El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 48 ataques e incidentes de seguridad durante mayo de 2021 en Venezuela. Los niveles de riesgo para la defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela continúan aumentando. La violencia de Estado es ejercida para limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis del país. El entorno para el ejercicio del derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos es más adverso con el pasar de los días. A medida que las agresiones y las amenazas recrudecen y aumentan y en tanto el entorno socio-político facilita que los actores responsables concreten los ataques, los niveles de riesgo para quienes desarrollan estas actividades incrementan.
El Estado aumenta sus esfuerzos por obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, bajo la lógica del enemigo interno, se persigue y se agrede, con la intención de inhibir a la sociedad civil de continuar su labor en virtud de la protección del derecho a una vida digna y de exigencia del debido cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Las amenazas de judicialización, investigación y detención amparadas en la aplicación de instrumentos normativos creados con el objeto de obstaculizar la defensa y exigencia de derechos y para propiciar la criminalización y control de las organizaciones se acrecientan, evidenciando que defender derechos humanos en Venezuela se constituye como una labor de riesgo.
