde tiene consecuencias. Recodemos, por ejemplo, la situación que se vivió en Ecuador cuando un venezolano mató a su pareja y el presidente Lenin Moreno dio un discurso de discriminación a la población venezolana. Siempre lo recuerdo y lo digo, ese mismo año hubo 95 casos de femicidio en Ecuador, pero Lenin Moreno no dijo nada respecto a los otros 94 casos y sí generó una reacción muy fuerte contra los venezolanos, pues incluso hubo intento de linchamientos y otras formas de agresión por causa de lo que dijo el Presidente y él nunca se retractó de eso.
También ha ocurrido en Colombia más recientemente con la alcaldesa de Bogotá, quien reincide además en sus discursos discriminatorios hacia los venezolanos. Casualmente esto ocurre en países con larga trayectoria migratoria de décadas, Ecuador, Colombia y ahora Perú, con la amenaza de expulsión de los migrantes en tiempo récord. ¿Cómo puede una sociedad ser inclusiva y tolerante con los migrantes si las autoridades no lo son?
Sigue siendo un proceso de aprendizaje para todos porque ni los venezolanos éramos migrantes, más bien éramos receptores, ni los países que están recibiendo a los venezolanos eran receptores, entonces no estaban preparados, ni unos para salir ni otros para recibir, por eso es tan importante que las autoridades lleven la voz cantante en esto, porque lo que ellos digan tiene consecuencias. Y lamentablemente lo que está ocurriendo es que vemos autoridades con discursos y dichos que no tienen ningún sustento en la realidad, pero sí tienen un impacto muy negativo que cuesta desmontar.
¿Opina que los recursos otorgados a los países para manejar la crisis migratoria venezolana han sido destinados de manera idónea a para las necesidades de estas personas? ¿Qué se debería mejorar?
Estamos hablando de cinco millones y medio de personas, la población de muchos países, por lo que no se puede pretender que haya una respuesta que cubra por completo las necesidades de todas esas personas cuando además están llegando a países donde la población local también tiene necesidades y han estado en situación de pandemia.
Las cosas hay que verlas en perspectiva y una de las formas de hacerlo es, primero, no generar expectativas, sino ver realmente cuál es la forma más inteligente de aprovechar los recursos, si se aprovechan como es, en políticas de largo plazo más que en kits de higiene, que aunque hace sentir bien a mucha gente en el fondo está atendiendo una situación coyuntural; como decía antes, la respuesta inmediata a la emergencia es necesaria pero no suficiente. Donde ha estado la falla de todos estos años es en que se pensó que la crisis venezolana sería de un par de años y luego estarían listos para volver a su casa. Ahora es que los Estados se están dando cuenta que es una situación larga y que por lo tanto hay que darle soluciones a largo plazo, no atender con pañitos agua tibia.
¿Cuál es su mayor preocupación en cuanto a la migración forzada de venezolanos?
Son muchas, primero el tema que siempre hemos señalado, la ausencia de un enfoque de derechos, se ve a la población venezolana como migrantes ordinarios cuando en realidad forman parte de una migración forzada por diversas situaciones que vive el país, esa es una gran preocupación. Y la segunda gran preocupación es que las respuestas que se están dando en cuanto a políticas tienen algo positivo en cuanto a la regularización, eso sin duda es un aspecto favorable, pero la regularización sin otras iniciativas destinadas a la integración no tiene mucho sentido, o sea, hay que caminar por ambos frentes de manera simultánea y eso todavía está incipiente; es decir, se están dando las respuestas pero no se articulan con políticas y estrategias de integración.
No bastan ciertas acciones si no se modifica la mentalidad y la estructura de las instituciones, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, en el caso de Colombia hay una cantidad de personas que desde hace años tienen un permiso especial de permanencia, pero con ese permiso no pueden acceder a contratar un servicio de internet, eso ocurre en un planeta donde durante un año y medio ha habido una eventualidad que tiene a la gente trabajando remoto, de pronto hay un emprendedor, consultor o un profesional que podría valerse por sí mismo si tuviera acceso a internet, pero no lo puede tener porque no tiene acceso a contratarlo y entonces depende del vecino, si es amigo, para conectarse allí. Parece algo tonto, pero no lo es. A eso me refiero cuando digo que deben impulsarse políticas de integración en las que participen por igual el sector público y el sector privado.
